En días recientes, un cubano residente en Estados Unidos, procedente del sur de la Florida, arribó de forma ilegal a la costa norte de Matanzas, con el objetivo de llevar a cabo acciones violentas en nuestro país. Gracias a la denuncia oportuna y a la intervención de los órganos del Ministerio del Interior, se desarrolla en este momento una exhaustiva investigación que impidió la concreción de los planes desestabilizadores durante este fin de año.
Los resultados preliminares de la pesquisa arrojan que el terrorista llegó a territorio antillano en una moto acuática, con prestaciones que permiten su navegabilidad. Se ocupó armamento luego de su detención.
Desde la provincia de llegada se trasladó hasta de Cienfuegos, su territorio de origen, donde contactó con varias personas con el propósito de reclutarlas.
Durante el transcurso de la investigación saldrán a la luz los detalles de esta tentativa de ataque contra Cuba. Sin embargo, hay elementos que ya se pueden afirmar: los cubanos residentes en Estados Unidos, tienen vínculos con terroristas que radican en ese país y que promueven públicamente acciones violentas contra Cuba. Además, han recibido entrenamiento militar con armas, preparación física y recursos para ejecutar estos planes en territorio nacional.
Entre estas personas se encuentran los implicados, y entre ellos también, terroristas que han sido incluidos en la lista de personas sometidas a investigaciones penales, buscadas por las autoridades cubanas a partir de su implicación en la promoción, planificación, organización, financiamiento de actos de terrorismo contra Cuba.
Mientras millones de cubanos nos preparamos para el fin de año que se acerca, algunos en el exterior siguen apostando por la violencia y el terror, y unos pocos en Cuba, les siguen el juego. La denuncia popular, el descubrimiento temprano, la investigación profunda y la justa sentencia para los responsables será siempre el camino. La impunidad, jamás.
Aprueban en Cuba Lista Nacional de Terroristas
La Gaceta Oficial de la República de Cuba publicó hoy la Resolución 19/ 2023 del Ministerio del Interior, referida a la Lista Nacional de personas y entidades que han sido sometidas a investigaciones penales y se encuentran buscadas por las autoridades cubanas, a partir de su implicación en la promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión de actos materializados en el territorio nacional o en otros países.
La disposición normativa incluye a comisores de actos terroristas contra Cuba desde 1999 hasta la actualidad. Las causas jurídicas abiertas corresponden a la realización de agresiones contra hoteles y otros centros turísticos de La Habana, infiltración por las costas para ejecutar acciones violentas, atentados contra el Presidente de la República y otros funcionarios públicos, así como la promoción de maniobras militares contra la Mayor de las Antillas.
El listado señala, además, a responsables de incitar, organizar y financiar acciones que afectan el orden social en Cuba, mediante actos violentos contra funcionarios públicos y el normal funcionamiento de entidades.
Algunos de los terroristas citados en la publicación son Santiago Álvarez Fernández Magriñá, Ramón Saúl Sánchez Rizo, Ana Olema Hernández, William Cabrera González, Michel Naranjo Riverón y Eduardo Arias León.
También integran la lista Yamila Betancourt García, Alexander Otaola Casal, Orlando Gutiérrez Boronat, Eliecer Ávila, Liudmila Santiesteban Cruz, Manuel Milanés Pizonero, Alain Lambert Sánchez (Paparazzi cubano) y Jorge Ramón Batista Calero (Ultrack). Resalta la participación de estos en sabotajes y otras acciones punibles, por medio del reclutamiento de personas en el espacio digital.
Destaca la aparición en el documento de Alexander Alazo Baró, sujeto del Expediente Investigativo 27/2020, iniciado por el ataque con un arma de fuego a la embajada de Cuba en los Estados Unidos.
Los fundamentos legales de la medida se encuentran en la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, relativa a la prevención y enfrentamiento al terrorismo y su financiamiento; el Código Penal cubano; así como el Decreto-Ley 317 del Consejo de Estado y la Resolución 16 del Ministro del Interior, para la detección y enfrentamiento al lavado de activos, el financiamiento al terrorismo, la proliferación de armas y al movimiento de capitales ilícitos.
La ley entró en vigor hoy (9 de diciembre), a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.
(Razones de Cuba)