La puerta giratoria de dos ex directores generales del Juego de PP y PSOE: asociados para hacer ‘lobby’ de las empresas de apuestas
Las relaciones incestuosas que a veces surgen entre el sector público y el privado tienen una de sus mejores manifestaciones en las llamadas puertas giratorias: altos cargos de la Administración que son contratados por grandes empresas para beneficiarse de su nombre, agenda de contactos y conocimiento del sector que supervisaban. Un ejemplo paradigmático es el de los exministros de Defensa Pedro Morenés y Eduardo Serra, que han pasado años al frente de dos de las mayores empresas españolas de armas, Amper y Everis, respectivamente. Otro caso es el del ex secretario de Estado de Energía José Folgado, contratado después por Red Eléctrica Española.
Y un tercero es el de los ex directores generales de Ordenación del Juego Carlos Hernández Rivera y Juan Espinosa García. El primero lo fue con el Gobierno de Mariano Rajoy, entre 2013 y 2016. El segundo, con el de Pedro Sánchez, entre 2016 y 2020. Juan Espinosa ejerció, además, como subdirector de Carlos Hernández antes de sucederle en el cargo. Como desvela Público, una vez fuera del Gobierno, ambos se asociaron en 2021 para crear una consultora, Silverback Advocacy, que se dedica al «lobby regulatorio», a asesorar a empresas sobre asuntos públicos. Según explican en su página web, gestionan los «intereses regulatorios» de sus clientes frente a las administraciones, trasladando a los responsables públicos las «legítimas aspiraciones» de las empresas, «acompañadas de una justificación de su compatibilidad con el interés general». También «optimizan» la capacidad de sus clientes «para influir en las decisiones públicas, regulatorias o no, que puedan afectarles, promoviendo mejores condiciones o previniendo obstáculos con impacto directo en su negocio».
El del juego es precisamente un sector sometido a una intensa regulación desde que fue legalizado en 1977: hace falta una licencia para ejercer la actividad, que otorga y supervisa la Dirección General de Ordenación del Juego, dependiente del Ministerio de Consumo, para proteger a los usuarios, de forma que no puedan apostar los menores de edad ni los adictos. Las empresas también están sometidas a estrictas normas publicitarias, deben pagar impuestos específicos y cumplir con los controles necesarios para prevenir el blanqueo de capitales.
Preguntada al respecto por Público, un portavoz de Silverback Advocacy asegura que su cartera de clientes es «multisectorial», abarcando desde el ámbito sanitario hasta el de infraestructuras y servicios digitales, y que su «vinculación» con empresas o asociaciones del sector del juego online representa «una parte muy limitada» de su actividad. Pero se niega a desvelar los nombres de las empresas para las que trabaja. Sí que destaca que está inscrita en los registros de grupos de interés de las administraciones, «tanto europeas como nacionales, autonómicas y locales».
Asesores de las patronales española y británica
En cualquier caso, Carlos Hernández y Juan Espinosa empezaron a trabajar para el sector del juego ya antes de asociarse en Silverback, que facturó 882.000 euros en 2024, según consta en las cuentas del Registro Mercantil consultadas por este periódico. Hernández Rivera, que es abogado del Estado, fue contratado por el bufete Rousaud Costas Duran (RCD) en enero de 2017, apenas dos meses después de salir de la Administración, para encargarse del área de mercados regulados. Y en septiembre de 2020 se empleó como asesor externo de la Asociación Española de Juego Digital (JDigital), la patronal del sector de apuestas online a la que pertenecen las grandes del sector: Codere, Sportium, Betway, Luckia, William Hill… Entonces JDigital estaba preparando el recurso que en enero de 2021 presentó ante el Tribunal Supremo pidiendo la anulación del Real Decreto de Comunicaciones Comerciales del Juego. La norma, elaborada ya con Alberto Garzón al frente del Ministerio de Consumo, restringía la publicidad y el patrocinio de las actividades de juego –prohibiendo que personajes famosos aparecieran en los anuncios, por ejemplo– para proteger a los menores y adictos. El alto tribunal, que tardó tres años en dictar sentencia, estimó parcialmente el recurso de la patronal en 2024, anulando tres artículos del real decreto.
Por su parte, Juan Espinosa recibió autorización de la Oficina de Conflictos de Intereses en julio de 2021 para incorporarse a Silverback Advocacy, que se creó en esa fecha, sólo 14 meses después de que se publicara su cese como director general de Ordenación del Juego en el BOE, el 6 de mayo de 2020. Con Alberto Garzón apenas ejerció cuatro meses, pero asegura a Público que su salida del ministerio «respondió al cierre natural de una etapa profesional, y no estuvo vinculada a discrepancias regulatorias ni a desarrollos normativos concretos», en alusión al mencionado real decreto. Después, en marzo de 2022, fue autorizado a trabajar para The Betting and Gaming Council, la patronal británica del juego, así como para Samman Law & Corporate Affairs, un despacho y consultora con sedes en París y Bruselas especializada en asuntos públicos y regulatorios que ofrece «asesoramiento estratégico para influir en políticas públicas, gestionar riesgos normativos y resolver litigios comerciales». También se le permitió incorporarse a Deel Inc., una empresa estadounidense que se dedica a gestionar plantillas internacionales y tiene entre sus clientes a empresas de la industria del juego como Esports Entertainment Group, Fnatic o Hero Gaming. Igualmente recibió autorización para trabajar con Tabacos del Mediterráneo, la siderúrgica Celsa y la gestora de cobros Phillips & Cohen Associates, además de con una empresa de logística y una agencia de publicidad españolas.
La ley española prohíbe a los altos cargos «prestar servicios a ninguna entidad que hubiera estado bajo su supervisión, haya sido o no afectada por decisiones en las que hayan participado», durante los dos años siguientes a su cese. En el caso de Juan Espinosa, estas últimas autorizaciones se le concedieron dos meses antes de cumplirse ese plazo de incompatibilidad. Según contestó entonces a la agencia Servimedia el Ministerio de Hacienda y Función Pública, del que dependía la Oficina de Conflictos de Intereses, la incompatibilidad no se aplicaba en este caso por tratarse de la patronal del Reino Unido, fuera del ámbito de actuación de la Dirección General de Ordenación de Juego española, por tanto.
Begoña P. Ramírez
publico,es
