Los condenó la Audiencia Provincial de Cáceres (Extremadura). Sucedió la pasada semana. Las personas condenadas sólo pretendían cobrar una deuda de 20.000 que los empleadores no les saldaban, por lo que retuvieron a los empleadores.
Los acusados fueron trasladados desde el centro penitenciario de Cáceres para el juicio, enfrentando cargos de “detención ilegal”, “robo con violencia en grado de tentativa” y “lesiones”. Pero el juicio no llegó a celebrarse, ya que las partes llegaron a un acuerdo antes de la vista.
La acusación les amenazó pedir penas de hasta 19 años de prisión, por lo que los condenados terminaron aceptando una pena de siete años, que incluye cuatro por dos delitos de “detención ilegal”, dos por “robo con violencia” y un año por “lesiones”. También deberán pagar una indemnización de 5.000 euros para cada moroso.
Todo sucedió el año pasado. Los cinco trabajadores que trabajaron en la finca de los denunciantes se dirigieron a estos para reclamar los salarios pendientes. Al no responder a sus demandas de manera satisfactoria, los acusados obligaron a los propietarios a subir a una furgoneta con la intención de llevarlos a un banco para cobrar el dinero. Pero, al parecer por un problema técnico, no lograron efectuar el pago. Los empleados, entre los que se encontraba un padre y su hijo, solicitaron regresar a la finca para conseguir otra tarjeta, momento en el que fueron interceptados por la Guardia Civil.
Para la (in)Justicia española es delito intentar cobrar lo que se ha ganado; no pagar lo que se debe, cuando el moroso pertenece a la clase explotadora, parece no importarles gran cosa.
