De un tiempo ya largo a esta parte, las autoridades alemanas están desarrollando comportamientos que no sólo roza, sino que palpa el fascismo. Lo hemos señalado alguna vez en este diario. Hoy les traemos un caso que, lamentablemente, lo certifica.
El diario digital berlinés Berliner Zeitung ha informado informa que el Parlamento de Berlín ha aprobado una distópica reforma de la Ley General de Seguridad y Orden (ASOG). Según dicha información, esta ley autoriza a la Policía a entrar secretamente en viviendas de “sospechosos” con el propósito de instalar troyanos espía estatales (Staatstrojaner). Y esto podría hacerse en dispositivos como teléfonos móviles u ordenadores, “cuando la instalación remota resulte imposible”.
Esta medida de perverso control ha sido impulsada por la coalición de CDU y SPD, que, por supuesto, ha contado con el apoyo imprescindible de la formación fascista sin careta AfD. La reforma se recoge en los nuevos párrafos 26a y 26b, que regulan la vigilancia de comunicaciones en origen y la búsqueda en línea encubierta.
Ante tamaño atropello, sus defensores defienden la con argumentos muy tópicos y nada convincentes. La senadora de Interior Iris Spranger (SPD), por ejemplo, trata de justificarlo como una “actualización necesaria para combatir el terrorismo en la era digital”. Sin embargo también existen voces críticas que la ven como un allanamiento legalizado que socava el núcleo de la privacidad domiciliaria, que, según la Constitución alemana, artículo 13, es un principio inviolable.
Pero la reforma no se acaba ahí, no se limita a estas intrusiones físicas, ya que amplía el uso de cámaras corporales en espacios privados bajo “sospecha de peligro inminente”, extiende las consultas a celdas de telefonía (áreas geográficas en las que se divide el territorio para proporcionar cobertura en las redes de telefonía móvil) sin conocimiento de los afectados, habilita el escaneo automático de matrículas y permite el reconocimiento biométrico facial y de voz basado en datos accesibles públicamente en internet (como redes sociales y plataformas de fotos) para búsquedas automatizadas, así como el entrenamiento de inteligencia artificial con datos reales de investigaciones policiales.
La posibilidad de control exhaustivo sobre la población que ofrece la Ley General de Seguridad y Orden (ASOG), ya reformada, ha sido calificada por la Comisionada de Protección de Datos de Berlín, Meike Kamp, como un “ataque frontal a la ciberseguridad de todos los ciudadanos”, así como un “nivel de vigilancia constitucionalmente dudoso”.
La medida fue aprobada el pasado 4 de diciembre con más de 700 páginas de reformas, ignorándose muchas de las advertencias de un amplio espectro de actores. La oposición, con Verdes (Grüne) e Izquierda (Die Linke) a la cabeza, denunció un “día negro para los derechos civiles”. Asimismo, en una carta abierta de octubre, firmada por la Asociación Republicana de Abogados (RAV), el Comité por los Derechos Fundamentales (Komitee für Grundrechte) y la Unión Humanista (Humanistische Union), exigió detener el proceso por su potencial discriminatorio, especialmente en el uso de datos públicos para búsquedas biométricas, y por facilitar una “policía predictiva” que estigmatiza grupos marginales como personas sin hogar o migrantes.
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