SEBASTIÁN TAPIA. Paranoia neoliberal en Ecuador

El Gobierno de Lenín Moreno acusa a la oposición de la violencia en las calles, no cree que el paquetazo de medidas económicas sea la causa del malestar social. Es el clima propicio para la persecusión política de la oposición.

Los Gobiernos neoliberales se caracterizan por negar las consecuencias de sus acciones. El presidente Macri en Argentina sostiene que la elección primaria que perdió en agosto no existió y que el 35% de pobreza que sufre el país no se debe a su Gobierno, su Administración solo la hizo visible. El presidente Bolsonaro de Brasil no cree que el incendio del Amazonas sea un problema, sino el no poder acceder a los minerales debajo de la selva.

En perfecta armonía, el presidente Moreno de Ecuador no cree que las manifestaciones que envuelven a su país se deban al paquetazo de medidas económicas exigidas por el FMI y adoptadas por su Gobierno, sino al accionar de la oposición. Ecuador lleva una semana de manifestaciones que ya cuentan con dos víctimas fatales y más de 500 detenidos por las fuerzas de seguridad.

Moreno acusa a la oposición correísta de estar detras de las masivas movilizaciones y la violencia callejera. Sin embargo, el gobierno debería haberse preguntado cómo reaccionaría su pueblo ante el retiro de los subsidios a los hidrocarburos, lo que generó un aumento del 120% del precio del diesel y más del 50% en la nafta, el recorté de un 20% del salario en las nuevas contrataciones y de reducir las vacaciones a la mitad, de 30 a 15 días, para los empleados estatales o retener el pago de un día de salario al mes.

No es de extrañar que el pueblo salga a las calles ante un plan de ajuste de estas proporciones. Si bien las manifestaciones comenzaron con un paro de transportistas que se quejaban del aumento del costo de los hidrocarburos, inmediatamente se plegaron los estudiantes, las centrales obreras y los movimientos indígenas.

Como era de esperarse, los transportistas abandonaron el paro en cuanto el gobierno les permitió trasladar el costo al pasaje. No obstante, el resto de las organizaciones sociales continúan en las calles, buscando la derogación del decreto del paquetazo. Es entonces cuando se evidencia la paranoia que sufre el Gobierno de Moreno.

Al mantenerse firme en la eliminación de los subsidios y en la reforma de las condiciones de trabajo, no da espacio al diálogo ni permite a los manifestantes una alternativa al corte de calles. Ante la aparición de saqueos y el aumento de la resistencia a las fuerzas de seguridad, se establece el estado de excepción y luego un estado de sitio.

Sin poder ver que esto es la consecuencia natural de las medidas adoptadas, plantea que todo es un escenario de desestabilización organizado por la oposición liderada por Rafael Correa, en conjunto con el coco de la región, Nicolás Maduro, junto al excanciller Ricardo Patiño y hasta la prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pabón. Lo que podría quedar como meramente anecdótico pasa a ser preocupante cuando esa paranoia deriva en persecución política.

A las acusaciones del Gobierno de Moreno se le sumó Juan Guaidó, quien declaró que Rafael Correa se reunió con estos dirigentes del correísmo en Venezuela tras el Foro de Sao Paulo en Caracas. No sería extraña tal reunión, pues son integrantes todos del mismo movimiento político.

Lo que no se entiende es cómo planificaron un escenario de desestabilización de Ecuador ellos solos. Tal vez en esa reunión decidieron que Moreno firme el decreto del paquetazo para poder pagar el préstamo del FMI o decidieron que el FMI le exija esas medidas…

Moreno está aprovechando la situación del estado de sitio para efectuar la persecución política. Ya no alcanza con la creación de causas legales (lawfare) como hizo hasta ahora. Las atribuciones especiales que recibe por la declaración de este Estado de Sitio le permite que todos los medios reproduzcan obligatoriamente los comunicados oficiales. Esto no es un problema para los medios privados de comunicación, que voluntariamente siguen la línea oficialista, pero sí lo es para los medios públicos de provincias no oficialistas.

Es el caso de la radio Pichincha Universal, a la cual la Secretaría de Comunicación de Presidencia pidió que su programación original fuera suspendida y retransmita obligatoriamente la señal de Radio Pública FM. Tras un allanamiento del lugar por la policía y la negación a acatar el pedido, la Agencia de Control y Regulación de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) ordenó la suspensión de las actividades de la radio.

Moreno pudo evitar encarar a las manifestaciones de frente, pues trasladó el Gobierno a la ciudad de Guayaquil, a 400 kilómetros de Quito. Ahora la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, y el exalcalde de la misma ciudad, Jaime Nebot, incitaron a la población local a enfrentar por la fuerza a las posibles manifestaciones que vengan a la ciudad desde otras localidades.

Es una rivalidad tan vieja como el Ecuador mismo, entre Quito y Guayaquil, entre la sierra y la costa, pero que en este contexto puede ser más explosiva que nunca.

 

 

sputnik

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