En abril de 2026, el gobierno de Rodrigo Paz Pereira —que asumió el poder el 8 de noviembre de 2025— promulgó la Ley 1720, cuyo objetivo era desmantelar la protección constitucional de la pequeña propiedad campesina para favorecer a los grandes latifundios extractivistas. Dicha ley fue la chispa que encendió un proceso insurreccional que, desde entonces, ha provocado el despliegue de bloqueos de carreteras, una marcha indígena desde Pando hasta La Paz, un cabildo masivo en El Alto que frustró cualquier pretensión de diálogo con el Ejecutivo, y una huelga de hambre de mujeres.
Para dar cuenta de esta crisis, este análisis combina dos tradiciones teóricas. De Nicos Poulantzas, recuperamos los conceptos de bloque de poder, fracción hegemónica y autonomía relativa del Estado, que nos permiten examinar las tensiones entre la burguesía agroindustrial de Santa Cruz (el eje del gobierno), la fracción financiera y la fracción comercial, así como el papel del Estado como organizador político de esta unidad contradictoria. Para Poulantzas, el Estado es la forma en que se institucionaliza la lucha de clases; es decir, el lugar donde las relaciones de clase —difusas y transversales a toda la formación social— se materializan sin perder su carácter contradictorio, conteniéndolas. Esto se proyecta en lo que la ciencia política liberal condena como «polarización», cuando en realidad se trata simplemente de la lucha de clases procesándose a sí misma dentro del Estado. Exigir que los actores «eviten radicalizar sus posiciones» sin resolver las contradicciones que las provocan es un llamado a la resignación disfrazado de moderación desmovilizadora. De Zavaleta Mercado recuperamos la noción de la sociedad abigarrada —un archipiélago de temporalidades y subjetividades que el capitalismo no ha logrado homogeneizar— y la advertencia sobre la disputa de reemplazo entre fracciones, el mecanismo mediante el cual una fracción burguesa sucede a otra —«una disputa de reemplazo entre los linajes de sus amos»— como si fuera una liberación, sin transformar las relaciones capitalistas de producción. El análisis se pregunta si las movilizaciones de 2026 ya han producido los gérmenes de un poder dual (asambleas vecinales, cabildos, comités de coordinación sindical) y si la ausencia de un liderazgo político unificado y único canalizará finalmente esta energía insurreccional hacia una nueva rotación de fracciones burguesas —Tuto Quiroga, Jaime Dunn u otro— cooptando así la potencia de las masas.
El artículo se estructura en seis secciones. Primero, reconstruye la secuencia del proceso insurreccional desde noviembre de 2025 hasta junio de 2026, haciendo hincapié en las medidas antipopulares (la eliminación del Impuesto a las Grandes Fortunas, el retorno de la DEA, el Decreto Supremo 5503, la Ley 1720) y las respuestas sociales. Segundo, caracteriza la formación social boliviana como una sociedad heterogénea, introduciendo la paradoja señorial. Tercero, analiza las múltiples «Bolivias» en movimiento, distinguiendo la Bolivia indígena amazónica y andina de la Bolivia agroindustrial, al tiempo que señala las diferenciaciones internas dentro de El Alto. Cuarto, explica la implosión del MAS (Movimiento al Socialismo) y el triunfo electoral del PDC (Partido Demócrata Cristiano) por defecto (vacío), resaltando el papel del vicepresidente Edman Lara como una «prótesis ideológica». En quinto lugar, examina el bloque de poder a la luz de Poulantzas, demostrando que ninguna fracción logra la hegemonía total, lo que obliga al gobierno a recurrir a la coerción (estado de excepción) una vez agotados sus recursos ideológicos. Finalmente, analiza si existen las condiciones para una situación revolucionaria, la cooptación o el surgimiento de un nuevo poder popular.
Secuencia del proceso insurreccional
Tras Zavaleta, una sociedad heterogénea solo se hace visible en momentos de gran agitación y ruptura de la rutina. El proceso insurreccional que se ha ido desarrollando en el país desde abril de 2026 parece ser uno de esos momentos; por lo tanto, es necesario revisar su secuencia.
