Durante la dictadura, la sede estuvo vinculada a la actividad policial contra opositores políticos, sindicalistas, estudiantes y otros ciudadanos considerados contrarios al régimen. Testimonios de antiguos detenidos y documentación reunida durante el procedimiento administrativo describen interrogatorios, privaciones de libertad y episodios de represión en los calabozos de la jefatura. Esa es la razón jurídica que llevó a proteger una zona concreta del inmueble, no una valoración genérica sobre toda la historia de la Policía española ni sobre todas las personas que pasaron por aquellas oficinas. Pero… .
Sesenta policías nacionales han pedido a la Junta que la antigua comisaría de la Gavidia deje de ser considerado un lugar de memoria democrática. También piden al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que no permita la instalación de una «exposición o muestra que denigre la profesionalidad y dignidad de cientos de policías» en el hotel que se está construyendo en el edificio.
Los policías apuntan que en los próximos meses tendrá lugar la apertura del hotel Thompson y que el Ayuntamiento de Sevilla ha suscrito un acuerdo con el hotel para que en una parte de sus dependencias se instale un centro de interpretación de la memoria democrática, y con ello «preservar la historia de uno de los principales escenarios de la represión franquista».
Los firmantes de la misiva recuerdan que, desde mediados de los años sesenta del siglo XX hasta el año 2003, que se cerró, han trabajado allí «miles de policías con total dedicación a la ciudad de Sevilla, cumpliendo en todo momento con las leyes vigentes y entregando su vida varios de ellos en atentados terroristas». Citan al inspector Damián Seco y a los policías Juan Manuel Torres León y Juan Torrebrejano Hita, muertos en acciones del Grapo.
Los policías agradecen a la Guardia Civil que los «librara de una muerte segura cuando los asesinos de ETA pretendían volar el edificio», en referencia a la detención del etarra Henri Parot, que pretendía atentar con un coche bomba contra la Jefatura. «Sería interminable narrar los grandes servicios de la Policía al pueblo de Sevilla. Estamos seguros de que el sevillano anónimo quiere y aprecia a su Policía alejado de odios, rencores y calificaciones injustas, que sacan a relucir quienes quieren manchar el buen nombre y la trayectoria profesional de los policías que hemos trabajado en la Gavidia».
«No es admisible manchar la dignidad, honor y profesionalidad de miles de policías. Lo justo y lo lógico sería que los promotores de semejante declarción presenten las denuncias que consideren ante la autoridad judicial y que sea esta instancia quien determine la supuesta ‘represión y torturas’ que aseguran que se produjeron», insisten los agentes, que apuntan que ninguno de ellos fue condenado por la Justicia.
«Es muy fácil manchar a toda la Policía, a sabiendas de que sus mecanismos de defensa son nulos o escasos. Es muy fácil manipular a la opinión pública con tan escaso rigor. Por eso no se comprende cómo el PP, que se abstuvo en la votación para aprobar la Memoria Histórica en Andalucía, después firme una disposición que afecta en su honor y profesionalidad a cuantos trabajamos en la Gavidia», añaden.
«Al Ayuntamiento y al gobierno del PP le advertimos y recordamos su postura hipócrita y errática, asumiendo en este caso la carga ideológica de la izquierda, sacando a relucir complejos absurdos para decir en público lo contrario que piensan en privado, ¿Cómo explica el PP que entre sus filas de altos cargos figuraran ‘represores y torturadores’ que trabajaron muchos años en la Gavidia?», se preguntan. Y citan, entre otros, al inspector jefe José Antonio Vidal, que fue jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno; al inspector jefe Manuel Luque, que fue subdelegado del Gobierno; o a los comisarios Demetrio Cabello y Jesús Gómez Palacios, que fueron concejales del Ayuntamiento; entre otros.
Entre los firmantes hay comisarios e inspectores jefes. Algunos de ellos desempeñaron altos cargos tanto en la Jefatura como en la Dirección General de la Policía. Todos ellos solicitan al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que derogue el acuerdo por el que se inscriben en el inventario de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía los calabozos de la antigua sede de la Jefatura Superior de Policía.
diariodesevilla/vozpopuli/insurgente
