Todo comenzó el 17 de enero de 2019, cuando en el marco de la campaña electoral para las elecciones generales Vox acudió al Auditorio de Zaragoza a dar un mitin y a propagar sus proclamas de odio xenófobas, racistas, anti LGBTI y de blanqueamiento del terrorismo machista. En el mitin participaron figuras como Santiago Abascal o José Antonio Ortega Lara.
Como repulsa a la violencia y al discurso de odio contra colectivos vulnerables por parte del partido ultra, el movimiento antifascista de la ciudad convocó una concentración en las proximidades del Auditorio, a la entrada del Parque Grande.
Con un gran despliegue policial rodeando por completo a los manifestantes, la concentración fue disuelta de manera extremadamente violenta por parte de la policía española, lo que llevó a los manifestantes a buscar refugio en el campus universitario de San Francisco, que fue sitiado por las fuerzas de orden público, disparando pelotas de goma desde una de las entradas del campus. La jornada concluyó varias horas después de la concentración con la detención aleatoria en bares de los alrededores de algunas personas, entre ellas los seis jóvenes condenados.
Al día siguiente fueron puestos a disposición judicial bajo la acusación de desórdenes públicos y atentado a la autoridad y lesiones. Los cuatro que eran mayores de edad en el momento de los hechos fueron condenados a seis años de prisión por la Audiencia de Zaragoza, pena que posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ( TSJA) elevaría a siete años añadiendo el delito de lesiones, delito del que habían sido absueltos en primera instancia. Asimismo se les impuso una multa de 20.516 euros. Por su parte, también se elevarían las condenas a los dos menores de 11.000 euros a 14.000 euros de multa y un año de libertad vigilada.
Cabe destacar que en todo este proceso la acusación no ha aportado ningún tipo de prueba gráfica que corrobore la versión policial de su autoría en los incidentes, y que el juez ni siquiera aceptó como pruebas las grabaciones de las cámaras de seguridad de la Universidad de Zaragoza en las que se demostraba su inocencia. Bastó con el testimonio de algunos policías, desestimado en un primer lugar por su falta de congruencia.
La sentencia del TSJA fue recurrida ante el Tribunal Supremo (TS) a la espera de la absolución por falta de pruebas y la imposibilidad de probar la culpabilidad de los acusados. No obstante, éste respondió la semana pasada con una sentencia firme sin posibilidad de recurso que da credibilidad al montaje policial-judicial y condena a cuatro años y nueve meses a cada uno de los cuatro antifascistas por “delitos agravados de desórdenes públicos y atentado” y “lesiones”.
“Se puede cometer la mayor injusticia del mundo si nuestros hijos van a la cárcel”
En el 2021 nace la Plataforma de Madres y Padres de los 6 de Zaragoza, compuesta por familiares de los jóvenes, que lleva desarrollando diversas iniciativas para reivindicar su inocencia: “Son inocentes porque no hay pruebas objetivas. Y no las hay, porque son inocentes”.
De este modo desde la Plataforma de Madres y Padres de los 6 de Zaragoza sólo ven como única alternativa para evitar la entrada en prisión el indulto del Gobierno estatal. Sostienen desde el inicio de la campaña por la absolución que: “Se puede cometer la mayor injusticia del mundo si nuestros hijos van a la cárcel”.
El antifascismo en el punto de mira
Pero la persecución de los movimientos sociales y del antifascismo no es una cuestión territorial, en absoluto. Ya que con una internacional ultraderechista cada vez más legitimada mediáticamente y con un goteo creciente de victorias electorales a nivel mundial, el antifascismo es una presa que abatir a nivel global. Buen ejemplo de ello lo simbolizó Donald Trump cuando tras las protestas por el asesinato policial de George Floyd, anunció en Twitter que Estados Unidos iba a “designar a los antifa como Organización Terrorista”.
En el Estado español tenemos multitud de casos a lo largo y ancho del territorio. El caso de Adri de Badalona, los sindicalistas Andrés Bódalo y Óscar Reina del SAT, el caso Raval vs Vox, los seis sindicalistas de Xixón, som 27 i més, los chavales de Altsasu, Gamonal, el rapero Pabló Hasél o La Insurgencia, etc. La lista cada vez es más larga. Todo ello englobado en una estrategia de blanqueamiento de la extrema derecha en la que los medios desempeñan un papel imprescindible, como estamos comprobando nuevamente en la actualidad con el blanqueamiento de Javier Milei y el encubrimiento del terrorismo sionista a través del circo mediático de Eurovisión, herramienta política que está permitiendo blanquear el genocidio de Israel en Palestina.