En noviembre de 2025, Rodrigo Paz Pereira asumió el cargo. A esto le siguieron tres medidas que evidenciaron la orientación clasista del nuevo gobierno: la eliminación del Impuesto a las Grandes Fortunas y el restablecimiento de la DEA. El 17 de diciembre se promulgó el Decreto Supremo 5503, un paquete integral de medidas económicas que eliminó los subsidios a los hidrocarburos, congeló los salarios públicos, abolió impuestos y otorgó facilidades para grandes inversiones en recursos naturales bajo el pretexto de una «emergencia económica nacional». A esto se sumó la reducción de ministerios bajo el pretexto de austeridad fiscal, la absorción del INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) por el Viceministerio de Autonomías y el Decreto Supremo 5604, que reestructuró el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, fusionando sus dos viceministerios en uno solo. El gobierno lo presentó como una medida para «eliminar la burocracia en los trámites y el papeleo en el Estado Tranca», pero provocó una fuerte reacción sindical. Ya en 2026, se presentaron varios proyectos de ley para criminalizar los bloqueos de carreteras, pero ninguno fue aprobado. El 10 de abril se promulgó la Ley 1720, cuyo objetivo era desmantelar la protección constitucional de la pequeña propiedad, forzando su integración al mercado como un activo financiero gravable y, por lo tanto, favoreciendo a los grandes terratenientes extractivistas. El malestar social creció paralelamente a una escasez crónica de hidrocarburos y su pésima calidad, lo que causó costosos daños y provocó una huelga de diez mil conductores, además de la crisis de los billetes de la Serie B tras el accidente aéreo en El Alto y el fracaso logístico del bono PEPE. Fue en abril cuando estallaron las movilizaciones: los indígenas amazónicos y andinos bolivianos reactivaron sus propias formas de lucha territorial, una marcha partió de Pando hacia La Paz y El Alto comenzó a cerrar las vías de acceso a la ciudad.
A principios de mayo, la marcha desde Pando llegó a La Paz, sede del gobierno, después de veintiocho días de caminata. El país registró progresivamente múltiples puntos de carretera bloqueados, con pérdidas diarias estimadas en millones de dólares, mientras que un piquete de huelga de hambre de mujeres y la vigilia de comunidades amazónicas profundizaron la presión. El domingo 26, se derogó la Ley 1341, que regulaba los estados de excepción y limitaba el uso de armas letales contra la población civil; el Comité Cívico exigió un estado de excepción. El martes 2 de junio, un cabildo masivo en El Alto, que reunió a consejos vecinales, el COB (Centro de Trabajadores de Bolivia), campesinos, mineros, maestros, trabajadores del transporte, asociaciones de padres, comerciantes (gremiales) y trabajadores de fábricas, resolvió romper el diálogo con el Ejecutivo, acusar a los líderes cooptados y someterse solo a las bases. El gobierno afirmó buscar soluciones negociadas y prometió agotar todos los canales de diálogo; Se convocó una mesa de mediación con los grupos parlamentarios en la Vicepresidencia, y se ratificó la decisión de convocar al diálogo y atender las demandas. Sin embargo, las detenciones arbitrarias, que comenzaron ese mismo día con el líder vecinal de El Alto, Justino Apaza, provocaron mayor incertidumbre y desconfianza. En medio de una grave escasez de alimentos, filas interminables, especulación de precios y falta de suministros básicos en los centros de salud, el 3 de junio el presidente publicó un video en el que hacía un llamado a la población para que despejara los bloqueos con la ayuda de las Fuerzas Armadas; minutos después, el video fue eliminado, alegando errores de producción. El 4 de junio, la Cámara de Senadores aprobó el Proyecto de Ley de Estado de Excepción en general, y al momento de redactar este análisis se encuentra pendiente de trámite en la Cámara de Diputados.
La formación social boliviana
Esta categoría constituye la contribución epistemológica más original de Zavaleta Mercado y se articula directamente con el problema que Marx planteó en el prefacio de Contribución a la crítica de la economía política respecto a las condiciones históricas bajo las cuales los modos de producción se articulan, prosperan o coexisten. Una sociedad heterogénea se concibe como un «archipiélago» de microuniversos, temporalidades y subjetividades que el capitalismo no ha logrado homogeneizar. Solo en momentos de gran agitación y ruptura de la rutina, todos los elementos de la sociedad se ven forzados a una síntesis súbita y centralizada, lo que finalmente nos permite comprender la verdadera realidad del país y cómo se conectan sus diversas partes.
La estructura de esta formación explica la existencia de un Estado aparente, que suele operar con una autonomía relativa limitada por su sujeción al «superestado» de las fracciones dominantes. Históricamente, esto ha permitido al aparato estatal actuar en favor de la reproducción del orden capitalista total, incluso cuando ello implica contradicciones tácticas con sectores de la propia burguesía.
Esta condición de fragmentación se ve agravada por la «paradoja señorial» del bloque de poder que, si bien participa activamente en el mercado mundial, mantiene patrones culturales precapitalistas y es incapaz de construir un proyecto nacional-popular orgánico.
Esa incapacidad estructural —la paradoja señorial— es la razón por la que el bloque dominante no puede presentar su proyecto como nacional. Y es también la razón por la que este incipiente proceso insurreccional pone de manifiesto esta carencia.
