Un juez federal argentino ordenó este miércoles a compañías británicas e israelíes que dejen de desarrollar un yacimiento petrolífero frente a las Islas Malvinas, abriendo un nuevo frente legal en la disputa de soberanía de décadas entre Argentina y Gran Bretaña que, en una jugada para la tribuna, en expresión futbolera del Río de la Plata, el presidente argentino Javier Milei ha revivido en las últimas semanas.
La orden judicial de la jueza Mariel Borruto apunta al proyecto petrolero Sea Lion a 220 kilómetros (140 millas) al norte del archipiélago controlado por los británicos en el Atlántico Sur, prohibiendo perforaciones, instalaciones en alta mar y construcción de puertos hasta que las autoridades argentinas puedan realizar una revisión ambiental y emitir una decisión.
Pero en la práctica, es poco probable que la orden detenga el progreso del proyecto. El juez Borruto reconoció que la aplicación “depende de la cooperación internacional y la conducta” de las dos empresas, la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, que ya han prometido seguir adelante con el proyecto a pesar de las amenazas de sanciones más duras de Milei contra ellas y otras empresas que operan en las islas.
