El Gobierno de Alemania está constituido por una coalición de conservadores y socialdemócratas. Este bajo el liderazgo del canciller Friedrich Merz, presentó el pasado martes en Berlín un proyecto de reforma estructural para el sistema federal de pensiones.
Una comisión de “expertos independientes” ha elaborado un informe “técnico, en el que se contempla retrasar la edad mínima de jubilación hasta los 70 años de manera gradual e introducir un modelo de capitalización privada obligatoria complementaria a la asignación pública ordinaria.
El Ejecutivo germano pretende aplicar en su integridad las 33 medidas que componen el documento macroeconómico, con el objetivo explícito de iniciar la primera fase de tramitación legislativa durante la segunda mitad de este año para acelerar su entrada en vigor de cara a las próximas décadas.
El núcleo de la reforma establece que a partir de 2031, año en el que concluye el actual proceso de transición que fija el retiro a los 67 años para los nacidos a partir de 1964, se activará un nuevo mecanismo de “ajuste automático” ligado de forma directa al aumento de la esperanza de vida. Bajo estas previsiones, la edad mínima de jubilación se incrementará en seis meses cada década a partir de 2032, provocando que las generaciones que accedan al retiro a partir del año 2092 deban hacerlo obligatoriamente a los 70 años.
Todo este retroceso para la población alemana ha sido defendido por el canciller Merz. Este siniestro individuo ha expresado que “sin estas modificaciones de calado el nivel de las prestaciones públicas descendería inevitablemente”.
La otra novedad del proyecto, inspirada de manera directa en el modelo de capitalización implementado en los países escandinavos como Suecia, obligará a los asalariados y a las corporaciones a invertir de forma conjunta en el mercado de capitales para complementar el fondo público tradicional.
Esta medida implicará una carga adicional gradual que se activará a partir de 2028 con incrementos anuales del 0,5% en la tasa de cotización, hasta alcanzar un recargo fijo del 2% en 2031, un coste que, según el Gobierno, asumirán “a partes iguales” entre el empleador y el empleado. De acuerdo con los datos defendidos por el Ejecutivo de Berlín, este flujo de inversión forzosa inyectará un mínimo de 30.000 millones de euros anuales a fondos de inversión privados.
Por su parte, en un acto de desvergüenza, la ministra de Trabajo y copresidenta del Partido Socialdemócrata (SPD), Bärbel Bas, respaldó la propuesta calificándola de “una obra de arte total”.
A todo esto, actualmente, el Gobierno de Merz proyecta un incremento del 28% en el gasto militar de Alemania de cara al año 2027 en detrimento de partidas sociales y sanitarias, consolidando un giro estratégico en la asignación de recursos públicos de lo que fue la principal economía europea.
