Héctor Llaitul Carrillanca, autoridad principal mapuche, en concreto de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), fue condenado por un tribunal chileno a 23 años de prisión por delitos comunes -hurto de madera, amenaza a la autoridad -y contra la seguridad del Estado (atentado a mano armada e incitación contra el orden público), al decir de la «justicia» chilena.
El Ministerio Público, afín al gobierno progre de Boric, había reclamado de 25 años de prisión.
El Tribunal Oral de Temuco, , le negó además cualquier beneficio carcelario al dictar que “no reuniéndose respecto al sentenciado de los requisitos establecidos de la ley 18.216, no se le concede ninguna de las penas sustitutivas previstas en dicho puesto, debiendo cumplir de manera efectiva las penas privativas libertad en orden sucesivo, principiando por la más grave, la que se contará a partir del 25 de agosto de 2022″.
Antes de anunciarse la pena, Llaitul dijo a voz alzada ante el tribunal que “seguramente esta será una condena en donde yo reciba toda la fuerza del Estado por este mismo choque de cultura, de que no nos podemos entender y que va a existir un conflicto permanente”, auguró.
“Tiene que ver con esta imposibilidad de entendimiento entre lo que es la causa mapuche, porque se trata de un pueblo en movimiento por sus derechos fundamentales, y el Estado chileno”, agregó.
Previo a la comunicación de la sentencia, el gobierno del presidente Gabriel Boric, que desde marzo de 2022 prorrogó un régimen de excepción constitucional que militariza la “macrozona sur, -donde operan unos cinco grupos insurgentes mapuche-, anunció que ha propósito de la sentencia del Llaitul, ordenó al ejército un despliegue mayor en prevención de reacciones al fallo.
La Agencia española EFE lo entrevistó hace dos años: