Sindicatos, movimientos sociales y partidos políticos situados a la izquierda del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) salieron a la calle este martes en Río de Janeiro y otras ciudades brasileñas para protestar contra el proyecto de ajuste fiscal propuesto por el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El plan podría recortar hasta 60.000 millones de reales, unos 17.300 millones de dólares, del presupuesto público en 2027.
La movilización reunió en Río a formaciones de la izquierda, entre ellas el Partido Comunista de Brasil (PCdoB), el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y el Partido Socialista de Trabajadores Unificado (PSTU). Estos partidos apoyaron la reelección de Lula en las elecciones del mes pasado, pero ahora consideran que el Gobierno está cediendo a las presiones del mercado financiero en lugar de respaldar a la clase trabajadora.
El portavoz del PSTU, Yan Monteiro, aseguró que la misma fuerza que reeligió a Lula es la que participa ahora en las protestas contra el ajuste fiscal. Monteiro llevaba una pancarta con el mensaje “Lo que alimenta la extrema derecha es la desesperanza”.
Esos dirigentes consideran que cuestionar las medidas fiscales proporciona argumentos a la oposición. Monteiro defiende, por el contrario, que las formaciones situadas a la izquierda del PT deben movilizarse de manera permanente para marcar la agenda política y presionar al Ejecutivo para que aplique políticas más progresistas.
El portavoz del PSTU sostiene que el paquete de recortes anticipa la orientación del resto de la legislatura. Según su análisis, Lula tendrá que afrontar una mayoría de derechas tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, por lo que deberá realizar numerosas concesiones para poder gobernar.
Monteiro considera que el mandatario está desaprovechando la primera oportunidad de cumplir lo que prometió en su discurso de la victoria electoral, pronunciado la noche del 25 de octubre: gobernar junto con la gente. A su juicio, la presión popular podía servir para contrarrestar el ambiente adverso entre los parlamentarios.
Las protestas reflejan así el distanciamiento entre el Ejecutivo de Lula y una parte de las organizaciones y partidos de izquierda que respaldaron su reelección. Estos grupos reclaman que las medidas para equilibrar las cuentas públicas no se traduzcan en una reducción del gasto que afecte a los trabajadores y que la carga fiscal se concentre en los sectores con mayor capacidad económica.
¿Qué opinan los comunistas?
La política macroeconómica debe allanar el camino al desarrollo y reflejar la demanda de cambio de la población
La histórica reelección del presidente Lula, impulsada por multitudinarias manifestaciones populares en las calles y en las redes sociales, frustró una agenda explícita de ajuste fiscal, las denominadas «medidas de austeridad bolsonarias», y envió un claro mensaje sobre la necesidad de un cambio en la política macroeconómica que incrementó el endeudamiento de los hogares y las empresas, redujo el crecimiento y frenó la movilidad social. Sin embargo, el 11 de noviembre, el gobierno federal presentó una nueva propuesta de ajuste fiscal (PLP 299/2026).
El proyecto de ley 299/2026 no aborda la causa fundamental de la deuda pública, reduce la inversión y pone en peligro el desarrollo.
El ajuste fiscal propuesto va más allá de los recortes de gasto; se trata de una alteración significativa del marco fiscal (Ley Complementaria N° 200/2023) que agrava los mecanismos que restringen la inversión pública. El país necesita superar este modelo. La propuesta fue aprobada en el Senado al día siguiente de su presentación y ya se encuentra en trámite en la Cámara de Diputados. Un asunto de esta magnitud debería haberse consultado con la sociedad.
Este proyecto de ley, además de no abordar las altas tasas de interés —el verdadero problema de las finanzas públicas—, tampoco crea las bases para que la inversión alcance y supere el 20% del PIB, una medida crucial defendida por el presidente Lula en una declaración reciente. Su contenido mantiene los niveles mínimos constitucionales de gasto en Salud y Educación, así como la vinculación de la pensión mínima de jubilación y el BPC (Pago Continuo de Prestaciones) al salario mínimo. Sin embargo, el ajuste no ofrece una solución duradera para proteger estos logros y perpetúa el modelo obsoleto de presión para recortar el gasto y comprimir la inversión pública. Modificarlo es una condición indispensable para la continuidad del proyecto progresista.
