La decisión de la Corte Suprema de Justicia de Argentina de confirmar la condena a 6 años de prisión domiciliaria para Cristina Fernández de Kirchner y la inhabilitarla políticamente por el resto de su vida,
Cristina Kirchner, quien niega los cargos en su contra, afirma ser víctima del lawfare, una persecución política, mediática y judicial que busca proscribirla.
Según la exmandataria, es inadmisible que un jefe de Estado sea responsabilizado por cómo se manejan las licitaciones públicas, que son administradas por una decena de instancias, tanto nacionales como provinciales.
Por otra parte, la expresidenta ha señalado que durante sus gobiernos los presupuestos que contemplaban los gastos cuestionados fueron aprobados por el Congreso.
Y que, en todo caso, quien «ejecuta el presupuesto es el jefe de Gabinete, no el presidente o presidenta de la nación», a pesar de lo cual, en la causa no fue procesado el primer jefe de Gabinete que tuvo el kirchnerismo entre 2003 y 2008: Alberto Fernández, a quien CFK eligió como candidato a la presidencia, con ella como vice, en 2019, y con quien mantuvo una áspera relación cuando gobernaron, antes de la llegada de Milei.
Otra base fundamental de su defensa fue que, durante los juicios, la Fiscalía no produjo evidencia alguna que la vinculara directa y personalmente con la concesión de obras a Lázaro Báez, algo que también ha sido cuestionado por algunos juristas.
bbc
