Dos años de la reforma laboral: otra vuelta de tuerca a la ofensiva capitalista
En el segundo aniversario de la entrada en vigor de la última reforma laboral en el Estado español, es importante reflexionar sobre su impacto y efectividad durante este periodo de tiempo. La reforma laboral ha sido una de las principales apuestas de la anterior legislatura y el nuevo gobierno ha puesto en valor sus supuestos resultados siempre que ha podido. Unos resultados que son, en su gran mayoría, predecibles y, lejos de solucionar los problemas evidentes del mercado laboral del Estado español, esta reforma no ha hecho más que disfrazarlos estadísticamente.
El Ministerio de Trabajo sale todos los meses a celebrar los nuevos datos que arroja el mercado laboral, con el objetivo de hacernos ver la supuesta efectividad de dicha reforma. Una perfecta puesta en escena, con una gran cantidad de maquillaje y muy hábiles actores para interpretar el papel que tiene que hacernos creer que todo va bien, aunque luego la realidad se presente diferente. Esta sensación de euforia que desde el ministerio transmiten contrasta con la realidad de una clase trabajadora que ve cómo sus condiciones laborales apenas han mejorado en los últimos dos años.
Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido realmente? Resulta que la reducción de la tasa de temporalidad se ha dado en términos nominales de tipo de contrato y, por lo tanto, el impacto de la reforma en la reducción de la precariedad e inestabilidad laboral es más bien escasa. Básicamente, de nada sirve que se reduzcan los contratos temporales si sus efectos y características se mantienen inalteradas bajo otras modalidades de contrato. Los patrones de creación, destrucción y duración de los contratos laborales son prácticamente idénticos antes y después de la reforma.
Como bien expresó Adam Radomski en 2022 en este mismo medio, con motivo de la entrada en vigor de la reforma [1], este paquete de medidas debe comprenderse como una actualización de la legislación laboral con respecto a las necesidades de la coyuntura, que no son otras que las del propio Capital. Es fundamental situar la reforma bajo el contexto en el que fue concebida: la crisis de acumulación del sistema capitalista. De este modo, podemos observar cómo es parte de una lógica más amplia, cuyo objetivo es seguir debilitando las condiciones de vida de la clase trabajadora y, para ello, flexibiliza aún más el uso de la fuerza de trabajo. Todo ello para tratar de impulsar unas tasas de crecimiento económico que se encuentran estancadas y que, además, coinciden con un grave periodo de inflación.
No obstante, es importante destacar que esta reforma se nos presentó como una medida progresista por parte de la izquierda del Capital y su implementación fue acompañada por un gran entramado propagandístico, que la presentaba como una medida ventajosa para la clase trabajadora. Desde un principio, era evidente su incapacidad para mejorar las condiciones de vida y trabajo del proletariado, y no ha sido más que una distracción para perpetuar las estructuras de su dominación.
La reforma laboral no ha puesto en duda, bajo ningún concepto, la ganancia capitalista; en todo caso, se ha reformado en base a las necesidades que esta demanda. No ha representado ni si quiera un tibio intento para limitar el poder de los empresarios a la hora de definir las condiciones de trabajo. Es más, como veremos a continuación, podríamos afirmar justo lo contrario: la subordinación del trabajador frente al empresario se ha intensificado con las nuevas modalidades contractuales, que otorgan al empleador un poder absoluto de decisión unilateral sobre la actividad laboral, como es el caso de los fijos discontinuos.
El engaño de los contratos indefinidos
Tras perpetuar los aspectos más lesivos de las anteriores reformas laborales, esta nueva legislación se vendió como un remedio para reducir la temporalidad del mercado de trabajo. Este es un problema crónico y estructural del mercado de trabajo. Tanto que ha colocado al Estado español en la cima de las tasas de temporalidad y desempleo de la Unión Europea durante décadas −hoy en día sigue situándose a la cabeza en cuanto a desempleo, doblando la media europea−.
Fuera de todo tipo de contexto y sin ningún otro dato que la acompañe, negar que la tasa de temporalidad ha descendido sería negar una obviedad. Es así como presenta el gobierno esta tasa, y aprovecha cada ocasión para poner en valor su proyecto. En concreto, la tasa de temporalidad del Estado español se vio reducida de manera considerable al situarse en torno al 16%, cuando antes de la reforma rondaba el 30%. Este descenso sigue sin ser suficiente a la hora de equipararla a la media comunitaria, que se sitúa en el 13,5%. No obstante, si sumásemos los fijos discontinuos por la eventualidad de su trabajo, esta tasa superaría el 20%. Asimismo, a pesar de este aparente descenso de la tasa de temporalidad, los datos siguen evidenciando que la mayoría de los nuevos contratos iniciales siguen siendo temporales. En el caso concreto de Hego Euskal Herria, a pesar del aumento de la contratación indefinida, la mayoría de los contratos firmados en marzo de 2024 fueron de carácter temporal. En concreto, tres de cada cuatro. A su vez, sólo el 20% de todos los contratos firmados en el Estado español en el mes de marzo fueron indefinidos a jornada completa. El restante 80% se dividió entre contratos temporales, a jornada parcial y fijos discontinuos [2].
