Introducción
Nos hablarán de en esta cárcel de naciones llamada España gozamos de Democracia Plena. Nos dirán una y otra vez que esta es la democracia que nos hemos dado, cuando, en realidad, nos la impuso un puñado de individuos pertenecientes al régimen franquista y unos pocos personajillos que se vendieron (que nos vendieron, más bien) de la manera más indigna posible. Y de esos polvos estos lodos.
El franquismo no desapareció con Franco, continúa respirando en la “Democracia Plena” española. El caso que nos ocupa sólo es el enésimo ejemplo que lo certifica.
La noticia
La sección 5ª de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha anulado la resolución del pleno del Ayuntamiento de Barcelona, de fecha 31 de marzo de 2017, por la que se acuerda revocar el otorgamiento de la Medalla de Oro de la ciudad al exministro Rodolfo Martín Villa, concedida en sesión de 30 de marzo de 1976. La sentencia estima el recurso de apelación presentada por el mismo Martín Villa y se fundamenta en la aplicación del reglamento municipal del mismo Ayuntamiento de Barcelona del año 2012 que mantuvo las distinciones concedidas a todas las personas y entidades corporativas al amparo del Reglamento Municipal anterior del año 1950.
Para las entidades de memoria histórica, Martín Villa es uno de los ejecutores de la represión y muerte de disidentes políticos durante el franquismo y los primeros años de democracia. El TSJC indica que el acuerdo municipal de retirada de medallas de oro se había basado en el artículo 6 del reglamento Municipal del año 2012, que introdujo la posibilidad de revocación de las medallas por actos desmerecedores de su concesión, no contemplada en el anterior Reglamento de 1950. Dos de los cinco magistrados han realizado un voto particular para criticar todavía más la acción del Ayuntamiento de Barcelona.
La sentencia considera que la retirada de la medalla es posible cuando se produzcan hechos coetáneos no conocidos en el momento del otorgamiento, o por actos o manifestaciones contrarios a motivos que justificaron la concesión (términos utilizados por el artículo 6.1 del Reglamento municipal de 2012) pero «en ningún caso sobre la base de realizar un nuevo juicio de valor o de concesión o por razones de oportunidad», lo que no está contemplado en el citado artículo 6 del Reglamento.
El tribunal razona que el reglamento de 2012 expresamente había mantenido todos los honores y distinciones concedidos anteriormente, sin que exista habilitación normativa para revocar la distinción concedida, y por eso en los términos en que ha ejercido su potestad «la corporación local no se encuentra habilitación legal y excede de la previsión de su propia regulación».
