Nuevo movimiento del gobierno español en funciones con el caso de los ERE. El Ministerio de Justicia ha iniciado el trámite para conceder los indultos al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán , y otros excargos autonómicos del PSOE condenados por delitos continuados de prevaricación y malversación de fondos públicos en el caso de los ERE , según ha avanzado este lunes el diario ABC. La División de Derechos de Gracia y otros derechos ha enviado un oficio a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, que se encargó de dictar sentencia sobre el caso de los ERE el 19 de noviembre de 2019, para solicitar un informe sobre la petición de indulto de cada uno de los penados. En varias diligencias emitidas el pasado 28 de septiembre se solicita al tribunal enviar este informe sobre los condenados para «llevar a cabo la tramitación oportuna». Además, la resolución apunta a que se puede imponer un recurso de reposición en un plazo de 3 días después de la notificación. Fuentes del Ministerio de Justicia indicaron que el hecho de que el gobierno español esté en funciones no impide la tramitación de las peticiones de indulto, pero sí la concesión de éstos.
La ministra de Justicia en funciones, Pilar Llop, afirmó que el indulto de los condenados por el caso ERE de Griñán «se tramitan al igual que todos los indultos», en este sentido, defendió que se están siguiendo los cursos habituales. Sin embargo, reiteró que el indulto está «en fase de tramitación», y recordó que cuando existe un gobierno en funciones, no se pueden conceder indultos.
Solicitud de indultos parciales
José Antonio Griñán ha solicitado el indulto , pero aparte de él, también han solicitado indultos parciales para evitar cumplir su condena, el ex conseller socialista de Empleo, Antonio Fernández, con una pena de siete años, once meses y un día de cárcel; la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez, condenada a seis años y dos días de cárcel; el exconsejero socialista de Innovación Francisco Vallejo, condenado a siete años y un día de prisión; el exviceconsejero socialista de Empleo Agustín Barberá, condenado a siete años y un día de prisión; el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez, condenado a seis años de cárcel; y el ex director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano, condenado a una pena de seis años, seis meses y un día de prisión. El ex consejero socialista de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, condenado a siete años y un día de prisión, goza del tercer grado penitenciario por motivos sanitarios.
De concederse el indulto, permitiría salir a prisión a todos los acusados, menos a Griñán —condenado a 6 años— que de momento no ha ingresado en prisión. La Audiencia de Sevilla decidió suspender 5 años la pena impuesta para el expresidente andaluz a causa del cáncer de próstata que se le diagnosticó el pasado mes de diciembre. Para la decisión tuvieron en cuenta un informe de una especialista del Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla según el cual Griñán sufre «una enfermedad muy grave con sufrimientos incurables» que hace «desaconsejable su ingreso» en la cárcel; también contribuyó el pronunciamiento de la Fiscalía Anticorrupción,
La decisión del Tribunal Constitucional
El pasado mes de septiembre el Tribunal Constitucional rechazó por unanimidad las medidas cautelares solicitadas por siete de los condenados por suspender sus penas de prisión, a la vez que aprobó la renuncia de Griñán a esta medida cautelar. Un total de doce condenados por los ERE pidieron amparo al Constitucional, pero sólo ocho solicitaron la medida cautelar: Griñán, Juan Márquez, Miguel Ángel Serrano, Antonio Fernández, Francisco Vallejo, Jesús María Rodríguez, José Antonio Viera y Carmen Martínez. El TC ya rechazó el pasado mes de junio las medidas cautelarísimas planteadas por Griñán y los demás condenados, al tiempo que admitió a trámite sus recursos de amparo.
Además de Griñán y estos siete condenados, también acudieron al Constitucional el expresidente andaluz Manuel Chaves, que fue condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación; así como la ex ministra socialista Magdalena Álvarez, Gaspar Zarrias y Antonio Vicente Lozano. El TC explica en un comunicado que los magistrados aplican la «abundante jurisprudencia» del tribunal, al tratarse de «una pena de prisión netamente superior a los cinco años» , sin que las razones alegadas por los demandantes de amparo hagan desaparecer el calificado interés general que, en un caso como éste, presenta la ejecución de la resolución condenatoria firme».
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