Varios años después de que el estado gastara más de 1.000 millones de euros en rescatar nueve autopistas de peaje tras la quiebra de las empresas adjudicatarias por la falta de tráfico y la crisis económica, nos encontramos con un nuevo capítulo de esta historia. Decenas de grandes constructoras (Abertis, Sacyr, ACS, Ferrovial, OHL, Isolux Corsán…) eran participantes esas empresas que obtuvieron millonarias concesiones para la construcción y gestión de las autopistas. Esas concesiones incluían, además, cláusulas de salvaguarda que obligan al Estado a pagar indemnizaciones a las concesionarias por la inversión realizada en la construcción si no se cumplían las expectativas de tráfico.
Hoy, los fondos de inversión, que asumieron las deudas de las adjudicatarias quebradas con los bancos y cajas de ahorros que les prestaron el dinero, están demandando al Estado por las indemnizaciones mencionadas anteriormente. Hasta 4.500 millones de euros en compensaciones reclaman y, por ahora, los tribunales están respaldando a los acreedores privados en este asunto.
Entretanto, el próximo gobierno, sea cual sea, ejecutará el llamado “Plan de recuperación y resiliencia español” aprobado por Bruselas, que impondrá peajes a autopistas hasta ahora gratuitas. Esta medida supuestamente tiene, según se dijo en la campaña electoral, un objetivo “disuasorio y medioambiental”, pero nada se comentó de que suponga cargar a los usuarios de las vías los costes de las indemnizaciones a los fondos de inversión.
Estamos, sin duda, ante un ejemplo más en la larga lista de rescates a empresas privadas por parte del estado, donde destacan, de largo, los llevados a cabo en el sector bancario. Liberales cuando hay ganancias, socialistas cuando hay pérdidas…