El proyecto de ley 299/2026 introduce dos cambios estructurales. El primero reduce el margen de maniobra del gobierno ante las variaciones de los ingresos. Actualmente, el objetivo de superávit primario de la Ley de Directrices Presupuestarias (0,5 % del PIB en 2027) permite una tolerancia del 0,25 % por encima o por debajo, y los recortes de gasto solo se producen si la previsión bimestral de superávit primario cae por debajo del límite inferior de este margen. Sin embargo, la propuesta permite medidas de contingencia cuando la previsión cae por debajo del centro del objetivo, lo que genera un sesgo hacia un mayor número de medidas de contingencia. En consecuencia, cuando la economía crece menos y recauda menos ingresos, el gobierno, en lugar de aumentar el gasto para estimular el crecimiento y proteger los ingresos y el empleo, puede agravar la desaceleración del crecimiento retirando recursos de la circulación.
El segundo cambio reduce el límite máximo de crecimiento del gasto por encima de la inflación del 2,5 % al 2 % del PIB cuando se producen los recortes de gasto previstos en el primer cambio. Dado que estos recortes se vuelven mucho más probables, tiende a ocurrir lo mismo con la reducción del límite al 2 %, lo que perjudica el crecimiento económico y el bienestar de la población. Igualmente relevante, la ya muy baja inversión del gobierno federal tiende a sufrir recortes aún mayores, y la garantía mínima de crecimiento real del gasto social y la inversión pública lograda con el marco se vería parcialmente revertida. El cumplimiento del marco se vuelve aún más difícil, aumentando la presión del mercado financiero para mayores reducciones en los derechos sociales y para mantener una tasa Selic muy alta.
Otros tres cambios modifican la forma en que se calculan y utilizan los recursos en áreas estratégicas. En cuanto al Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FNDCT), el proyecto permite destinar parte de sus recursos a becas e investigación en educación superior. El fondo ya no financiará únicamente proyectos, sino que ahora cubrirá los gastos operativos, los cuales deben garantizarse sin comprometer su propósito general. En Salud, se mantiene el gasto mínimo del 15 % de los Ingresos Netos Corrientes (IRC), pero hasta 2030, los ingresos provenientes del impuesto a las exportaciones de petróleo crudo se excluyen de la base de cálculo, lo que resulta en un crecimiento más lento del gasto mínimo. La justificación es que estos ingresos son extraordinarios debido a la guerra de Estados Unidos contra Irán y no deberían financiar gastos permanentes. Sin embargo, sería mejor vincularlos a inversiones en salud, que no son gastos permanentes, como el equipamiento de hospitales.
El tercer cambio se refiere a la inversión pública. El proyecto permite su expansión en años posteriores, pero de forma precaria y supeditada a recortes previos. Si se producen recortes presupuestarios durante el ejercicio fiscal y el superávit primario final supera el límite inferior del margen de tolerancia, parte del superávit podrá destinarse a «inversiones estructurales», pero solo hasta el límite del superávit primario objetivo. En otras palabras, no existe una garantía real de mayor inversión y, en general, el efecto es de contención de la inversión. De este modo, la inversión pública sigue supeditada a condiciones fiscales innecesariamente restrictivas. Esto es lo contrario de lo que se necesita para alcanzar el objetivo de más del 20% del PIB en inversión, propuesto por el presidente Lula.
Brasil y su gente necesitan un camino diferente.
Proponemos otra vía. En gasto social, una regla de crecimiento del gasto ajustada a diferentes perfiles de gasto, que considere, por ejemplo, el cambio demográfico y no atente contra los derechos constitucionales que reducen la desigualdad. La regla fiscal debe ser compatible con los niveles mínimos de gasto en Salud y Educación y con el crecimiento del gasto en Seguridad Social. En inversión, la regla actual prevé un crecimiento superior a la inflación de al menos 0,6% del PIB anual (aproximadamente R$ 89 mil millones en 2027), pero durante la ejecución presupuestaria, está sujeta al tope general (máximo del 2,5% del PIB, que puede llegar al 2%) y al objetivo de resultado primario (0,5% del PIB en el Presupuesto de 2027). Por lo tanto, la inversión efectiva puede caer por debajo de este mínimo si es necesario recortar el gasto discrecional. Y esto es lo que ha estado ocurriendo en la práctica.