Todavía hay más. El descenso significativo de la tasa de temporalidad no ha supuesto cambios en la dinámica de creación y destrucción de empleo diario estatal, lo cual implica que la duración del empleo y la rotación laboral permanezcan inalteradas, pero hay una diferencia: ahora esto se ve reflejado en los contratos indefinidos. Esto ocurre debido a que la nueva composición de los contratos laborales replica los mismos patrones anteriores a la reforma [3].
Despedir sigue siendo extremadamente barato y los empresarios gozan de total impunidad para rescindir contratos a su antojo. Es importante tener en cuenta que, si la extinción del contrato se produce antes de que la relación laboral se afiance en el tiempo, el coste de rescisión es realmente bajo. Solamente una regulación laboral que profundice en esta naturaleza puede permitirse esta volatilidad del empleo, con una alta rotación de trabajadores entrando y saliendo constantemente del mercado laboral. Esto también se ve refrendado por un aumento importante de los despidos colectivos, especialmente en las grandes empresas. El estado, como garante de la acumulación capitalista, se encargó durante la pandemia de socializar las perdidas empresariales y privatizar los beneficios mediante los ERTEs. Una vez acabadas las bonificaciones, los despidos baratos no han hecho más que crecer. Los despidos colectivos aumentaron un 50% en el último año en el Estado español (de 24.215 a 36.305) [4].
Fijos discontinuos y otras formas de eventualidad
La reforma laboral, por tanto, apuntala la ofensiva capitalista de las condiciones laborales. Por un lado, la inestabilidad del empleo persiste y, además, parece haberse trasladado hábilmente a otras modalidades de contrato, como la de los indefinidos. Por otro lado, ser poseedor de un contrato indefinido no garantiza seguridad laboral ni protección contra el despido. Claro ejemplo de todo ello son los fijos discontinuos.
Esta modalidad permite intercalar períodos de actividad e inactividad dentro de un mismo contrato. Además, esta volatilidad a la que están sometidos los fijos discontinuos no permite aclarar la realidad laboral de estas trabajadoras, algo que perpetúa el Ministerio de Trabajo al no esclarecer la situación, originando una polémica tras otra; sin embargo, sí permite al gobierno blanquear la flexibilidad a la que están sometidos. Es difícil negarla cuando en diciembre de 2023 el 94% de los contratos fijos discontinuos fueron firmados por Empresas de Trabajo Temporal (ETT), mientras que las contrataciones por empresa se desplomaron un 89% en la comparación interanual para ese mismo mes [5]. A pesar de las advertencias previas sobre lo que esta modalidad iba a suponer, la realidad siempre logra sorprendernos.
La rotación a la que están condenados los fijos discontinuos es tal que el pase a inactividad de los empleados con estos contratos se situó como el segundo motivo principal de baja en la afiliación a la Seguridad Social a finales de 2023, abarcando el 20% del total (17.503 bajas de afiliación por día laborable de media en 2023), justo después de la finalización de contratos temporales [6].
La ampliación de las condiciones de uso que permite el contrato fijo discontinuo, junto con las ambigüedades que conlleva, han generado un aumento significativo de su uso. Si bien la función original era salvaguardar la estabilidad laboral frente a las fluctuaciones cíclicas o estacionales, las trabajadoras con contrato fijo discontinuo sufren una enorme volatilidad a lo largo del año. Los nuevos contratos fijos discontinuos satisfacen la flexibilidad que tanto demandaban los empresarios y la patronal, lo que evidencia la notable pérdida de condiciones laborales en comparación con la situación previa a la reforma, así como la menor duración de los contratos.
El contrato fijo discontinuo acarrea una subordinación total del trabajador, ya que se encuentra totalmente sujeto a la voluntad del contratante. Este puede presionar en todo momento al trabajador, finalizando el periodo de actividad antes de tiempo o amenazándolo con no volver a llamarlo, sin que se ejecute el cese definitivo. De esta manera, el empresario actúa con total impunidad frente a su empleado, el cual se encuentra a expensas de los intereses momentáneos del empresario y bajo la constante amenaza que le puede perjudicar frente a futuros llamamientos.
