La política de seguridad del Ejecutivo ha sido cuestionada por organizaciones defensoras de derechos humanos, que advierten riesgos por la suspensión recurrente de garantías civiles.
Fernando Bastias, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), calificó de “irresponsable” el manejo gubernamental de la crisis y alertó sobre los peligros de una estrategia basada en “toque de queda, militarización y discursos vacíos”.
A estas críticas se suma la preocupación expresada recientemente por el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, debido a múltiples denuncias de desapariciones en el contexto de estados de excepción aplicados desde 2024.
