CRISTÓBAL GARCÍA VERA. La integración socialdemócrata del PCE narrada por «Mundo Obrero·

    Curiosamente, esta involución política puede seguirse con claridad desde las páginas de Mundo Obrero, órgano oficial del Partido Comunista de España. La lectura de sus editoriales, consignas y análisis publicados durante 1977 y 1978 nos permite reconstruir, casi semana a semana, el procedimiento mediante el cual la dirección eurocomunista del Partido fue justificando ante sus militantes cada una de las renuncias que conducirían a la plena integración del partido en lo que más tarde sería conocido como el Régimen del 78.

  No se trató de un giro proclamado abiertamente ni ejecutado de una sola vez. Fue un desplazamiento progresivo, realizado mediante una cuidadosa modificación del lenguaje político. Cada concesión era presentada como un avance; cada retroceso, como una demostración de responsabilidad; y cada aceptación de los límites impuestos por las élites franquistas, como un paso necesario hacia una democracia futura que nunca terminaba de llegar.

DE LAS ELECCIONES DE 1977 A LA ACEPTACIÓN DE LA MONARQUÍA

Antes de las elecciones del 15 de junio de 1977, Mundo Obrero presentaba la convocatoria como una oportunidad para transformar las nuevas Cortes en una auténtica «Asamblea constituyente». Formalmente, todavía no se aceptaba como definitivo el marco político heredado. Las elecciones debían servir para abrir un proceso democrático y permitir que la ciudadanía decidiera libremente la forma y el contenido del nuevo Estado.

El número 21, del 30 de mayo de 1977,  del mismo periódico afirmaba que el PCE acudía a las urnas con la voluntad de convertirlas en «un paso hacia la democracia auténtica y libre para los pueblos de España». Su objetivo declarado consistía en lograr que el Congreso actuara como una Asamblea constituyente y redactara una Constitución que garantizase las libertades políticas y sindicales, los derechos individuales, la independencia judicial y la autonomía de las nacionalidades.

La fórmula electoral resumía aquella promesa con absoluta claridad: «Votar comunista, votar democracia».

Sin embargo, apenas unos días después, el número 22, del 1 de junio, reclamaba ya un «pacto constitucional» en el que participaran todas las fuerzas políticas, «desde la derecha civilizada hasta los comunistas». En aquella expresión podía advertirse la orientación que acabaría presidiendo toda la estrategia del PCE: la democracia no sería conquistada mediante el desmantelamiento de las estructuras franquistas, sino negociada con los sectores del propio régimen dispuestos a aceptar una reforma limitada.

Después de las elecciones, esta orientación se hizo aún más explícita. El número 24, del 16 de junio de Mundo Obrero, aparecía ya con el titular «Ahora hay que construirla». Los comicios eran presentados como el comienzo de la democracia y la Constitución como su instrumento fundamental. El periódico sostenía que la tarea prioritaria de las nuevas Cortes debía ser la redacción de una Constitución democrática y llegaba a considerar como solución ideal la formación de «un Gobierno de amplia concentración, desde el Centro hasta los comunistas».

En apenas dos semanas se había producido un desplazamiento revelador. Primero se reclamó la participación de la llamada «derecha civilizada». Inmediatamente después, el PCE se mostraba dispuesto a compartir con ella la responsabilidad de gobernar. Lo que inicialmente había sido presentado como un proceso constituyente impulsado desde abajo comenzaba ahora a convertirse en un acuerdo entre las direcciones de las principales fuerzas políticas.

LA RUPTURA QUE «DEJÓ DE SER NECESARIA»

Uno de los documentos más reveladores apareció en el número 26, del 29 de junio de 1977. En sus páginas, Mundo Obrero reconocía abiertamente que el tránsito político se estaba realizando mediante un acuerdo entre la oposición y una parte del antiguo régimen:

«De una dictadura hemos ido pasando a la democracia. Y lo hemos hecho por la vía de la reconciliación, del pacto para la libertad […] entre la oposición democrática y los sectores reformistas desprendidos del régimen anterior».

El periódico admitía que no se había producido una «ruptura radical» como la vivida en Portugal. Sin embargo, sostenía que se estaba desarrollando una ruptura distinta, «más dilatada en el tiempo», pero «no menos real». La importancia de esta formulación resulta difícil de exagerar.