Y en este contexto reaccionario y con cierta izquierda a la defensiva e impregnada de las tesis neoliberales y reaccionarias, las ideas de extrema derecha siguen creciendo como la espuma y cada vez se recurre más al lawfare y a las cloacas del Estado para reprimir al antifascismo y a los colectivos sociales. Llegando incluso a infiltrar policías con identidades falsas en los propios movimientos sociales tal y como ha ido destapando La Directa, algo que no viene de ahora, pues es un modus operandi heredado del franquismo, y presente en toda la historia policial del Régimen del 78.
Y es que la impunidad con la que actúan los grupos de extrema derecha contrasta mucho con la absoluta represión que desde los aparatos estatales se hace al antifascismo. En una reciente entrevista para Arainfo, Alerta Solidaria nos explicaba que “desde el año 2017 un total de 210 personas en los Països Catalans han sido encausadas en procesos judiciales por causas antifascistas”.
En Aragón también conocemos bien los casos de represión ejemplarizante. Aún recordamos a los “Diez de Zaragoza”, los “8 de Yesa”, La Selba, Rodri, por citar los más recientes. Una política de lawfare que se sostiene gracias al apoyo institucional y que aunque haya casos que terminan en absolución, la condena empieza en el momento de la detención policial. Generando enormes problemas a quienes tienen que pasar por ese proceso: problemas mentales, dificultad para concentrarse en los estudios o el trabajo, insomnio, problemas laborales, etc.
Zaragoza, laboratorio de la extrema derecha
Concretamente en Zaragoza, campo de tiro y entrenamiento de las ideas de extrema derecha, venimos viviendo una escalada de ataques contra todo lo que pueda tener cierto carácter social, especialmente desde el bochornoso y represor mandato de Jorge Azcón hasta su heredera Natalia Chueca.
Nos referimos al desalojo del CSC Luis Buñuel, a la defensa del callejero franquista y los intentos de sacar al Che Guevara del mismo, los continuos ataques económicos al Consejo de la Juventud y la FABZ, la cesión de espacio público a organizaciones antiabortistas que promueven el acoso a mujeres frente a clínicas de interrupción del embarazo, las constantes amenazas de desalojo inminente del CSO Loira o el Kike Mur, el cierre unilateral de los centros de Préstamo y Servicio… Véase incluso la retirada de los bancos de la plaza de la Madalena a fin de dificultar la socialización en un barrio obrero y combativo, la censura de la portada de un disco de música, obra de Eva Cortés, donde aparecía una jotera meando en la calle, en homenaje a Ixo Rai! o la retirada del apoyo a la Fundación José Antonio Labordeta.
No hay duda de que el ataque que está sufriendo el antifascismo y las organizaciones populares en Zaragoza es uno de los más graves que ha habido en años y nos recuerda mucho a épocas muy oscuras de nuestra historia.
Una sentencia ejemplarizante: aviso a navegantes
En el caso de los seis de Zaragoza, tras conocerse la condena del Supremo se ha evidenciado de nuevo que lo que se ha juzgado ha sido el propio derecho de manifestación y libertades democráticas. Ya que desde el principio la farsa judicial sin pruebas incriminatorias perseguía el objetivo de disciplinar al movimiento antifascita mediante sentencias ejemplarizantes.
Esta manipulación política de la justicia busca el sometimiento del antifascismo y los movimientos sociales para conducir al inmovilismo desde el miedo y el amedrentamiento de la militancia social. Tal y como señala el comunicado ‘Libertad 6 de Zaragoza’: “El objetivo no es solo golpear a activistas y militantes, sino que estos casos sirvan como aviso a navegantes y así desmovilizar”.
Estas prácticas represoras, entre otras cosas, se sostienen en base a la conocida como “ley mordaza”, que cumple la única función de reprimir a los movimientos sociales, cuya derogación, prometida por “el gobierno más progresista de la historia”, todavía se hace esperar en su segunda legislatura.
Mientras tanto, la extrema derecha sigue beneficiándose de un marco jurídico que le ampara y el cual es defendido por los principales cargos del PSOE como el ministro de Interior Grande-Marlaska, pese a que en campaña digan lo contrario y saquen a pasear el espantapájaros de “que viene la extrema derecha”. Pero lo cierto es que los “nazis de corbata”, tal y como los denomina Marc Bray, nunca se fueron y forman parte de los principales aparatos políticos, económicos y mediáticos del sistema capitalista y sus ideas son cada vez más hegemónicas a nivel mundial.
