El consejo de administración de los intereses conjuntos de la clase dominante, al que también llaman Parlamento, está que hierve. Y es que, tras las elecciones, esos “humildes servidores del pueblo” están enfangados en arduas negociaciones para determinar qué secta partidista obtiene mejores prebendas. Pero nada de criticarlos: lo hacen todo por nuestro bien.
Dicen algunos que todo esto es un “teatro”, tras cuyas bambalinas están todos plenamente de acuerdo. Pero, muy al contrario, cada grupo político representa a unos mecenas y lobbies concretos. Unos son industriales, otros agrarios, otros financieros. Algunos de ellos hablan en castellano, otros en vasco, otros en catalán. Para colmo, están en juego muchos carguitos bien remunerados como asesores y etc. Por ello no siempre es fácil que, entre puñalada y puñalada, se pongan de acuerdo.
El caso es que, desde esta tribuna virtual, queremos lanzar una invitación al optimismo. Y es que, en la arena que nos afecta (la económica, claro), nuestros preclaros políticos tienen suficientes puntos de acuerdo como para pactar no una, sino veinte investiduras futuras. ¿Quieren ejemplos?
Christine Lagarde acaba de anunciar que el BCE va a subir nuevamente los tipos de interés, hasta el 4,25%. ¿Qué buscan subiendo una y otra vez los intereses? Que las hipotecas se encarezcan, la gente se empobrezca, consuma menos y eso haga bajar la inflación (no vaya a ser que los multimillonarios depósitos de algunos pierdan valor). ¿Que por el camino se producen cientos de miles de desahucios, una destrucción salvaje de pequeñas empresas y un incremento del paro y el hambre en Europa? Eso son solo daños colaterales (tal vez no deseados, pero tampoco inasumibles).
También ha anunciado Lagarde que los Estados miembros deben retirar los estímulos y ayudas sociales, los cuales solo se consintieron, como excepción, durante la pandemia. ¿Esta es la famosa “Europa social”? Pues no se mantuvo demasiado el New Deal tras caer la “amenaza soviética”. Que efectivamente era una amenaza, pero principalmente por lo que tenía de ejemplo sangrante: empleo, vivienda, transporte y alimentación garantizados desde la cuna hasta la tumba.
A lo que íbamos: ¿sobre qué están negociando entonces nuestros preclaros políticos? ¿Han visto a algún escaño de PP, PSOE, Sumar, Vox o los nacionalistas denunciando estas imposiciones de Bruselas? ¿Alguno ha propuesto que los precios pueden controlarse mejor… sencillamente fijando los precios por ley (incluso si esto implica nacionalizar algún sector de la economía)?
¿Acaso algún preclaro “patriota” de Vox se opone a venderle su patria a los inversores internacionales y a los fondos buitres que compran nuestra deuda, gracias a la inacción del BCE frente a los ataques especulativos? ¿Y los nacionalistas? ¿No sufrirán los pueblos de las nacionalidades históricas esta barbarie social y económica tanto como los castellanos, los manchegos o los murcianos?
¿Algún político del PSOE criticará esa medida impuesta desde Bruselas, como condición para acceder a los Fondos de Recuperación, pero presentada como decisión del gobierno y del ministro Escrivá, que fue la de privatizar la gestión del fondo “público” de pensiones, dejando que La Caixa, BBVA, el Santander e Ibercaja se repartieran el botín a mordiscos como tiburones?
¿Alguien de Sumar está proponiendo que vuelvan a remunerarse los despidos a 33 y 45 días por año trabajado, con un tope de 42 mensualidades (como sucedía antes del 12 de febrero de 2012)? O, en otras palabras, ¿alguien está denunciando que Yolanda Díaz no ha derogado la reforma laboral de Rajoy, como prometió a los trabajadores a cambio de su voto, porque la UE no quería ni oír hablar del peluquín? ¿Y algún diputado del PP ha propuesto romper con las imposiciones financieras del euro, las cuales, para garantizar los intereses sagrados de los bancos y grandes tenedores, condenan a la quiebra a la inmensa mayoría de los empresarios españoles, que son los autónomos y las Pymes?
No parece, pues, que los desacuerdos entre estos farsantes politiqueros tengan la suficiente enjundia como para justificar meses de dimes y diretes, puñaladas traperas o cínicas pullitas que nada tienen que ver con la vida real de ese pueblo al que, con circunspecta expresión, declaran representar. Si se han puesto tan precozmente de acuerdo en materia económica, también podrían ponerse de acuerdo para no distraer la atención con unas negociaciones en las que todos ponen muchas “exigencias” de secta, pero nadie plantea como exigencia la insumisión ante los nuevos recortes sociales que Bruselas ha decidido endilgarnos. Recortes que sufrirán los votantes de todos ellos, y los abstencionistas, por igual.
Si ninguno de estos profesionales de la demagogia política ha tenido la dignidad de hacerlo, tendrá que ser la calle, pues, la que plantee esta exigencia realmente política. Hasta llevar a las escaleras de la Moncloa la verdadera investidura que necesitamos: la del pueblo soberano que desbanque a la Comisión Europea y a su parasitaria oligarquía financiera.