La renuncia a la ruptura democrática dejaba de ser presentada como una concesión impuesta por una determinada correlación de fuerzas. Ya no se decía: no hemos podido desmantelar las estructuras franquistas y nos hemos visto obligados a retroceder. Se afirmaba, por el contrario, que aquel acuerdo con sectores del régimen constituía por sí mismo otra forma de ruptura, gradual pero igualmente efectiva.

El lenguaje permitía así invertir el significado de lo que estaba sucediendo. La continuidad del aparato estatal se convertía en una modalidad particular del cambio; la negociación con los herederos políticos del franquismo, en una vía hacia la democracia; y la renuncia a disputar el poder, en una estrategia supuestamente más inteligente para transformarlo.

La consecuencia lógica de esta orientación apareció pocos meses después. En el número 38, del 22 de septiembre de 1977, Mundo Obrero reprodujo favorablemente una propuesta de Santiago Carrillo para constituir un Gobierno de coalición presidido por Adolfo Suárez, en el que estuvieran representadas fuerzas «desde Alianza hasta el PCE». Sus principales tareas serían aprobar la Constitución, abordar el problema de las nacionalidades y alcanzar un acuerdo económico.

La propuesta resultaba extraordinariamente significativa. Alianza Popular había sido fundada por antiguos ministros de Franco; Adolfo Suárez había ocupado la Secretaría General del Movimiento; y Juan Carlos de Borbón había sido designado sucesor por el propio dictador. Pese a ello, la dirección del PCE ya no consideraba a estas fuerzas e instituciones como componentes del aparato político que debía ser desplazado, sino como interlocutores legítimos con los que construir el nuevo Estado.

No era únicamente una adaptación táctica a la existencia de esas instituciones. Se trataba de reconocerlas como protagonistas legítimas del propio proceso y de atribuirles, junto al  PCE, la responsabilidad de establecer los fundamentos del nuevo régimen.

LOS «PACTOS DE LA MONCLOA» Y LA SUBORDINACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Esta orientación tuvo su correspondiente traducción económica. En febrero de 1978, el número 5 de Mundo Obrero calificaba la firma de los Pactos de la Moncloa como una «gran prueba de madurez» de los partidos de izquierda y de las centrales sindicales. Según el periódico, el acuerdo debía contribuir a la «recuperación económica y la consolidación democrática».

El PCE denunció posteriormente que el Gobierno aplicaba las medidas restrictivas del acuerdo mientras relegaba las reformas prometidas. Pero no cuestionó su lógica fundamental: contener las reivindicaciones salariales, moderar la conflictividad laboral y subordinar la movilización de la clase trabajadora a las necesidades de estabilización de la economía capitalista.

La crisis fue presentada como un problema general ante el que todas las clases sociales debían realizar sacrificios semejantes. De ese modo se ocultaba que trabajadores y empresarios no afrontaban la situación desde posiciones equivalentes ni poseían la misma responsabilidad en su origen. La defensa de los salarios y de las condiciones de vida comenzó a describirse como una amenaza para la recuperación económica y la estabilidad política, mientras la renuncia obrera era elevada a la categoría de virtud democrática.

El Partido que había organizado durante décadas a la clase trabajadora para defender sus propios intereses pasaba ahora a pedirle moderación en nombre del «interés general». Pero ese supuesto interés común no era neutral: exigía que los trabajadores aceptaran una pérdida de capacidad adquisitiva para facilitar la recuperación de la rentabilidad empresarial y garantizar la estabilidad del nuevo régimen.

LA REPÚBLICA SACRIFICADA EN NOMBRE DEL CONSENSO

Finalmente llegó la aceptación de la Monarquía. El número 6 de Mundo Obrero, publicado el 15 de febrero de 1978, informaba ya sin sonrojo de que el PCE, el PNV y la minoría catalana aceptaban la definición de España como «monarquía parlamentaria».

La República, defendida históricamente por los comunistas y vinculada a la memoria de centenares de miles de militantes asesinados, encarcelados, represaliados o forzados al exilio, desaparecía de la batalla constitucional. No era sometida al pronunciamiento de la ciudadanía ni defendida como una alternativa ante el nuevo régimen. Simplemente fue sacrificada para facilitar el consenso con las fuerzas que necesitaban legitimar la Corona instaurada por Franco.

En noviembre, ante el referéndum constitucional, Mundo Obrero reclamaba abiertamente el voto afirmativo. La Constitución era presentada en su número del 21 de noviembre como una suerte de gran pacto de convivencia, capaz de abrir un futuro de libertad y democracia mediante sus 169 artículos.