Bajo el gobierno de Rodrigo Paz, esto se manifiesta cuando el Ejecutivo actúa instrumentalmente para imponer graves retrocesos en materia agraria, ambiental, social y laboral; en resumen, una larga lista de medidas antipopulares con la firme intención de cumplir con las exigencias y condiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Utilizó los votos de las clases trabajadoras, obtenidos durante la campaña, como una mera formalidad, para luego ejercer el poder ignorando la voluntad popular y amparándose en los intereses geopolíticos estratégicos de Estados Unidos en nuestros territorios.
El Estado burgués es un aparato político que expresa los intereses de las fracciones dominantes, simulando la representación de las clases populares. Esto evidencia una crisis crónica de hegemonía, con dos momentos históricos clave de inflexión. Primero, tras la acumulación de derrotas profundamente impopulares (la Guerra del Pacífico y la Guerra del Chaco), que evidenciaron exclusiones sistemáticas y provocaron alianzas que se materializaron en una identidad nacional-popular y constituyeron una base hegemónica suficiente para derrotar a la oligarquía en 1952 con la Revolución Nacional. Segundo, el desarrollo del sindicalismo campesino, que se fortaleció desde la década de 1980, junto con las reivindicaciones étnico-culturales, marcadas por la identidad, como preludio de la crisis orgánica del sistema político boliviano. Esto culminó en las movilizaciones masivas de principios de la década de 2000, con protestas, revueltas e insurrecciones —la Guerra del Agua, la Guerra del Gas— bajo el liderazgo de la Coordinadora del Agua y el Pacto de Unidad, que proporcionaron la dirección ideológica al proyecto y a la agenda del momento: la asamblea constituyente y la nacionalización, que concibieron el Estado Plurinacional. Este ciclo de movilizaciones posibilitó el triunfo electoral del MAS-IPSP en 2005 al canalizar el voto de todas esas fuerzas, consolidando así su hegemonía.
Partiendo de este contexto, la crisis de 2026 ha provocado la gestación de un proceso insurreccional; no hemos regresado ni a 1952 ni a 2003, pero esa memoria está presente. Por ello, es necesario identificar qué «Bolivias» se mueven, con qué temporalidades, qué clases o grupos de clases, con sus respectivos intereses y contradicciones —incluidas aquellas que atraviesan los propios sectores populares—.
Las múltiples Bolivias
La agroindustria boliviana de Santa Cruz encontró su representación política más clara en el gobierno de Paz. Con la Ley 1720 —recientemente derogada— se pretendía que la tierra campesina perdiera su protección y se incorporara con mayor fuerza al mercado, el crédito y las hipotecas, favoreciendo enormemente a los agroindustriales; esto provocó una marcha desde Pando que avanzó y llegó a La Paz tras veintiocho días de caminata. Hoy, tras varios días en la ciudad, las comunidades permanecen en vigilia dentro de sus territorios. Si bien la ley fue derogada, sus objetivos subyacentes no se han apaciguado por completo. La Bolivia indígena amazónica y andina ha reactivado sus propias formas de movilización territorial.
«La historia de Bolivia enseña que la organización es la única certeza de los oprimidos.» (Zavaleta, De Banzer a Guevara Arze: La fuerza de la masa [De Banzer a Guevara Arze: La fuerza de la masa], 1979)
El Alto, epicentro de la insurrección en 2003, vuelve a desempeñar un papel relevante hoy en día, al ser la zona donde el bloqueo es más intenso, impidiendo el acceso a La Paz. Sin embargo, no debemos olvidar que el El Alto de 2026 no es el mismo que el de 2003. La transformación social durante el gobierno del Movimiento al Socialismo produjo una profunda diferenciación interna: surgió una burguesía de origen aymara y sectores de trabajadores autónomos reproducen parcialmente las relaciones capitalistas de producción y sus contradicciones. Esta diferenciación refleja la formación de nuevas fracciones de clase y posiciones de clase distintas dentro de lo que antes se consideraba un bloque popular relativamente homogéneo. Esta heterogeneidad fragmenta las identidades colectivas, multiplica los intereses en juego y complica la construcción de cualquier alianza política estable, lo que explica por qué existen voces y resistencias a las movilizaciones y bloqueos en esta ciudad que se manifiestan como posturas profundamente reaccionarias.