Los contratos indefinidos que no superan el periodo de prueba también se han convertido en un modo barato de despido en auge. Este periodo de prueba permite al empresario asegurarse de la idoneidad del empleado y de su duración, al posibilitar la rescisión sin derechos derivados de la relación laboral como indemnización. Desde la entrada en vigor de la reforma, los ceses han pasado del 5% antes de la reforma a representar entre un 20% y un 25% −la Seguridad Social apunta que en los diez primeros meses del 2023 se dio de baja a cerca de 825.000 personas por este motivo−, siendo este otro elemento importante a la hora de blanquear la contratación indefinida [7].
En busca de otras salidas: bajas voluntarias y pluriempleo
No es de extrañar que todo este empeoramiento de las condiciones laborales contribuya a un aumento de las dimisiones y los abandonos voluntarios. En 2023, el porcentaje de asalariados que buscaron otro empleo alcanzó niveles máximos en las dos últimas décadas. Tras la entrada en vigor de la reforma laboral, los contratos indefinidos se han convertido en el tipo de contrato mayoritario entre las bajas por abandono voluntario en el Estado español, superando por primera vez las bajas de los contratos temporales [8]. Así, se evidencia que ser indefinido contractualmente no es garante de condiciones de trabajo de calidad.
Es más, el aumento de la parcialidad, la eventualidad de los fijos discontinuos o lo barato que resulta despedir perpetúan aún más la inestabilidad vital de las trabajadoras. Por lo tanto, las bajas voluntarias en los contratos indefinidos nos llevan a concluir que los actuales empleos indefinidos, a pesar de su título, comparten todas las características de los empleos temporales. Esto motiva a buscar otro empleo, sin preocuparse por lo que se deja atrás, como la antigüedad, ya que a día de hoy es más bien escasa.
Estas dimisiones, además, no conllevan una recolocación inmediata, ya que el 60% de las trabajadoras tarda más de dos meses en encontrar empleo o no lo encuentra. Por todo ello, no es de extrañar que la clase trabajadora este prácticamente obligada a pluriemplearse, siendo así el pluriempleo una de las salidas más demandadas [9]. Más aún en un contexto de inflación y encarecimiento de la vida.
Conclusiones
Transcurridos dos años desde la entrada en vigor de la reforma laboral, observamos cómo las críticas realizadas en su momento se ven refrendadas. Ya sea respecto a su interés de clase, a su propósito o a toda la propaganda que la acompañó. Ahora podemos afirmar que, lejos de solucionar los problemas del mercado laboral del Estado español, la reforma los apuntala. Y no es casualidad que haya sido implementada con éxito por un gobierno progresista, lo cual ha sido garantía de paz social, bloqueando la articulación de un posible rechazo. Por un lado, presentándose el gobierno como responsable y garante del consenso entre patronal y sindicatos. Por otro, asegurando a través de UGT y CCOO el monopolio tanto de la negociación como del control de la conflictividad en la calle y los centros de trabajo, quedando los sindicatos alternativos con un escaso margen de maniobra. Y finalmente, cerrando filas por la izquierda en el propio gobierno a través de una figura simbólica como la ministra de Trabajo y ahora vicepresidenta Yolanda Díaz. Así pues, la izquierda del Capital se muestra como un gestor de lujo de la burguesía, como agente activo y eficiente de la ofensiva capitalista en marcha contra nuestra clase, en este caso, respecto a sus condiciones de trabajo. Ofensiva con la que la burguesía está aumentando sus márgenes de beneficio, mediante un ataque contra el salario y las condiciones de vida de la clase trabajadora, e impulsando para ello medidas y reformas que avancen en esa dirección. La reforma laboral de 2021 está entre ellas.
Mediante esta modificación del marco laboral, se amplía y generaliza la precarización y la flexibilización del mercado de trabajo en busca de unas tasas de ganancia que no se sostienen por sí solas. El estado, como capitalista colectivo, reproduce las condiciones para la explotación del trabajo y para ello establece el marco legal más adecuado para cada contexto, garantizando la continuidad de las relaciones capitalistas. En este contexto de crisis capitalista, las condiciones de trabajo empeoran, de modo que estas tienden a igualarse por abajo. Aunque la tasa de temporalidad contractual haya disminuido, cada vez es más reducida la diferencia entre las condiciones de los trabajadores, sean estos fijos o eventuales. La reforma laboral no ha sido capaz de frenar el empeoramiento de las condiciones de trabajo, al contrario, ha contribuido a ello mediante nuevas modalidades de contrato. Los nuevos contratos indefinidos no ganan en seguridad ni en estabilidad, incluso pierden en duración. Además, el paro sigue mostrando un carácter estructural, junto con un amplio ejército de reserva que entra y sale del mercado de trabajo gracias a que el despido se mantiene igual de barato. En definitiva, la patronal dispone de mano de obra barata y flexible con la ayuda del estado, que se encarga de garantizar la acumulación, incluso socializando pérdidas cuando es necesario.