El desplazamiento político se había completado. De exigir unas Cortes verdaderamente constituyentes se había pasado a legitimar una Constitución elaborada bajo la presión de los poderes heredados, que convertía en definitiva la Monarquía procedente del franquismo. El pueblo no pudo elegir entre República y Monarquía: únicamente se le permitió aceptar o rechazar en bloque un texto en el que la Corona ya aparecía incorporada como un hecho consumado.

La dirección del PCE presentó ese desenlace como la culminación de la lucha democrática. Pero, en realidad, la Constitución no fue el resultado de una ruptura con el Estado franquista, sino el instrumento jurídico que permitió reorganizarlo y dotarlo de una nueva legitimidad parlamentaria.

LA ESENCIA DEL FRAUDE REFORMISTA

Quienes todavía defienden la actuación del PCE durante la llamada «Transición a la democracia» suelen recurrir a un argumento aparentemente incontestable: en España no existían las condiciones necesarias para imponer una ruptura democrática. Cualquier alternativa diferente, aseguran, habría sido una expresión de «idealismo», «aventurerismo» o «infantilismo de izquierdas».

Esta justificación incurre en una primera falsificación: presenta la Transición como si se hubiera desarrollado en un terreno neutral, determinado exclusivamente por la correlación espontánea de las fuerzas políticas españolas. Sin embargo,la documentación desclasificada nos permite saber hoy que aquel proceso estuvo condicionado desde el exterior y que determinadas fuerzas, dirigentes y equipos habían sido seleccionados, financiados, promovidos o cooptados para encauzar la crisis de la dictadura hacia una salida pactada.

   Joan E. Garcés describió ese posfranquismo como un proceso protagonizado por

«equipos cooptados con criterio empresarial, algunos de ellos amparados por siglas históricas, que aparecieron ante una ciudadanía privada durante cuarenta años de organizaciones y derechos políticos».

En ese marco, la orientación eurocomunista de la dirección del PCE no fue un elemento secundario. Facilitó su incorporación a una operación dirigida a modernizar las formas políticas del Estado sin alterar los principales fundamentos sociales y económicos heredados de la dictadura.

La apelación a las «condiciones adversas», a la «correlación de fuerzas» y al omnipresente «ruido de sables» ha servido desde entonces para justificar retrospectivamente cada una de las concesiones realizadas. Según este relato, cualquier política diferente habría provocado una intervención militar y destruido las libertades que acababan de conquistarse.

Es indudable que existía un poderoso núcleo inmovilista —el llamado búnker—, que los aparatos militares y policiales permanecían prácticamente intactos y que buena parte de la oficialidad continuaba identificándose con el franquismo. La violencia de la extrema derecha, la represión policial y las conspiraciones militares tampoco fueron invenciones destinadas a justificar retrospectivamente una determinada interpretación de los hechos. Constituían amenazas reales.

Pero reconocer la existencia de esas amenazas no obliga a aceptar el uso político que se hizo de ellas. Quienes dirigían la Transición desde el aparato del Estado no podían permitirse fácilmente un simple regreso a la dictadura. Su objetivo consistía en proporcionar una nueva legitimidad al orden social heredado, homologar urgentemente a España como una democracia parlamentaria occidental, facilitar su incorporación a la Comunidad Económica Europea y asegurar su integración definitiva en las estructuras estratégicas del bloque occidental. Una restauración abierta del fascismo habría comprometido todos esos objetivos.

El miedo al golpe actuó, por tanto, como una poderosa herramienta disciplinaria. Permitió limitar las aspiraciones populares, desactivar las movilizaciones y presentar cualquier exigencia de ruptura como una irresponsabilidad capaz de provocar el retorno de los militares. La amenaza existía, pero también fue utilizada para estrechar artificialmente el campo de lo posible.

UNA CONCESIÓN TÁCTICA NO PUEDE CONVERTIRSE EN PRINCIPIO

Incluso admitiendo que la correlación de fuerzas hubiera impuesto un repliegue táctico, este nunca habría justificado el abandono de los principios políticos fundamentales de una organización que se proclamaba comunista.