Y en este sentido, lo que ha ocurrido con los seis de Zaragoza es un claro mensaje político por parte de unos jueces, como Carlos Lasala Albasini, uno de esos jueces que se acostó franquista y se levantó demócrata, que han decidido hacer saber a la gente que si a tu hijo, a tu hermano o a tu amiga se les ocurre manifestarse contra la violencia fascista, se lo piensen dos veces, ya que Vox y sus ideas no solo están en el parlamento, sino también en la judicatura y en los principales órganos de poder del Estado.
Movilizaciones en Zaragoza, Uesca y Madrid
En la tarde de este pasado lunes se convocaron desde la Plataforma Absolución 6 de Zaragoza tres concentraciones a modo de respuesta a la sentencia del TS, en Zaragoza, en Uesca y también en Madrid bajo el lema: “Manifestarse ante la extrema derecha no es un delito”.
En Zaragoza cientos de personas se reunieron en la plaza España para mostrar su rechazo a las condenas impuestas por el TS, exigiendo la absolución.
Lo mismo sucedió en la plaza Zaragoza de Uesca, donde los manifestantes mostraron su apoyo a los seis y en la plaza de las Cortes de Madrid, donde al grito de “libertad condenados por luchar” los manifestantes mostraron su solidaridad y reivindicaron el derecho de manifestación. Entre los asistentes se encontraba Francho Aijón, padre de uno de los condenados, quien leyó el manifiesto.
Peticiones de absolución y solidaridad con los seis de Zaragoza
Tras conocerse la sentencia del TS se ha producido una enorme ola de solidaridad con los seis a través de las redes sociales, donde múltiples organizaciones han mostrado su apoyo.
A los mensajes solidarios se han sumado partidos como Podemos, PCE, Izquierda Unida, Puyalón de Cuchas, CUP, Anticapitalistas, Alternatiba, sindicatos como CGT, SOA, OSTA, CNT, LAB, CCOO, y organizaciones de todo el Estado como la Coordinadora Antifascista de Valladolid, Sare Antifaxista, Purna, Vagas y Maleantes, Cso Kike Mur, Cso Loira, Solidaridad Antifascista, Al-Kadir Antifa, Alerta Solidària, AZGM, Contracorriente, el Colectivo de Madres contra la Represión, Chavs 71, Futuro Vegetal, UCFR, PAB, Liza, CAES, Rebeldía, PAH, Frente Blanquiazul 86, Juventud Comunista, Sindicato de Inquilinas, La Chispa, CTM, Abrir Brecha… entre muchos.
Recientemente el clásico grupo Soziedad Alkoholika se solidarizó con los seis vistiendo su camiseta y dedicándoles su canción “Tiempos Oscuros” durante el concierto que tuvo lugar el pasado viernes en Zaragoza.
Son numerosos los grupos y cantantes que ya han mostrado su solidaridad con los seis como Rigoberta Bandini, Tremenda Jauría, Nacho Vegas, Zoo, Reincidentes, Tribade, Samanta Hudson, Manu Chao, Los Chikos del Maíz, Lendakaris Muertos, Califato ¾, ¡Ixo Rai!, Kaos Urbano, Ladilla Rusa, Def con dos, Sho-Hai y Kase O, entre muchos otros.
También ha habido apoyo desde las instituciones. La diputada por Podemos Ione Belarra comenzó su intervención en el Congreso dedicándoles unas palabras de solidaridad, también lo hizo el diputado por Sumar Aragón Jorge Pueyo, del mismo modo, de vuelta a nuestro país, el diputado de Izquierda Unida Álvaro Sanz y la concejala de Zaragoza en Común Elena Tomás han mostrado su solidaridad. Desde la vecina Nafarroa, Bel Pozueta, diputada por EH Bildu y madre de uno de los represaliados por el caso de Altsasu, ha señalado la semejanza de ambos montajes, pidiendo la absolución para los seis. Se han sumado también Carlos Fernández, portavoz de Adelante Andalucía, el eurodiputado de Izquierda Unida Manuel Pineda, la exdiputada catalana por la CUP Eulàlia Reguant, o el secretario general del PCE Enrique Santiago, entre otros cargos electos.
Muchos de estos apoyos también se han recibido a través de la campaña de firmas impulsada por la Plataforma Absolución 6 de Zaragoza y que tras conocerse la sentencia del Supremo se ha vuelto a impulsar de nuevo. En él han firmado periodistas como Olga Rodríguez, Miquel Ramos o Dina Bousselham, profesionales del cine como Pepe Viyuela, Ana Arias o Alberto San Juan o la abogada y activista por los Derechos Humanos, Pastora Filigrana. El manifiesto ya supera las 3.300 firmas y se puede firmar a través del siguiente enlace.
Todo sobre la campaña por la absolución de los seis de Zaragoza.
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