La modernización del aparato productivo del Estado español pasa por ofrecerle a la inversión capitalista el mejor escenario posible. De ello se encarga la izquierda tratando de reeditar un nuevo pacto social entre la patronal, los sindicatos y el gobierno, entre otras cosas para devaluar la fuerza de trabajo, ya sea mediante la precarización generalizada de las condiciones laborales o el estancamiento de los salarios. No importa el propósito de la inversión siempre y cuando este relance la ganancia capitalista, ya sea destruyendo entornos naturales o promoviendo industrias militares que avancen en la escalada bélica. Para ello, también se encargan de mantener subordinado al proletariado de la periferia a expensas de mantener los intereses de unas clases medias en claro proceso de contracción. Moderación y tibieza con los empresarios a costa de una mayor subordinación del proletariado nacional e internacional; ese es el proyecto progresista de la izquierda del Capital.
Por último, frente a toda esta miseria laboral a la que nos condenan, el estado emerge cada vez más como una institución represora contra toda organización que le haga frente, también en el ámbito laboral. Durante estos años de gobierno progresista la criminalización de la protesta ha seguido incrementándose. Un claro ejemplo de esta tendencia autoritaria es la criminalización de la acción sindical más básica. Los empresarios, los políticos, los jueces y los medios de comunicación son parte activa de ello, ya que buscan disuadir la organización y limitar aún más los ya reducidos márgenes para la lucha, cuando las condiciones laborales no hacen más que empeorar.
Ante esta situación, nos toca trabajar para reforzar y extender la organización comunista, también en el ámbito laboral. Promoviendo la organización independiente de clase y la autodefensa frente a la ofensiva burguesa, y conectando las luchas inmediatas con la construcción de una alternativa socialista frente a un capitalismo y sus gestores que no nos ofrecen más que miseria.
REFERENCIAS
[2] Resumen de datos estadísticos, marzo de 2024. SEPE
[3] Conde-Ruiz, J.I., Garcia M., Puch, L. A., Ruiz, J. (2023). Reforming dual labor markets: ‘empirical’ or ‘contractual’ temporary rates? (No. 2023-36). Fedea
[7] Líneas de fuga en el mercado de trabajo tras la reforma laboral, La Brecha (CGT), 18, 2023; https://elpais.com/economia/negocios/2023-12-31/asi-funciona-el-fraude-de-los-periodos-de-prueba-para-que-las-empresas-ahorren-en-indemnizaciones.html
[8] Observatorio Trimestral del Mercado de Trabajo, febrero de 2024, BBVA Research; https://laboral.fedea.net/
[9] https://gedar.eus/es/aktualitatea/inoizko-enplegu-aniztasun-handiena-zenbatu-da-espainiako-estatuan/
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Lan-erreformak bi urte: ofentsiba kapitalistan beste pauso bat
Azken lan-erreforma indarrean sartu zenetik bi urte bete dira Espainiako Estatuan, eta garrantzitsua da epe horretan izan dituen eraginaren eta eraginkortasunaren inguruan hausnartzea. Lan-erreforma aurreko legegintzaldiko apustu nagusietako bat izan zen, eta gobernu berriak, ahal duen guztietan, bere ustezko emaitzak balioesten ditu behin eta berriz. Emaitza horietatik gehienak aurreikusteko modukoak ziren, eta, Espainiako Estatuko lan-merkatuko arazo nabarmenak konpondu ordez, horiek estatistikoki mozorrotu besterik ez du egin erreformak.
Hilero, lan-merkatuak ematen dituen datu berriak ospatzera ateratzen da Lan Ministerioa, erreformaren ustezko eraginkortasuna nabarmendu nahian. Onartu behar da eszenaratze ona egiten dutela, dena ondo doala sinetsarazteko rola antzezteko makillaje eta aktore trebe ugarirekin; nahiz eta gero errealitatea bestelakoa izan. Ministeriotik helarazi nahi diguten euforia-sentsazio horrek kontraste handia egiten du, ordea, langile-klasearen errealitatearekin, ikusten baitu bere lan-baldintzak ez direla apenas hobetu azken bi urteetan.
