Casi tres semanas después de su anuncio y tramitación por la “vía urgente”, finalmente el Ejecutivo español, del socialista Pedro Sánchez, aprobó el decreto ley con el que embarga la compra-venta de armas al Estado de Israel, como medida contra el genocidio y la limpieza étnica que está perpetrando en Gaza. Sin embargo, el plan no es integral, sino parcial y recoge salvaguardas que permitirá, literal, “transferencias de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso” cuando se trate de defender “los intereses generales nacionales”. Diversas organizaciones como Greenpeace, que han sido aliadas de este gobierno, criticaron con dureza el decreto porque “mantiene amplias grietas legales que permiten la continuidad de la complicidad con el genocidio”.
