Mi hijo trabaja en la hostelería. Tiene 26 años, estudió dos Ciclos superiores, echó curriculums durante unos meses… pero al no salirle nada se metió con un vecino a trabajar en la construcción. Así estuvo casi dos años hasta que decidió irse, como tantos jóvenes, a trabajar en un bar en el centro de la ciudad. No voy a comentar las 10 horas aproximadas que trabajó al día, ni las veces que ni siquiera pudo comer en el establecimiento porque «hay mucho trabajo que sacar, y ya se comerá algo luego» al decir de su jefe. Un individuo con dos bares y una cafetería en un radio de un kilómetro.
Hasta ahí todo más o menos conocido. Lo picante empieza luego. El salario acordado fue el mínimo, su jefe le repitió varias veces que el gobierno iba a aumentarlo pero que… de lo firmado y entregado debería mi hijo devolverle 150 euros como ayuda para pagar la Seguridad Social. ¿Cómo? Como suena, una verdadera provocación. El patrón paga al mínimo pero luego le cobra al empleado en efectivo para la SS.
Todo el mundo pensará que, evidentemente, hay que denunciar esta barbaridad, a Inspección de Trabajo, a sindicatos, en las redes sociales o en la prensa, pero los cuatro compañeros le pidieron por favor que no, que hasta que no encontraran otra cosa, que no lo hiciera. Al cabo de tres meses mi hijo se fue de la empresa. No ha vuelto por allí a preguntar si todo sigue igual. Imagina que sí.