Orduan, zer gertatu da benetan? Behin-behinekotasun tasaren murrizketa soilik kontratu motaren araberakoa izan da, eta, horrela, erreformak lan-prekaritatea eta ezegonkortasuna murrizteko izan duen eragina oso txikia izan da. Funtsean, ez du ezertarako balio aldi baterako kontratuak murrizteak, horien ondorioak eta ezaugarriak aldatu gabe mantentzen badira, beste kontratu mota batzuen pean. Are gehiago, lan-kontratuen sorrera-, suntsipen- eta iraupen-joerak ia berdinak dira erreformaren aurretik eta ondoren.
Adam Radomskik 2022an hedabide honetan adierazi bezala [1], Kapitalaren behar koiunturalei erantzuteko lan-araudiaren egokitzapen gisa ulertu behar da lan-erreforma. Funtsezkoa da erreforma hori sortu zen testuinguruan kokatzea: sistema kapitalistaren metatze-krisian. Horrela, bada, ikus dezakegu logika zabalago baten parte dela, langile-klasearen bizi-baldintzak ahultzea eta lan-indarraren erabilera are gehiago malgutzea helburu dituena, izoztuta dauden hazkunde-tasak sustatzeari begira. Hori, gainera, inflazio-aldi larri batekin batera gertatu da.
Hala ere, azpimarratu behar da, kasu honetan, Kapitalaren ezkerraren neurri aurrerakoi gisa aurkeztu zitzaigula erreforma. Horrela, propagandaren bidez, neurri onuragarri gisa saldu da, langile-klasearentzat nabarmena denean proletarioen bizitza- eta lan-baldintzak hobetzeko gaitasunik ez duela; are gehiago, bere menderatze-egiturak betikotzen jarraitzen ditu.
Lan-erreformak ez du inola ere zalantzan jarri irabazi kapitalista; nolanahi ere, bere beharren arabera moldatu da. Ez du enpresaburuek lan-baldintzak definitzeko orduan duten boterea mugatzeko ahalegin txikienik ere egin. Are gehiago, jarraian ikusiko dugun moduan, justu kontrakoa esan genezake: langileak enpresaburuaren aurrean duen mendekotasuna areagotu egin da kontratu-mota berriekin, enplegu-emaileari lan-jarduerari buruzko alde bakarreko erabaki-ahalmen absolutua ematen baitiote, hala nola, aldizkako finkoen kasuan.
Kontratu mugagabeen iruzurra
Aurreko lan-erreformen alderdirik kaltegarrienak betikotu ondoren, lan-merkatuaren behin-behinekotasuna murrizteko irtenbide gisa saldu zen erreforma berria. Behin-behinekotasunaren arazoa lan-merkatuko arazo kroniko eta egiturazko bat da. Hainbesteraino ezen, hainbat hamarkadaz, Espainiako Estatua izan den Europar Batasunean behin-behinekotasun eta langabezia-tasarik handienak izan dituena −gaur egun ere buruan dago langabezia-tasari dagokionez, Europako batez bestekoa bikoiztuz−.
Edozein testuingurutatik kanpo eta beste daturik gabe, behin-behinekotasun tasa jaitsi egin dela ukatzea begi-bistakoa ukatzea litzateke. Horrela aurkezten du gobernuak tasa hori, eta duen aukera bakoitza baliatzen du bere proiektua balioesteko. Zehazki, Espainiako behin-behinekotasun tasa nabarmen jaitsi da, %16 ingurura arte, erreformaren aurretik %30 ingurukoa zenean. Hala ere, beherakada hori ez da nahikoa Europako batez bestekoaren parekoa izateko, %13,5ekoa baita. Datu horietan aldizkako finkoak ere kontuan izango bagenitu, %20tik gorakoa izango litzateke tasa. Era berean, behin-behinekotasun tasa itxuraz jaitsi arren, datuek agerian uzten dute egiten diren kontratu berrien gehiengoak aldi baterakoak izaten jarraitzen duela. Hego Euskal Herriko kasuan, esaterako, kontratazio mugagabeak gora egin arren, 2024ko martxoan sinatutako kontratu gehienak aldi baterakoak izan dira. Zehazki, lautik hiru. Halaber, martxoan Espainiako Estatuan sinatutako kontratu guztien %20 baino ez ziren lanaldi osoko kontratu mugagabeak izan. Gainerako %80 aldi baterako kontratuak, lanaldi partzialak eta aldizkako finkoak izan ziren [2].
Gehiago dago oraindik. Behin-behinekotasun tasaren jaitsiera esanguratsuak ez du aldaketarik eragin Espainiako Estatuan eguneroko enplegua sortzeko eta suntsitzeko dinamikan, eta horrek esan nahi du enpleguaren iraupena eta lan-errotazioa ez direla aldatu. Hori bai, aldaketa nabarmen batekin: orain hori guztia kontratu mugagabeetan islatzen dela; izan ere, lan-kontratuen osaera berriak erreformaren aurreko eredu berdinak ditu [3].
