Los imputados se incluyen en el Caso 03 o Falsos Positivos, en el cual efectivos de inteligencia y contrainteligencia realizaron ejecuciones extrajudiciales.
Más de una veintena de miembros del Ejército de Colombia, un funcionario del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y dos civiles confesaron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su responsabilidad en el asesinato y desaparición de 303 personas inocentes presentadas como bajas guerrilleras en combate, casos conocidos como falsos positivos.
La JEP determinó que «los 22 máximos responsables y dos partícipes no determinantes» procesados en el subcaso Casanare debían pasar del reconocimiento escrito a una sesión pública donde reconozcan frente a la justicia, los familiares de las víctimas y la sociedad los crímenes cometidos como falsos positivos.
Los exmilitares, el funcionario y los dos civiles fueron procesados por la JEP en julio de 2022 a través de la Comisión de Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad por la ejecución de 303 personas en 218 acciones ocurridas en los departamentos de Casanare, Boyacá, Meta y Arauca, entre 2005 y 2008, durante el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe.
Los imputados se incluyen en el Caso 03 o Falsos Positivos, en el cual efectivos de inteligencia y contrainteligencia realizaron ejecuciones extrajudiciales para presentar a personas inocentes como guerrilleros caídos en combate. De los acusados, dos oficiales no aceptaron los cargos y serán procesados por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA).
Los procesados participarán en la Audiencia de Reconocimiento de la Verdad, el 18 y 19 de septiembre, en Yopal, departamento de Casanare.
Entre los citados como autores mediatos, están el mayor general Henry William Torres Escalante, el mayor Gustavo Enrique Soto Bracamonte y el teniente coronel Henry Hernán Acosta Pardo, todos en condición de retiro.
Según declaró la JEP “Los 24 responsables reconocerán los crímenes de guerra y de lesa humanidad imputados. Además, se referirán a los daños causados a las víctimas, así como a la organización criminal que se implantó en la Brigada XVI entre 2005 y 2008”.
Los acusados enfrentarán cargos por crímenes de guerra, homicidio en persona protegida y de lesa humanidad, asesinato y desaparición forzada.
Además, algunos de ellos son asimismo responsables de crímenes de guerra en la utilización de niños, niñas y adolescentes para participar en las hostilidades, y de lesa humanidad de persecución por razones de género.
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