Desde 2015, la inversión neta del gobierno federal ha sido negativa. El marco actual no ha modificado esta situación, y es urgente que esto cambie. La inversión de los estados y municipios (no sujetos a dicho marco) se ha recuperado considerablemente, pero la inversión del gobierno federal se mantiene en sus niveles más bajos desde la implementación del límite de gasto. Entre 2010 y 2014, el período de mayor inversión federal bruta, el porcentaje rondaba el 0,8% del PIB; en 2024, fue de tan solo el 0,24%. Es inconcebible que la inversión se trate con las mismas reglas que los gastos operativos. Es necesario modificar las reglas para que la inversión pública crezca según las necesidades de la economía y esta vuelva a crecer a un ritmo del 4% al 5% anual.
Proponemos una nueva regla para la inversión dentro del marco fiscal:
1) El nivel mínimo de inversión del gobierno federal (excluidas las empresas estatales y las transferencias a los estados y municipios) debería crecer al menos un 0,2% del PIB por año hasta alcanzar el 1% del PIB en 4 años;
2) El límite mínimo será obligatorio en la ejecución presupuestaria y no solo en la previsión inicial. Para ello, la inversión federal debería quedar automáticamente excluida de las normas generales (objetivo de superávit primario y límite de crecimiento del gasto), sin necesidad de recortar otros gastos discrecionales.
El principal problema es el alto tipo de interés.
Para controlar la deuda pública como proporción del PIB, se debe reducir la tasa Selic, principal causante del crecimiento de la relación deuda/PIB, y no el gasto primario. Según el Banco Central, en los doce meses hasta septiembre de 2026, el déficit nominal del sector público fue de R$ 1,27 billones: el 95% (R$ 1,2 billones) corresponde a intereses de la deuda y solo el 5% (R$ 70.000 millones) a gasto primario que excede los ingresos primarios. Además, cada punto porcentual de disminución en la tasa Selic reduce el crecimiento de la deuda neta en R$ 71.000 millones, la misma cantidad que el déficit primario. Se pueden extraer las siguientes conclusiones: 1) la elevada tasa Selic es la principal causa del crecimiento de la deuda; 2) recortar aún más el gasto primario para pagar intereses solo transfiere recursos públicos a los más ricos. Esto perjudica a la mayoría de la población, aumenta la concentración del ingreso y no altera la trayectoria de la deuda. La revisión de los gastos debe centrarse en las exenciones de ingresos que no contribuyen al desarrollo productivo, y es necesario persistir en la lucha contra la evasión fiscal, que aún supera los cien mil millones de reales.
Proponemos las siguientes medidas a corto plazo:
1) Aumentar el punto medio del objetivo de inflación al 4,5% y el margen de cumplimiento al 2%.
2) Ampliar el período para evaluar el cumplimiento del objetivo de 12 a 24 meses.
3) Adoptar reglas para reducir la volatilidad del tipo de cambio en respuesta a los cambios en el tipo Selic: a) depósito obligatorio no remunerado de una parte del capital que ingresa al país, desalentando las entradas a corto plazo, especialmente para el carry trade; b) tributación de la captación de fondos externos privados, especialmente por parte de los bancos, con tasas más altas para las inversiones a corto plazo.
Como objetivo clave de un proyecto de desarrollo nacional que debe implementarse de inmediato, y en el que estos cambios servirán de palanca, proponemos una meta de incrementar la tasa de inversión a un mínimo del 20% (Formación Bruta de Capital Fijo/PIB) en un plazo de 4 años, incluyendo una meta del 4% del PIB para infraestructura (actualmente alrededor del 2,2%), un nivel necesario para un crecimiento sin obstáculos. Esta meta de inversión converge los esfuerzos del gobierno y proporciona previsibilidad al sector privado, situando en el centro de la agenda el crecimiento con transformación productiva que el país necesita con urgencia. Estamos experimentando el límite de una dinámica que combina ajustes fiscales cíclicos con programas sociales ampliados y aumentos reales del salario mínimo, pero nos encontramos bajo una presión cada vez mayor.
El cuarto gobierno de Lula, elegido por las calles y las redes sociales, afronta el desafío histórico de superar el modelo que ha impedido la reindustrialización, el desarrollo y la construcción de un Brasil soberano sobre bases sólidas. Los comunistas trabajarán junto a otras fuerzas patrióticas y populares para impulsar reformas estructurales, incluidas reformas al sistema financiero, de modo que el país pueda afrontar y superar las imposiciones del capital financiero y la búsqueda de rentas.
¡Luchemos!
Comité Ejecutivo Nacional del Partido Comunista de Brasil (PCdoB)
