No es la primera vez que el régimen aprovecha la necesidad (obviamente contra su voluntad) de ceder sólo un poco, casi nada, para favorecer, a la vez, a sus siervos uniformados. En torno al 1-O es lo que ha sucedido con la tan cacareada amnistía.
Aunque también se beneficie otras personas, fundamentalmente, los gobernantes accedieron a dicha amnistía porque necesitaban el apoyo en el Congreso de ERC y Junts, cuyos dirigentes han sido beneficiados por la misma.
Pero, como ya sabíamos, en el mismo paquete ha llegado la amnistía, también, para los cuarenta y seis agentes de la policía española procesados por las agresiones a los votantes del Primero de Octubre. El titular del juzgado de instrucción 7 de Barcelona, Francesc Miralles, ha extinguido su responsabilidad penal al considerar que estas agresiones son amparadas por la ley de amnistía, que recoge las acciones policiales que no constituyan torturas o tratos degradantes y que no hayan superado un umbral mínimo de gravedad. Esta, por supuesto, la miden ellos a su medida y semejanza.
