Ayer se escenificó, en Bilbo, la reciente victoria judicial contra el Gobierno Vasco. La comparecencia de Argilan-ESK, Berri-Otxoak y el Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria constituyó una celebración por una victoria que, aunque parcial, no deja de ser importante.
Sucedió que El Tribunal Supremo de Justicia del País Vasco (TSJPV) decidió anular el artículo del Reglamento de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) que exigía acreditar la titularidad de una vivienda o un contrato de alquiler para recibir la ayuda. La sentencia, que invalida el artículo 2.2 del Decreto 173/2023, considera que este requisito “carecía de respaldo legal y suponía un obstáculo injustificado para quienes viven en alojamientos sin título legal”. Este artículo, tal y como lo impuso el Gobierno Vasco afectaba especial y muy negativamente a mujeres trabajadoras, personas inmigrantes y jóvenes.
Las organizaciones mencionadas calificaron la resolución como una “victoria parcial”, advirtiendo que forma parte de “una lucha más amplia contra las políticas del Gobierno Vasco” que, según denuncian, “buscan excluir a los sectores más vulnerables de la prestación”.
Argilan-ESK, Berri-Otxoak y el Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria denunciaron el endurecimiento de los controles por parte del servicio autonómico de empleo Lanbide y la Ertzaintza, ya que estos han reducido de manera notable el número de beneficiarios que comparten vivienda: de 15.118 unidades en enero de 2023 a 9.246 en diciembre de 2024, lo que representa una caída del 38,8%.
Las organizaciones que comparecieron expresaron que se confirma que “frente al recorte de derechos económicos y políticos, la organización es efectiva”. Mostraron, además, su compromiso de continuar la movilización contra los recortes en las prestaciones sociales y la criminalización de la pobreza, por lo que hicieron un llamamiento a las personas afectadas a unirse a la organización y la resistencia colectiva.
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