Kaleratzea oso merkea da oraindik ere, eta enpresaburuek zigorgabetasun osoa dute kontratuak nahi bezala deuseztatzeko. Kontuan hartu behar da kontratua lan-harremana denboran finkatu baino lehen amaitzen bada, desegite-kostua oso txikia dela. Mota horretan sakontzen duen lan-arautze batek bakarrik baimentzen du enpleguaren aldakortasun hori, langileen errotazio handi batekin: lan-merkatuan etengabe sartzen eta ateratzen dira. Kaleratze kolektiboak ere nabarmen hazi dira, batez ere enpresa handietan. Estatuak, metaketa kapitalistaren berme gisa, enpresa-galerak sozializatzeko eta irabaziak pribatizatzeko ardura hartu zuen pandemian zehar, Aldi Baterako Enplegu-Erregulazioko Espedienteen bidez. Hobariak amaitu ondoren, kaleratze merkeak hazi besterik ez dira egin. Horren adierazle da nola Espainiako Estatuan kaleratze kolektiboak %50 hazi diren azken urtean (24.215etik 36.305era) [4].
Aldizkako finkoak eta beste behin-behinekotasun mota batzuk
Lan-erreformak, beraz, lan-baldintzen ofentsiba kapitalista bultzatzen du. Alde batetik, enpleguaren ezegonkortasunak bere horretan jarraitzen du eta, gainera, modu trebean, beste kontratu mota batzuetara tokialdatu dute; hau da, mugagabeetara. Bestalde, kontratu mugagabea izateak ez du bermatzen lanean egonkortasuna izatea, ez eta kaleratzearen aurkako babesa izatea ere. Horren guztiaren adibide dira aldizkako finkoak.
Modalitate horrek aukera ematen du, kontratu berean, jarduera-aldiak eta jarduerarik eza tartekatzeko. Gainera, modu ez jarraituan ari diren langileei ezartzen zaien aldakortasunak ez du aukerarik ematen langile horien lan-errealitatea argitzeko. Lan Ministerioak, egoera hori argitzetik urrun, hura betikotzen du, eta langileei ezartzen zaien malgutasuna zuritzeko erabiltzen du. Zaila da errealitate hori ukatzea, esaterako, 2023ko abenduan, Aldi Baterako Laneko Enpresak (ETT, gazteleraz) izan zirenean aldizkako finkoen kontratuen %94 sinatu zituztenak; aldiz, enpresa bidezko kontratazioak %89 jaitsi ziren hilabete horretako urte arteko alderaketan [5]. Modalitate horrek zer ekarriko zuen aldez aurretik ohartarazi zen arren, errealitateak beti harritzen gaitu.
Aldizkako finkoak kondenatuta dauden errotazio-maila horrenbestekoa da ezen langile horien jarduera eza 2023an Gizarte Segurantzako afiliazioan baja emateko bigarren arrazoi nagusia izan zen (aldizkako kontratuak amaitu ondoren). Hau da, 2023an gauzatutako afiliazio-bajen %20 izan ziren arrazoi horren ondorio (batez besteko lanegun bakoitzeko 17.503 baja, 2023an) [6].
Era berean, aldizkako finkoen kontratuak ahalbidetzen dituen erabilera-baldintzek eta dakarren anbiguotasunak modu esanguratsuan areagotu dute hura erabiltzea. Hau da, nahiz eta jatorrizko funtzioa fluktuazio ziklikoen edo urtaroko lanen aurka lan-egonkortasuna babestea izan, orain, aldizkako kontratu finkoa duten langileek aldakortasun handia dute urte osoan zehar. Azken finean, aldizkako kontratu finko berriek enpresaburuek eta patronalak hainbeste eskatzen zuten malgutasunari erantzuten diote. Horrek agerian utzi du lan-baldintzen galera nabarmena eta kontratuen iraupen txikiagoa, erreformaren aurreko egoerarekin alderatuta.
Aldizkako finkoen kontratuak langilearen erabateko menpekotasuna dakar, kontratatzailearen menpe baitago erabat. Hark edozein unetan presioa egin diezaioke langileari, jarduera bera behar baino lehenago amaituta edo berriro ez duela deituko esanez mehatxatuta, lan-jarduera behin betiko amaitu gabe. Horrela, enpresaburuak erabateko inpunitatez jokatzen du bere enplegatuaren aurka; izan ere, langilea enpresaburuaren uneko interesen arabera mugatuta dago, eta etorkizuneko lanerako deien aurrean kalte egin diezaiokeen mehatxu etengabearen pean.
