El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha informado que la comitiva judicial ha acordado «aplazar el lanzamiento debido a la imposibilidad de llevarlo a cabo en condiciones de seguridad». El objetivo era desalojar a un hombre que lleva más de veinte años viviendo allí y que ha visto cómo la propiedad del bloque, un fondo de inversión, no les ha renovado el contrato para hacer pisos turísticos de lujo. Este desalojo, del primer vecino que se encuentra en esta situación en este bloque en el centro de Barcelona,
Casa Orsola es un caso paradigmático de un problema generalizado que afecta a los barrios de Barcelona y de muchas otras ciudades: la expulsión de vecinos y vecinas para subir los precios a través de alquileres temporales. La propiedad del edificio, Lioness Inversiones —un fondo de inversión que tributa solo el 1%—, pretende echar a los inquilinos para convertir las viviendas en alquileres temporales al triple de precio: de 700-900 € a 2.100-2.800 € mensuales. Esta estrategia forma parte de una lógica especulativa que prioriza el beneficio económico por encima del derecho a la vivienda.
La comunidad de Casa Orsola no ha dejado de luchar desde que Lioness Inversiones adquirió el edificio en 2020. Con el apoyo del vecindario, el Sindicat de Llogateres y un amplio tejido social y cultural, han organizado manifestaciones, protestas y acciones públicas que han puesto el foco en la urgencia de regular los precios del alquiler, prohibir los alquileres temporales y garantizar contratos indefinidos para evitar más expulsiones.