El Día de la Independencia del año pasado, varios manifestantes fueron arrestados tras una protesta que se tornó violenta frente al Centro de Detención de Prairieland del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El martes, casi un año después, ocho personas recibieron sentencia de un juez federal en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Texas: un total de 450 años de prisión. Los acusados, a quienes los fiscales federales acusaron de formar parte de una «célula Antifa» y de brindar «apoyo material a terroristas», fueron declarados culpables a principios de este año de cargos que iban desde disturbios hasta intento de asesinato.
«Las sentencias dictadas hoy dejan claro que los terroristas de Antifa que atacan a las fuerzas del orden y a las instalaciones federales se enfrentarán a una justicia rápida e implacable», declaró el fiscal general interino Todd Blanche en un comunicado . Sin embargo, los críticos advierten que los enjuiciamientos y las duras sentencias podrían disuadir las actividades protegidas por la Primera Enmienda.
Quizás el caso más escalofriante sea el de Daniel Rolando Sánchez-Estrada, quien recibió una condena de 30 años de prisión federal por transportar una caja de folletos y fanzines protegidos por la Constitución.
Sánchez-Estrada no estuvo presente la noche del 4 de julio de 2025, cuando un grupo de manifestantes llegó al Centro de Detención de Prairieland, en las afueras de Dallas, para lanzar fuegos artificiales y mostrar su solidaridad con los inmigrantes detenidos. Su esposa, Maricela Rueda, sí estuvo presente y fue arrestada posteriormente tras los disturbios. Según la denuncia penal, Rueda llamó más tarde a Sánchez-Estrada desde la cárcel del condado de Johnston y le dijo que hiciera «lo que fuera necesario» y que «desplazara lo que fuera necesario en la casa « .
Tras la llamada de Rueda, los agentes observaron a Sánchez-Estrada cargar y trasladar una caja de su casa a otra residencia, la cual contenía «numerosos materiales de Antifa, como documentos de planificación de insurrecciones, contra las fuerzas del orden, el gobierno y las leyes de inmigración», según su acusación . A pesar de que estos materiales estaban plenamente protegidos por la Primera Enmienda, Sánchez-Estrada fue arrestado, acusado y condenado por ocultación fraudulenta de documentos y conspiración para ocultar documentos. Posteriormente, presentó una moción para anular su condena.
«El castigo debe ser proporcional a los delitos, no a los titulares, ni a la política, ni a los temores que se han sembrado en torno a este caso», dijo Christopher Weinbel, abogado defensor de Sánchez-Estrada, al juez federal durante la audiencia de sentencia, argumentando que una condena larga ridiculizaría el sistema de justicia, según informa The Intercept .
Los siete acusados restantes recibieron condenas de al menos 50 años de prisión por sus delitos, entre ellos disturbios, apoyo material a terroristas y conspiración para usar y transportar explosivos (fuegos artificiales). Rueda recibió 70 años por su participación en la manifestación y por conspiración para ocultar documentos. Benjamin Hill Song, el único acusado de disparar contra un agente de policía, recibió 100 años de prisión.
Durante la audiencia de sentencia, uno de los jueces que presidía el tribunal, el juez de distrito estadounidense Reed O’Connor, calificó la manifestación de Priarieland como «un ataque a la democracia», e hizo hincapié en que «es fundamental disuadir este tipo de conducta», según la Associated Press.
Sin embargo, expertos legales advierten que estas duras condenas buscan disuadir a los manifestantes de izquierda. «Esto debería preocupar a todos en el país», declaró Xavier de Janon, director de defensa colectiva del Gremio Nacional de Abogados, a The Guardian . «Este precedente podría resultar en que personas sean acusadas de terrorismo por realizar activismo convencional muy sencillo».
Ciertamente, se cometieron delitos la noche de la manifestación en Prairieland: no solo se vandalizó y destruyó propiedad federal, sino que un agente resultó herido de bala. Los culpables de estos delitos deben rendir cuentas. Sin embargo, poseer documentos o ideología «antigubernamentales» no es ilegal. Y al tratarlo como tal, la administración Trump es tan culpable de socavar el estado de derecho como los manifestantes a quienes pretende castigar.
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