Ahora bien, cuando los movimientos campesinos organizados, los mineros asalariados, los maestros, los trabajadores del transporte interprovincial y urbano, los consejos vecinales de El Alto, las asociaciones de padres, los comerciantes y los obreros se movilizan, bloquean y se congregan, podríamos estar presenciando las primeras chispas de un complejo proceso de acumulación de intensidad o «pathos», como lo denominó Zavaleta. La disponibilidad social se produce cuando las grandes masas pierden la fe en las viejas creencias y se encuentran en un estado de maleabilidad, preparadas para la adopción de nuevas creencias colectivas y la sustitución universal de las lealtades previas.
La implosión del MAS y el triunfo electoral del PDC.
El MAS gobernó Bolivia entre 2006 y 2025, primero bajo el mandato de Evo Morales (2006-2019) y luego, tras el golpe de Estado con Áñez (2019-2020), bajo el de Luis Arce (2020-2025). Este ciclo prometió la descolonización del Estado, la soberanía sobre los recursos naturales y la redistribución de las rentas del gas hacia las clases subalternas. Si bien cumplió parcialmente estas promesas, con resultados significativos y ampliamente reconocidos, también las traicionó sistemáticamente.
El MAS no fue derrotado electoralmente en las urnas; implosionó antes de llegar a esa etapa debido a contradicciones internas acumuladas durante años: la guerra entre las facciones de Morales y Arce, la pérdida progresiva de su base social derivada del agotamiento de la redistribución, los escándalos de corrupción que erosionaron su credibilidad y el vacío inherente del reformismo que no pudo romper con el extractivismo ni con las relaciones capitalistas de producción, así como los mecanismos de proscripción que impidieron que ciertas facciones se presentaran a las elecciones. Esta implosión fue lo que generó el vacío político que Rodrigo Paz supo aprovechar.
Jáuregui lo explica con total precisión. Las elecciones generales de 2025 fueron competitivas, dado que múltiples fuerzas políticas tenían posibilidades reales de ganar. Sin embargo, la oferta electoral estuvo dominada por la élite tradicional, y los sectores populares carecieron de representación, lo que se reflejó en el elevado número de votos en blanco (2,50%) y nulos (19,87%). No fue el apoyo popular a Paz lo que lo llevó al poder, sino el rechazo al MAS, expresado en un contexto de oferta electoral que no incluía una alternativa popular creíble. Paz no ganó por adhesión, sino por vacío. Esta diferencia no es meramente semántica; tiene consecuencias estructurales para la debilidad del gobierno y la rapidez con que se disipó la ilusión.
El ciclo del MAS puede interpretarse como un intento de reconfigurar el bloque de poder mediante la incorporación de sectores obreros y representantes de las clases subalternas, sin alterar el carácter capitalista del Estado ni los fundamentos estructurales de la acumulación. Por lo tanto, culminó en la absorción de las demandas populares por el aparato estatal, la cooptación sistemática de los dirigentes y la neutralización de la autonomía organizativa de los movimientos. Aquí se evidencia —una vez más— una tesis marxista-leninista de alcance general: los gobiernos reformistas o socialdemócratas que no rompen con el capitalismo terminan favoreciendo los intereses de la burguesía —ya sea agroindustrial o financiera— porque la estructura del Estado capitalista reproduce esa orientación independientemente de las intenciones subjetivas de sus ocupantes.
La derrota electoral del ciclo popular no basta para garantizar la reproducción del orden capitalista; para ello, es necesario que el ajuste se presente como una inevitabilidad técnica, que la ley que favorece a la agroindustria aparezca como modernización agraria y que el regreso de la DEA se venda como soberanía democrática y lucha contra el narcotráfico. Esta función de reemplazo ideológico la cumplen los aparatos ideológicos del Estado, en el sentido althusseriano que Poulantzas incorpora a su análisis. La cuestión, entonces, no es solo qué fracción del bloque domina, sino cómo se naturaliza esa dominación, qué lenguaje utiliza y qué instituciones la reproducen. El PDC tiene una respuesta muy precisa a esa pregunta, y vale la pena leerla atentamente antes de que el proceso insurreccional la desmantele en las calles.
El bloque de poder, la unidad contradictoria y la crisis de la hegemonía
¿Por qué un gobierno con mayoría parlamentaria, con el aparato estatal en sus manos y con el apoyo explícito del imperialismo estadounidense, fue incapaz de desactivar los bloqueos o responder a las demandas de la movilización?
Un punto crucial que me interesa profundizar para responder a esta pregunta es la distinción técnica entre dominación económica y hegemonía política. Poulantzas demuestra que la hegemonía es una categoría política que no depende mecánicamente de la primacía en la producción. La fracción hegemónica es aquella que, mediante la mediación del Estado como organizador político, logra desplegar dos sentidos de hegemonía. Unifica internamente el bloque de poder, constituyendo sus intereses económicos como intereses políticos, y ejerce liderazgo intelectual y moral sobre las clases subalternas al presentar sus objetivos particulares como el interés general de la nación en su conjunto. Esta doble función es lo que Poulantzas, siguiendo a Gramsci, denomina hegemonía propiamente dicha.