Horrez gain, probaldia gainditzen ez duten kontratu mugagabeak kaleratzeko modu merke bat bihurtu dira. Probaldi horrek aukera ematen dio enpresaburuari langilearen egokitasuna eta iraupena kontrolatzeko, lan-harremanetik eratorritako eskubiderik gabe kontratua desegitea ahalbidetuz. Erreforma indarrean sartu zenetik, %5 izatetik, %20 eta %25 artean izatera pasatu dira kontratu deuseztatzeak −Gizarte Segurantzak dio, 2023ko lehen hamar hilabeteetan, arrazoi horrengatik eman zitzaiela baja 825.000 langileri−. Horra beste elementu garrantzitsu bat kontratazio mugagabeak zuritzeko [7].
Beste irteera batzuen bila: borondatezko bajak ta enplegu aniztasuna
Ez da harritzekoa lan-baldintzen okertze horrek guztiak dimisioak eta borondatezko uzteak areagotzea. 2023an, beste enplegu bat bilatu zuten soldatapekoen ehunekoa goreneko mailara iritsi zen azken bi hamarkadak kontuan hartzen baditugu. Lan-erreforma indarrean sartu ostean, Espainiako Estatuan, kontratu mugagabeak bihurtu dira kontratu mota nagusia borondatezko uzteen ondoriozko bajen artean, eta, lehen aldiz, aldi baterako kontratuetako bajak gainditu ditu [8]. Hala, argi dago kontratu mugagabea izateak ez duela bermatzen kalitatezko lan-baldintzarik.
Partzialtasuna areagotzeak, aldizkako finkoen behin-behinekotasunak edo kaleratzea hain merkea izateak are gehiago betikotzen dute langileen bizi-ezegonkortasuna. Horregatik, kontratu mugagabeetan borondatezko bajak izateak ondorio honetara garamatza: egungo kontratu mugagabeek, nahiz eta izenez mugagabeak izan, aldi baterako lanpostuen ezaugarri berberak dituzte. Horrek bultzatzen du langilea beste enplegu bat bilatzera, atzean uzten denaz arduratu gabe; antzinatasunaz kasu, gaur egun urria baita.
Dimisio horiek, gainera, ez dakarte berehalako birkokatze bat, izan ere, langileen %60k bi hilabete baino gehiago behar dituzte lana aurkitzeko, edo ez dute aurkitzen. Horregatik guztiagatik, ez da harritzekoa langile-klasea enplegu-aniztasunera behartuta egotea, eta enplegu bat baino gehiago izatea da irtenbiderik ohikoenetako bat [9]. Are gehiago inflazioaren eta bizitzaren garestitzearen testuinguru gordinean.
Ondorioak
Lan-erreforma indarrean sartu eta bi urte igaro ondoren, bere garaian egindako kritikak berresten direla ikusi dugu, erreforma horren klase-interesari, asmoari eta propagandari dagokienez. Orain esan dezakegu, Espainiako Estatuko lan-merkatuko arazoak konpondu beharrean, horiek betikotu egiten dituela erreformak. Eta ez da kasualitatea gobernu aurrerakoi batek arrakastaz ezarri izana: bake sozialaren berme izan da eta balizko arbuio baten artikulazioa blokeatu du. Alde batetik, gobernua patronalaren eta sindikatuen arteko adostasunaren erantzule eta berme gisa aurkeztu dute. Bestetik, UGTren eta CCOOren bidez, negoziazioaren monopolioa eta kaleko zein enpresetako gatazken kontrola mantentzea ziurtatu du, eta gainontzeko sindikatuei maniobra-tarte txikia geratu zaie. Eta, azkenik, gobernuan bertan ezkerretik babestu dira, Lan ministro eta orain lehendakariorde den Yolanda Diaz bezalako irudi sinboliko baten bitartez. Beraz, Kapitalaren ezkerra eragile aktibo eta eraginkor gisa ageri da gure klasearen aurkako ofentsiba kapitalistan, kasu honetan, lan-baldintzei dagokienez. Ofentsiba horren bidez, burgesiak irabazi-marjinak handitzen jarraitzen du, langile-klasearen soldatari eta bizi-baldintzei eraso eginez. Norabide horretan sakontzen duten neurriak eta erreformak sustatzen ari dira, eta, adibidez, horren adierazle da 2021eko lan-erreforma.