Un partido revolucionario puede verse obligado a retroceder, negociar, realizar concesiones, suscribir compromisos provisionales o intervenir en instituciones creadas por la clase dominante. La política revolucionaria no consiste en ignorar las relaciones de fuerzas ni en repetir consignas al margen de las condiciones concretas. Pero la primera obligación de una organización que pretenda transformar la sociedad es llamar a las cosas por su nombre, conservar su independencia de clase y no presentar una derrota circunstancial como si fuera una victoria estratégica.

La dirección del  PCE hizo exactamente lo contrario. Reconoció que no se había producido una «ruptura radical», pero afirmó que se estaba desarrollando otra ruptura, «más dilatada en el tiempo» y «no menos real». De esta manera, la renuncia dejaba de ser reconocida como tal. El retroceso se convertía retóricamente en avance; el pacto con los reformistas del franquismo, en una forma superior de ruptura; y la integración en las instituciones heredadas, en el comienzo de su supuesta transformación.

La cuestión decisiva no era, por tanto, si el PCE debía o no concurrir a las elecciones, negociar acuerdos concretos o aceptar determinados compromisos impuestos por una correlación de fuerzas desfavorable. El problema residía en que cada una de aquellas concesiones fue presentada como parte de una estrategia que conduciría gradualmente al socialismo, cuando en realidad estaba integrando al partido en la gestión política del capitalismo español. Ahí se encontraba el fraude esencial del eurocomunismo.

CUANDO LOS MEDIOS SE CONVIRTIERON EN EL ÚNICO FIN

El fraude ideológico no consistió en defender unas libertades políticas que, aunque limitadas, representaban una conquista frente a la dictadura. Tampoco en presentarse a las elecciones ni en reconocer que una ofensiva socialista inmediata podía encontrarse fuera del alcance de la clase trabajadora. Consistió en presentar una política de adaptación al capitalismo como una estrategia destinada a superarlo.

Lo que podía explicarse como un repliegue táctico se volvió falso cuando fue elevado a la categoría de vía gradual hacia el socialismo. Desde ese momento, la actuación dentro de las instituciones pasó a ocuparlo todo, mientras la transformación social era desplazada hacia un horizonte cada vez más lejano, impreciso e inalcanzable.

La obtención de diputados, la negociación parlamentaria, el reconocimiento institucional, la participación en los consensos del Estado y la carrera profesional de los dirigentes se convirtieron progresivamente en los objetivos reales de la organización. El socialismo sobrevivió durante algún tiempo en los estatutos, en los discursos ceremoniales y en la memoria de la militancia, pero dejó de determinar la práctica política cotidiana del PCE.

Poco quedaba ya, al final de aquel proceso, de la organización heroica por la que tantos militantes habían arriesgado la libertad y la vida durante el franquismo. La fuerza que había encarnado para miles de trabajadores y trabajadoras la posibilidad de conquistar una sociedad radicalmente distinta terminó desempeñando un papel imprescindible en la legitimación del régimen que clausuraba esa posibilidad.

Esta lógica no desapareció con la Transición. Ha continuado reproduciéndose, bajo diferentes siglas y con lenguajes adaptados a cada época, en buena parte de la izquierda institucional surgida de aquella tradición. El PCE, Izquierda Unida y, posteriormente, espacios como Unidas Podemos o Sumar han seguido justificando su subordinación a los límites del Estado y de la economía capitalista mediante un argumento semejante: participar en la administración de lo existente sería la única manera realista de transformarlo.

Sin embargo, la experiencia demuestra una y otra vez el resultado de esa estrategia. Las instituciones no son conquistadas por quienes abandonan su proyecto para incorporarse a ellas. Son esas fuerzas las que terminan siendo absorbidas, disciplinadas y transformadas por la lógica institucional. Lo que comienza como una presencia presuntamente destinada a cambiar el poder concluye con una participación subordinada en su ejercicio.

La tragedia histórica del PCE no consistió simplemente en haber perdido votos, militantes o influencia sindical. Consistió en haber utilizado el inmenso prestigio conquistado por generaciones de comunistas para legitimar un orden político que preservaba la monarquía, la estructura económica capitalista y los principales aparatos del Estado heredado.

En nombre del realismo se renunció a transformar la realidad; en nombre de la táctica se abandonó la estrategia; y en nombre del socialismo se terminó aceptando como único horizonte posible la administración del sistema capitalista. Cincuenta años después, aquella renuncia continúa marcando el rumbo de unas organizaciones que, bajo estos parámetros, tienen muy poco que ofrecer a las clases trabajadoras del Estado español.