La estabilidad de este bloque de poder depende de la concentración efectiva de estas funciones, si bien la teoría admite la posibilidad de desajustes y desplazamientos entre ellas. En el caso boliviano, la «paradoja señorial» del bloque de poder le impide consolidar un liderazgo hegemónico orgánico. Ante la incapacidad de presentar sus intereses como nacionales, el bloque dominante suele renunciar a la autodeterminación para refugiarse en la coerción o en imperativos sistémicos externos —a saber, los intereses geopolíticos de Estados Unidos—, rompiendo así el inestable equilibrio de compromisos necesario para una hegemonía duradera.
La estabilidad del bloque se logra cuando una fracción ejerce esta hegemonía en el sentido pleno del término, en su capacidad de subordinar tanto las pretensiones de las diferentes fracciones como a todas las demás clases sociales (Poulantzas, 1968). En Bolivia, la crisis se define precisamente por la ausencia de una fracción hegemónica en ese sentido pleno; ninguna fracción del bloque dominante logra cumplir ambas funciones simultáneamente. Esta ausencia produce lo que Poulantzas —recordando a Gramsci— denominaría una crisis orgánica, no una crisis de gobierno que se resuelve con una reorganización del gabinete, sino una crisis de la forma misma de dominación.
El bloque de poder que sustenta al gobierno del PDC no es monolítico. Su eje es la burguesía agroindustrial de Santa Cruz, una fracción que ha acumulado poder económico, territorial e ideológico durante las últimas tres décadas. Pero el bloque incluye otras fracciones con intereses parcialmente divergentes: la burguesía financiera, vinculada a la banca nacional y a los circuitos de capital transnacional que impulsan la agenda del FMI; la burguesía comercial e importadora, que apoya la liberalización del comercio pero teme la caída del consumo interno provocada por el ajuste fiscal; y los remanentes de la gran propiedad terrateniente del Este (Oriente), cuya continuidad biológica e institucional con las élites del siglo XIX no es una metáfora zavaleteana, sino un hecho sociológico verificable.
Esta compleja composición del bloque se manifiesta en las tensiones internas del gabinete y en las fracturas parlamentarias. Jáuregui describe cómo el PDC cuenta con 16 senadores y 49 diputados sin mayoría absoluta, y cómo su propio gabinete está dividido en múltiples facciones que le impiden actuar de forma cohesionada (Jáuregui, 2026). Las deserciones hacia el partido gobernante expresan, en términos poulantzasianos, la reorganización de alianzas entre las fracciones del bloque dominante; el capital financiero de La Paz, que respaldó a Paz, necesita una mayoría parlamentaria que la base electoral del PDC no logró proporcionar. Esta mayoría frágil y comprada no constituye hegemonía; es el simulacro de liderazgo político.
La burguesía agroindustrial de Santa Cruz es la fracción económicamente más poderosa del bloque y la que se expresa con mayor claridad en las políticas del gobierno de Paz. Un ejemplo claro es la Ley 1720; si bien fue derogada, se anunció la elaboración de una nueva ley con la misma dirección y propósito: la liberalización de las exportaciones y la flexibilización ambiental. Aunque es la fracción dominante del bloque, no es la hegemonía, pues no logra cumplir la segunda de las dos funciones que exige la hegemonía: presentar sus intereses a las clases subalternas como los intereses generales de la nación.
Este incipiente proceso insurreccional es prueba de ese fracaso; cuando se han llegado a tener alrededor de 90 puntos de carretera bloqueados, cuando El Alto corta el acceso a La Paz, cuando hay una huelga de hambre de mujeres y las comunidades amazónicas se unen en vigilia y rechazo al gobierno, nos enfrentamos a la negación práctica de cualquier pretensión hegemónica.
Esta crisis de hegemonía no se limita al ámbito abstracto de las fracciones y sus intereses divergentes; se proyecta sobre las instituciones, las personas y los mecanismos concretos que el bloque dominante construye para simular una unidad donde no la hay. Si la fracción agroindustrial de Santa Cruz no puede presentar sus intereses a las clases populares como los intereses generales de la nación, entonces necesita un operador ideológico que convenza, distorsione y desvíe la atención de sus verdaderas intenciones para ir en contra de los intereses de las clases populares. Ese fue el papel de Edman Lara en la campaña.
La figura del vicepresidente Edman Lara cumplió una función ideológica en la arquitectura política del bloque de poder. Operó como representante del «popular», lo que permitió que un programa de clase, de otro modo antipopular, resultara electoralmente viable. Su origen no oligárquico, su registro identitario y su hiperespectacularización mediática sirvieron para disfrazar la dominación como representación, presentando el interés particular de la fracción dominante como el interés general de la nación.