Lan-esparruaren aldaketa horren bidez, lan-merkatuaren prekarizazioa eta malgutasuna orokortu eta areagotu egiten dira, bere horretan mantentzen ez diren irabazi-tasak bultzatzeko. Estatuak, kapitalista kolektibo gisa, lana esplotatzeko baldintzak erreproduzitzen ditu, eta, horretarako, testuinguru bakoitzerako egokiena den lege-esparrua ezartzen du, harreman kapitalistek jarraitzea bermatuz. Krisi kapitalistaren testuinguru horretan, lan-baldintzek okerrera egiten dute, eta, ondorioz, behetik berdintzeko joera izaten da. Kontratuaren behin-behinekotasun tasa murriztu bada ere, gero eta txikiagoa da langileen baldintzen arteko aldea, kontratu mugagabeak edo aldi baterakoak izan. Lan-erreforma ez da lan-baldintzen okerragotzeari aurre egiteko gai izan; aitzitik, okerragotze horretan lagundu du, kontratu-mota berrien bidez. Kontratu mugagabe berriek ez dute segurtasunik edota egonkortasunik lortzen, are gehiago, iraupenean galtzen dute. Gainera, langabeziak egiturazko izaera erakusten jarraitzen du, kaleratzea merke mantentzeari esker, lan-merkatura sartzen den eta handik irteten den erreserbako armada zabal batekin batera. Azken finean, patronalak eskulan merke eta malgua du eskura estatuaren laguntzarekin, zeinaren ardura den kapital-metaketa bermatzea, baita, beharrezkoa bada, galerak sozializatzea ere.
Espainiako Estatuaren produkzio-aparatua modernizatzeko, inbertsio kapitalistari ahalik eta agertokirik onena eskaintzen zaio. Horretaz arduratzen da ezkerra, besteak beste, patronalaren, sindikatuen eta gobernuaren arteko itun sozial berri bat berreginez; besteak beste lan-indarra debaluatzeko, izan lan-baldintzen prekarizazio orokorraren bidez, edo izan soldaten geldialdiaren bidez. Ez du axola inbertsioaren xedeak, baldin eta irabazi kapitalista erakartzen badu; dela ingurune naturalak suntsitzen, dela gerra-eskaladan aurrera egitea eragiten duten industria militarrak sustatzen. Horretarako, periferiako proletalgoa ere mendean mantendu behar dute, uzkurtze-prozesuan dagoen erdi-mailako klasearen interesak mantentzeko. Moderazioa eta epelkeria enpresaburuekin, nazioko eta nazioarteko proletarioen mendekotasun handiago baten truke; hori da Kapitalaren ezkerraren proiektu aurrerakoia.
Azkenik, kondenatzen gaituzten lan-miseria horren guztiaren aurka, estatua geroz eta sarriago ageri da agente errepresiogile gisa, kontra egiten dion antolakuntza-modu ororen aurka; baita lan-esparruan ere. Gobernu aurrerakoiaren urte hauetan, protestaren kriminalizazioak gora egiten jarraitu du. Joera autoritario horren adibide garbi bat da ekintza sindikal oinarrizkoenaren kriminalizazioa, besteak beste. Azken batean, enpresaburuak, politikariak, epaileak eta komunikabideak parte aktibo dira horretan: antolakuntza uxatzea eta borrokarako jada murriztuta dauden marjinak are gehiago mugatzea bilatzen dute, lan-baldintzek okerrera baino egiten ez dutenean.
Egoera honen kontra, antolakuntza komunista indartzeko eta hedatzeko lan egin behar dugu, baita lan-esparruan ere. Baina, horretarako, ezinbestekoa da antolakuntza independentea eta ofentsiba burgesaren aurkako autodefentsa sustatzea, berehalako borrokak une oro lotuz alternatiba sozialista baten eraikuntzari, miseria besterik eskaintzen ez diguten kapitalismoaren eta bere kudeatzaileen aurrean.
ERREFERENTZIAK
[2] Datu estatistikoen laburpena, 2024ko martxoa. SEPE
[3] Conde-Ruiz, J.I., Garcia M., Puch, L. A., Ruiz, J. (2023). Reforming dual labor markets: ‘empirical’ or ‘contractual’ temporary rates? (No. 2023-36). Fedea
[7] Líneas de fuga en el mercado de trabajo tras la reforma laboral, La Brecha (CGT), 18, 2023; https://elpais.com/economia/negocios/2023-12-31/asi-funciona-el-fraude-de-los-periodos-de-prueba-para-que-las-empresas-ahorren-en-indemnizaciones.html
[8] Lan-Merkatuaren Hiruhileroko Behatokia, 2024ko otsaila, BBVA Research; https://laboral.fedea.net/
[9] https://gedar.eus/es/aktualitatea/inoizko-enplegu-aniztasun-handiena-zenbatu-da-espainiako-estatuan/
