Los colegios concertados recaudan aproximadamente mil millones de euros al año a través de cuotas ilegales cobradas a la mayoría de sus alumnos, según el informe El coste del acceso a la escuela concertada en España: cuantificando las cuotas e identificando sus causas, elaborado por EsadeEcPol, que se ha publicado el miércoles 24 de abril. Estas cuotas, que afectan a entre un 81% y un 95% del alumnado (en función de la etapa educativa), son presentadas como voluntarias pero en la práctica resultan ineludibles, formando parte de los propios beneficios de los centros educativos.
A pesar de que la normativa prohíbe estas prácticas y establece que las cuotas no deben ser obligatorias ni condicionar la admisión o permanencia del alumnado, la falta de transparencia y la escasa supervisión por parte de las autoridades educativas han permitido que estas prácticas ilegales perduren. Esto plantea serias dudas sobre la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación y sobre el papel del Estado en garantizar este derecho fundamental, en palabras de los autores del informe.
Estas cuotas funcionan como filtro en el acceso a estos centros concertados, siendo mayores en aquellos centros radicados en distritos de rentas superiores. Aun siendo de gestión privada, estos centros concertados continúan recibiendo fondos públicos y pertenecen por tanto al sistema educativo público, lo que plantea serios interrogantes sobre el uso de recursos estatales para favorecer intereses privados en lugar de fortalecer el sistema educativo en su conjunto.