Jáuregui explica este mecanismo con rigor: Rodrigo Paz y Edman Lara lograron catalizar la expectativa de cambio diferenciándose de la derecha tradicional, vinculando soluciones económicas a la crisis con las aspiraciones de sectores populares en ascenso. Esta operación es precisamente lo que Susan Stokes denomina neoliberalismo por sorpresa, el giro postelectoral de gobiernos que adoptan reformas neoliberales a pesar de haber sido elegidos con plataformas contrarias (Stokes, 2001, citado en Jáuregui, 2026). La fórmula Paz-Lara requería esa ambigüedad programática —«capitalismo para todos, 50/50»— para no antagonizar al electorado popular.
Una vez que el gobierno se alineó inequívocamente con los intereses de la agroindustria y los intereses geopolíticos del imperialismo estadounidense —la eliminación del Impuesto a las Grandes Fortunas en noviembre de 2025, Ley 1720—, ese recurso ideológico se volvió prescindible e incluso perjudicial. Lara se convirtió en un obstáculo para la estrategia del ejecutivo porque su legitimidad popular exigía un poder real, no meramente simbólico. Cuando el ajuste se hace visible, cuando el costo recae sobre los sectores populares, la máscara no se puede mantener; se cae.
La máscara demócrata cristiana, los aparatos ideológicos y la lógica antinacional.
La categoría que mejor explica el gobierno de Paz es la que Zavaleta aplicó a los liberales de principios del siglo XX: el pragmatismo lineal o la teoría de la asociación con el imperialismo. Pero Poulantzas añade una dimensión: el papel de los aparatos ideológicos del Estado —siguiendo a Althusser— en la reproducción del consenso. El PDC construye un discurso en el que el ajuste fiscal aparece como modernización responsable, la Ley 1720 como progreso agrario y el retorno de la DEA como seguridad democrática y lucha contra el narcotráfico. Jáuregui especifica el mecanismo al mencionar que el gobierno posee una gran capacidad discursiva, dado que se ha instalado en los medios un discurso de inevitabilidad que asocia el modelo estatista con la malversación y la corrupción, presentando el ajuste como una cuestión técnica de convicción patriótica.
La eliminación del subsidio histórico a los combustibles en diciembre de 2025, la reducción de ministerios presentada como austeridad fiscal y la Ley 1720, favorable a la agroindustria de Santa Cruz —que, como se supo después, fue redactada durante el gobierno de Luis Arce Catacora y reactivada por Marinkovic—: esta secuencia reproduce la lógica antinacional. En términos poulantzasianos, es la expresión de qué fracción del bloque de poder ejerce la dominación en este momento y qué intereses condensa y organiza materialmente el Estado. El imperialismo estadounidense, que manifestó su apoyo al gobierno, tiene intereses directos en el resultado del conflicto boliviano —litio, gas, tierras raras y la posición geoestratégica de Bolivia— y su respaldo constituye una intervención en la lucha de clases a favor de las fracciones antinacionales del bloque dominante.
Bolivia no está atravesando una crisis de gobierno, como muchos afirman, que se resolvería con cambios de gabinete; está atravesando una crisis orgánica a largo plazo que comenzó en 2003, fue gestionada pero no resuelta por completo durante el ciclo del MAS, y concluye ahora con la restauración conservadora de Paz.
Toda la arquitectura analizada hasta este punto —el bloque de poder sin una fracción hegemónica, el mecanismo Lara como prótesis ideológica, la lógica antinacional disfrazada de austeridad patriótica— describe el polo de dominación. Pero la crisis orgánica puede definirse en términos de lo que Lenin señaló: «cuando las clases bajas no quieren seguir viviendo como antes y las clases altas no pueden continuar así». La cuestión ya no es qué hace el bloque dominante para mantenerse, sino si se dan las condiciones objetivas de una situación revolucionaria y, sobre todo, si existe la condición subjetiva capaz de convertir la potencia insurreccional en poder constituido.
Situación revolucionaria y los gérmenes del doble poder
Zavaleta denominó «disponibilidad social» a aquellos momentos de profunda crisis en los que las masas están dispuestas a sustituir sus antiguas lealtades; el cabildo del 2 de junio en El Alto es la clara expresión de ello. Esta disponibilidad coincide con lo que Lenin definió como los síntomas objetivos de una situación revolucionaria: cuando «las clases altas» no pueden gobernar como antes, se agrava la miseria de «las clases bajas» y se intensifica significativamente la actividad de las masas.
