El robo, perpetrado por las autoridades yanquis en cooperación con la República Dominicana, se ha llevado a cabo en este país. Al parecer, el gobierno de Estados Unidos determinó que su adquisición violaba las sanciones impuestas contra por ellos mismos contra Venezuela Bolivariana.
La aeronave presidencial permaneció en el país caribeño durante los últimos meses antes de que las autoridades estadounidenses procedieran a llevárselo al estado de Florida, territorio estadounidense. Hasta el momento no hay reacciones por parte del gobierno de Caracas.
En el robo han participado el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Comercio, la Oficina de Industria y Seguridad y el Departamento de Justicia.
Un funcionario ha expresado que “incautar el avión del jefe de estado extranjero es algo inaudito en asuntos penales. Estamos enviando un mensaje claro aquí de que nadie está por encima de la ley, nadie está por encima del alcance de las sanciones estadounidenses”.
Y esto lo ha dicho un funcionario del gobierno de un país (Estados Unidos) que desde su mismo nacimiento no ha hecho otra cosa que vulnerar las leyes internacionales.
