Cuba aprobó un nuevo marco jurídico para la industria del petróleo y el gas con el objetivo de atraer inversiones extranjeras, tecnologías y aumentar la producción de hidrocarburos.
El Decreto-Ley 135 amplía también las opciones de participación para actores económicos privados nacionales.
Incorpora además nuevas formas de contratación, como la concesión petrolera, que se suma a los contratos de producción compartida utilizados hasta ahora.
La normativa establece un proceso de calificación de empresas más flexible y busca ofrecer mayor seguridad jurídica a quienes deseen invertir.
Además, permite la participación en distintas etapas de la industria, desde la exploración y extracción hasta la refinación, el almacenamiento y la comercialización.
Determinadas infraestructuras estratégicas, como refinerías, pozos e instalaciones de almacenamiento, permanecerán bajo control estatal.
Según el director de Inversiones y Negocios de Petróleo y Gas del Ministerio de Energía y Minas, Pedro Abigantus León, la actualización busca adaptar la legislación a las condiciones actuales de la economía y crear mejores condiciones para captar recursos financieros, tecnológicos y materiales.
Por su parte, el director adjunto de la Unión Cuba-Petróleo, Irenaldo Pérez Cardoso, señaló que las nuevas normas ofrecen reglas más claras para los inversionistas.
También amplían las posibilidades de participación de empresas privadas nacionales y de asociaciones entre distintos actores económicos.
Algunas modalidades requieren normas complementarias para su aplicación, y todos los proyectos deberán cumplir los requisitos legales, técnicos y de seguridad establecidos.
La reforma llega en un momento en que Cuba necesita inversiones para recuperar y ampliar su industria energética.