Sin embargo, Lenin advirtió que la existencia de estas condiciones objetivas no garantiza la revolución. Para que la crisis conduzca a una victoria real, el factor subjetivo es indispensable: la capacidad de la clase revolucionaria para llevar a cabo acciones de masas tan poderosas que logren derrocar al antiguo gobierno. Esto requiere una vanguardia consciente que no se limite a seguir la espontaneidad del movimiento (seguidismo), sino que sea capaz de dirigir la energía insurreccional hacia el derrocamiento efectivo del régimen y la conquista del poder político.
La potencia de la movilización espontánea de las masas es incuestionable. Los consejos vecinales, las comunidades y los sindicatos mineros actúan con una disciplina forjada en la resistencia histórica. Sin embargo, la espontaneidad, como forma embrionaria de la conciencia, se manifiesta necesariamente como sindicalismo, representando la subordinación ideológica de los trabajadores a la burguesía y limitando sus aspiraciones a mejoras dentro del sistema capitalista en lugar de buscar su destrucción. En consecuencia, una lucha centrada en las demandas empresariales, aunque legítima, tiende a permanecer dentro de los límites del orden existente.
«Y quien suponga que el poder puede tomarse con los sindicatos está muy equivocado. Mientras la clase obrera no supere su carácter meramente sindicalista, podrá ser una clase muy radical, pero no podrá ser una clase de poder». (Zavaleta, en la entrevista con Laserna, 1985, p. 556)
El sindicalismo es, en esencia, sindicalismo: la lucha colectiva de los trabajadores para lograr mejores condiciones laborales y reformas inmediatas, pero sin cuestionar el régimen social en su conjunto.
En Bolivia, el riesgo más concreto en este sentido es la desviación que puede representar el «Evismo», ya que las estructuras de movilización del MAS, que Jáuregui identifica como una potencial coalición residual (Jáuregui, 2026), conservan raíces territoriales y un liderazgo reconocido, pero su proyecto es la restauración del ciclo anterior, no su superación. Subordinar las movilizaciones de 2026 a la lógica del Evismo sería una desviación hacia el colacionismo, utilizando la energía sindical para un proyecto de restauración que mantiene los cánones tradicionales de dominación bajo una apariencia popular; significaría cooptar la potencia insurreccional en favor de una fracción que aspira a reconfigurar el bloque dominante para su propio beneficio.
La cooptación de líderes populares que tuvo lugar durante el período del MAS no fue una anomalía moral, sino la expresión de una tendencia estructural que Lenin había teorizado y Poulantzas profundizó: el problema no radicaba solo en la ausencia de conciencia, sino en la presencia del poder de clase dentro de la propia organización popular. Las organizaciones obreras y campesinas no son espacios puros exentos de las relaciones de poder capitalistas, ya que están atravesadas por ellas, lo que explica la cooptación y burocratización sistemáticas. Como señala Zavaleta, si bien el sindicato es un espacio democrático de las masas, carece de la coherencia necesaria para tomar el poder, una tarea que exige un plan consciente que solo el partido puede proporcionar.
En «Las tareas del proletariado en nuestra revolución», Lenin analiza el concepto de poder dual: la situación en la que surge un poder alternativo al Estado burgués, con sus propios órganos de deliberación y ejecución, que compite con el Estado existente por la dirección de la sociedad. El ejemplo histórico clásico son los soviets de 1917. La cuestión es si existen los gérmenes de un poder dual análogo.
La respuesta honesta es que estos gérmenes existen, razón por la cual el movimiento campesino mantiene su dominio en el sector rural. Las asambleas de consejos vecinales en El Alto que deciden sobre los bloqueos, los cabildos campesinos que coordinan el corte de rutas y los comités coordinadores sindicales que articulan las acciones de la COB: todas estas formas organizativas funcionan, en los momentos de mayor intensidad, como instancias de deliberación y toma de decisiones colectivas que operan en paralelo y en contra del Estado. Son gérmenes de poder alternativo. Pero este proceso insurreccional aún no ha producido un poder dual consolidado; no existe un organismo coordinador nacional que articule estos gérmenes en un poder político con programa propio, con capacidad de interlocución estatal en términos de fuerza, con un horizonte que vaya más allá de la exigencia táctica de la renuncia de Paz. Este es el límite objetivo de la coyuntura. Este proceso insurreccional ha abierto una posibilidad, y queda por decidir si será ocupada por un nuevo poder popular o por una nueva cooptación; esa es la tarea política del momento.
