Mi anterior artículo sobre economía y falacias fue muy debatido en redes sociales. Menciono el caso para referirme a cierta polémica recurrente en varias cuentas de Facebook y Telegram, sobre qué entender por ciencia, y qué por la mera opinión de un científico.
Hubo quienes, de algún modo, equipararon ambos conceptos; pero lo cierto es que hace más de 2 300 años los griegos tenían claras las diferencias. Para estos, una cosa era la «doxa» y otra la «episteme».
La doxa es la opinión: conocimiento fenoménico, ideas basadas en la apariencia de las cosas, lo cual puede resultar engañoso. La episteme, en cambio, se relaciona con la ciencia: conocimiento basado en datos, hechos objetivos, información contrastada.
Todos tenemos una opinión, seamos científicos o no. En lógica, se ha identificado una falacia llamada argumento ad verecundiam, que consiste en basar la veracidad o falsedad de una afirmación en la autoridad, fama, conocimiento o posición de quien la realiza. Lo cierto es que la veracidad de un hecho no depende de quien lo exprese, sino de las pruebas o argumentos que se presenten.
Ahora leía yo un artículo, aparecido en un medio extranjero, en el que se afirma que 2023 dejó un sabor amargo en nuestro país; alusión que luego se pretendía argumentar mediante una lista de abstracciones.
Entre otras, se decía que (las autoridades y medios oficiales) abusan de «frases que han ido perdiendo su significado»; que se hace mención al bloqueo para justificar «ineficiencias propias», que hay «resistencia pasiva», «incompetencia»…
Esto claramente no es ciencia. Son eslóganes, frases hechas, adjetivos disuasivos que, por su contundencia emocional y la exclusión de matices, no admiten trámite inteligente alguno.
Se hace abuso del concepto lingüístico y semántico conocido por «polaridad», mediante el cual las palabras negativas atraen, por concordancia, otras palabras negativas.
En fin, recursos típicos de la retórica de la desinformación, aunque no los únicos: también es posible apreciar demonización, uso de estereotipos y redefinición semántica.
En cuanto a este último artificio, resulta curioso que el autor se lamente de supuestas frases que pierden significado, y de inmediato sea él mismo quien incurra en una clara resemantización del término bloqueo.
O sea, intenta aportarle otro significado a esa palabra. De repente, bloqueo ya no parece significar política criminal, recrudecida hasta el extremo, que provoca privaciones y sufrimientos a nuestro pueblo; sino vulgar justificación.
Sería interesante saber qué tipo de inferencia estadística –propia de los estudios sociológicos– aplicó para llegar a esas conclusiones.
En fin, todo lo anterior también puede englobarse en la llamada «falacia de reificación»: tendencia a convertir entidades abstractas, de difícil cuantificación, en entidades lógicas ajustadas a un determinado esquema conceptual.
También es curioso que las medidas tomadas a finales del año pasado respondan a cuestiones que antes ha propuesto ese mismo autor.
Estas combinan políticas fiscales, monetarias y cambiarias, con el objetivo de bajar la inflación o alcanzar una posición viable de la balanza de pagos.
Pudieran funcionar o no, quizá habría que tomar otras; pero son clásicas en un programa de estabilización macroeconómica tantas veces demandado. Cuando un mismo hecho es válido o no, según la conveniencia de quien lo expone, significa que se ha usado una «falacia relativista».
El espacio de que dispongo no alcanza para más, así que solo expondré una última falacia de entre las tantas empleadas en el artículo: la conocida como «de las muchas preguntas». Esta suele ser usada, retóricamente, para dar a entender la presunción o conocimiento de la respuesta por parte de quien la realiza. Es también una manera de coaccionar al interlocutor para que admita lo que antes se ha expuesto.
Una de las preguntas dice: ¿Acaso esa recaudación permitirá reducir significativamente el peso del déficit en el producto interno? Se refiere a los nuevos aranceles e impuestos a las mipymes, y, por lo que antes nos relata, se supone que la respuesta sea no.
Veamos entonces si tiene razón. Se prevé que el incremento del déficit fiscal para este año sea de unos 50 000 millones de pesos. En 2023, las mipymes importaron unos mil millones de dólares, que les reportaron altas tasas de ganancia. Por cada dólar invertido podemos presumir que ingresaron unos 600 pesos. Un tributo de apenas 50 pesos por dólar les sigue reportando altas tasas de ganancia, y, si hacemos una simple operación matemática, vemos que, solo con esa medida, el país ingresaría justo lo que tiene como incremento de déficit fiscal: 50 000 millones de pesos.
Como dice un viejo adagio: dato mata relato. El caso es que tributar al Presupuesto es deber moral y obligación legal. Los médicos, maestros y demás trabajadores del sector presupuestado tienen que cobrar sus salarios.
(Diario Granma)
