La estabilidad del Gobierno boliviano sufrió un duro revés tras la dimisión de los ministros de Defensa, Marcelo Salinas, y de Educación, Beatriz García.
Ambas renuncias fueron presentadas en el Palacio de Gobierno durante una reunión de coordinación interna con el presidente de la República, Rodrigo Paz, en el marco de la jornada número 33 de intensas movilizaciones populares y bloqueos de carreteras que mantienen paralizado al país suramericano.
Dicha medida, evaluada por el Ejecutivo nacional, busca autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas para disolver los más de 90 bloqueos viales registrados en ocho regiones del territorio, los cuales son liderados por la Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones campesinas de La Paz en rechazo a las políticas neoliberales oficiales.
Tras la salida de Marcelo Salinas —quien dirigía la cartera de Defensa desde noviembre de 2025—, el cargo será asumido de manera inmediata por Ernesto Justiniano, actual viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas.
Medios locales reportan que la designación de Justiniano, conocido como el «zar antidrogas» y operador político del presidente Paz en Santa Cruz, respondería a directrices de la embajada de Estados Unidos para ejecutar una intervención militar en el Trópico de Cochabamba, bastión del expresidente Evo Morales. Durante una reciente visita al país norteamericano, Justiniano pactó el retorno de la Administración para el Control de Drogas (DEA) a Bolivia.
Por su parte, la ministra Beatriz García abandonó su puesto sin ofrecer declaraciones sobre los motivos de su retiro ni anunciar quién asumirá la jefatura del sector educativo. Con estas dos bajas se profundiza el quiebre institucional del gabinete, que ya había registrado la renuncia del ministro de Trabajo, Edgar Morales, el pasado 21 de mayo bajo la presión de los sindicatos fabriles.
Vía libre para la acción militar y desabastecimiento urbano
La tensión en las calles se agudizó luego de que la Asamblea Legislativa, controlada en un 93% por sectores de derecha, anulara la ley que limitaba la declaratoria del estado de excepción. Este movimiento legislativo deja al Ejecutivo con la vía libre para incorporar a las Fuerzas Armadas a las tareas de contención de la protesta social, una acción que genera el rechazo absoluto de las bases obreras y gremiales.
Mientras las organizaciones sociales mantienen su postura de no dialogar con el Palacio de Gobierno, las principales urbes occidentales, especialmente La Paz, ya afrontan un severo desabastecimiento de alimentos, medicinas y combustible. La plataforma de lucha de las manifestaciones populares exige de forma unánime la renuncia del presidente Rodrigo Paz —quien asumió el mando hace casi siete meses—, la liberación de los dirigentes detenidos, la anulación de la denominada Ley Antibloqueos y el cese definitivo de las iniciativas de privatización.