Este análisis buscó atravesar la paradoja señorial como estructura a largo plazo, el bloque de poder sin hegemonía, los aparatos ideológicos que naturalizan el ajuste, la potencia insurreccional de las clases subalternas y el límite objetivo representado por la ausencia de una instancia coordinadora nacional. Pero aún quedan elementos por estudiar. Nos queda una pregunta: ¿en qué momento histórico se encuentra Bolivia, qué la distingue de octubre de 2003 y qué condiciones —objetivas y subjetivas— determinarán si la coyuntura culmina en una nueva cooptación o en una ruptura real con un nuevo poder popular?
Conclusión
El proceso insurreccional que Bolivia vive desde abril de 2026 es la crisis orgánica de una forma de dominación que nunca logró construir hegemonía, al carecer de la capacidad de presentar el interés particular de la fracción dominante como el interés general de la nación. Lo que está en juego es la viabilidad de una forma de ejercer el poder que se repite bajo nuevas máscaras. Si el proceso insurreccional no genera ahora su propia dirección política y el vacío se resuelve dentro de las reglas del juego impuestas por la democracia liberal, el resultado no será una transformación, sino una rotación de fracciones burguesas en el poder. Tuto Quiroga, al frente de Alianza Libre, es el principal beneficiario político de cada tropiezo del gobierno de Paz, acumulando pacientemente el capital electoral que la crisis le brinda. El proyecto libertario de Jaime Dunn espera en la otra vía, listo para presentar el desmantelamiento del Estado como una solución popular. Si Condori es proscrito, o si alguna alternativa del campo popular llega a las elecciones fragmentada y sin un programa de clase, la potencia insurreccional de mayo de 2026 habrá sido capturada por otra fracción burguesa. Una nueva disputa de sucesión entre linajes, tal como advirtió Zavaleta. Las urnas, sin una organización popular previa, simplemente administrarán la derrota.
La paradoja señorial pone de manifiesto la incapacidad estructural de la clase dirigente boliviana para transformar su proyecto de clase en un proyecto nacional —una constante histórica—; es incapaz de legitimarse ante las clases populares. El gobierno de Paz es una coalición que llegó al poder tras el vacío dejado por la implosión del MAS y la proscripción o el fracaso de sus expresiones fragmentadas; gobernó en beneficio de la agroindustria de Santa Cruz y los intereses geopolíticos del imperialismo estadounidense. Ahora que la ilusión se ha desvanecido, legisla la suspensión del derecho a desplegar la capacidad coercitiva del aparato estatal, intentando ampararse legalmente porque ya ha agotado sus recursos de gobernabilidad.
La aprobación, tanto en términos generales como específicos, del proyecto de ley del Estado de Excepción en el Senado, y su probable ratificación por la Cámara de Diputados este sábado 6 de junio, es la expresión de que, como dijo Zavaleta, los partidos tradicionales pierden rápidamente su base social, fracasan en su función legitimadora y la represión no puede ceder ante el consenso. El Estado de Excepción es la traducción jurídica de esa impotencia; es el momento en que el bloque dominante confiesa, ante toda la sociedad, que solo puede mantenerse suspendiendo las garantías que invoca para legitimarse.
En los bloqueos, en los cabildos de El Alto, en la vigilia amazónica que no negocia y en las asambleas vecinales que funcionan como instancias paralelas de deliberación y control territorial, se ha desplegado una potencia de masas que el gobierno no puede ni cooptar ni aplastar sin destruir lo poco que le queda de legalidad. Los comités de coordinación sindical que articulan la acción de la COB, los cortes de carreteras que condicionan el suministro de la capital, el cabildo del 2 de junio que acusa a dirigentes cooptados y se somete únicamente a las bases: todo esto es ya, en su forma embrionaria, un poder dual que aún no ha encontrado su instancia de unificación nacional. La disponibilidad social está dada. La sustitución de lealtades, que Zavaleta denominó el momento constitutivo de la política de masas, está latente. Lo que falta es la forma que la concentre, y ahí reside el peligro. Ese es el límite objetivo de la coyuntura, y también su riesgo más agudo. Aún no existe una instancia coordinadora nacional capaz de articular estos gérmenes dispersos en un poder político con programa y horizonte propios. ¿Qué clase, con qué proyecto histórico, llenaría el vacío de poder en caso de lograrse la renuncia del presidente? La respuesta a esta pregunta es la tarea política del momento. No es algo que pueda posponerse; es una tarea de hoy, en las asambleas de base, en los comités de coordinación sindical y en las comunidades que deliberan sobre su destino. Porque, como señaló Zavaleta, el tiempo de las naciones no es el de las generaciones, sino el de las coyunturas cerradas. Y la violencia de clase, como siempre, no descansa.
Referencias bibliográficas
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Camila Azeñas Uzquiano es politóloga y miembro del Comité de Reorganización del Partido Comunista de Bolivia.
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