En Chile hay unos 350 militares, gendarmes, civiles y militares, que cumplen condena por crímenes cometidos durante los 17 años de Pinochet, y otros 42 por la represión de la revuelta de 2019.
La tarde de ayer, integrantes de las organizaciones de familiares de Detenidos Desaparecidos y de Ejecutados Políticos, convocaron a una manifestación y marcharon por la principal avenida de la capital, en repudio a las intenciones confesas del ministro Rabat.
El presidnete Kast ha dicho que hará uso “caso a caso” de la prerrogativa, por razones humanitarias para reos de edad avanzada o sin conciencia, argumentando que nadie merece morir en la cárcel.
Respecto de policías condenados por delitos de derechos humanos durante el 18-O, Kast declaró que “Chile vivió un momento de violencia extrema que terminó con algunas personas indemnizadas por daños físicos y otras presas porque cumplieron con su deber, mandatado por el Estado”.
La puesta en libertad de estos personajes ya fue anunicada antes de las elecciones.
