Al hilo de las noticias que se vienen sucediendo en los últimos años, en diferentes puntos del Estado, 
relacionadas con el deterioro del sistema sanitario, es necesario recordar algunas premisas para entender la situación en la que nos encontramos.
Los sistemas nacionales de salud (SNS) solo existen, desde hace unas pocas décadas, en un puñado de países del Norte, la inmensa mayoría de países nunca han dispuesto de ellos. En lo que respecta a Europa occidental el primero fue el NHS, creado en Gran Bretaña a la salida de la Segunda Guerra Mundial. En el caso del Estado español, hasta 1986 con la Ley General de Sanidad, no se conformó un sistema de atención universal, lo que explica su escaso desarrollo respecto al resto de países de nuestro entorno. Los SNS fueron creados por los estados, en un momento histórico caracterizado por un gran crecimiento económico, necesidad de mano de obra sana, disponibilidad de combustibles fósiles baratos, y no lo olvidemos, altas cotas de apropiación de las riquezas del Sur Global. Por tanto, respondían a unas necesidades determinadas que no se producen en estos momentos.
En la actualidad, en un contexto de desindustrialización, con un ejército creciente de parados, precariados y excluidos, los países del Norte no precisan mantener estos “costosos” sistemas, y menos atender adecuadamente a estos sectores de población «excedentes», por lo que desde hace años está en marcha, en todos ellos, un proceso perfectamente planificado de deterioro y privatizaciones, que tiene como objetivo traspasar al sector privado las partes rentables de la asistencia sanitaria, empujar a las cada vez más menguantes “clases medias” hacia los seguros privados, y allanar el camino para convertirlos en una suerte de sistemas de beneficencia. El proceso se extiende desde Suecia a Portugal pasando por Italia, Francia o Alemania. Tras más de dos décadas de movilizaciones y gobiernos de todos los colores políticos en todos estos países, la situación es la misma: desmantelamiento progresivo de los sistemas sanitarios y avance de los seguros privados. No hay un solo caso en el que se haya producido una marcha atrás en dicho proceso.
En nuestro caso, la propia Ley General de Sanidad de 1986 ya incluía el veneno de la destrucción del SNS, al permitir, sin ningún tipo de control, el traspaso de actividad, vía conciertos, a los centros privados (artículos 67 y 90). La aprobación posterior de la Ley 15/97 para poder transferir la totalidad de la atención de centenares de miles de personas (áreas sanitarias enteras) a empresas con ánimo de lucro completó la jugada.
En cierto sentido, hemos dispuesto de un sistema que no tuvo tiempo de desarrollarse ya que las olas privatizadoras comenzaron a llegar a pocos años de su creación. Lo cierto es que el proceso de destrucción 
del sistema sanitario es un asunto de estado en el que están de acuerdo todos los partidos políticos. Simplemente se reparten los papeles. Los gobiernos “progresistas” (llevamos tres legislaturas de “izquierdas”, no lo olvidemos) prometían con la boca pequeña acabar con la privatización sanitaria cuando estaban en la oposición, pero cuando llegan al poder mantienen vigentes las leyes que permiten su destrucción (y la Ley Mordaza, por cierto), y los gobiernos de derechas simplemente hacen lo que la legislación les permite. Nada ilegal desde el punto de vista jurídico, como ha determinado hasta el propio Tribunal Constitucional, simplemente distribución de tareas. Prueba de ello fue la ILP para rescatar al sistema sanitario, que la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad lanzó en 2021 y que fue boicoteada por todos los partidos de la «izquierda del capital», una auténtica prueba del algodón.
La situación, por tanto, es grave, pero no parece que por la vía de movilizar a la población con eslóganes vacíos del tipo « la sanidad no se vende, se defiende » , que sustituyeron a los más radicales « PSOE, PP la misma mierda es »; « Derogación 15/97 y rescate de lo privatizado » o « El PP privatiza, el PSOE autoriza »; que guiaban las movilizaciones previas al nacimiento de la primera marea blanca en 2012 (nacimiento tardío, cuando ya estaba privatizada gran parte de la red en varias CCAA), se vayan a conseguir avances reales.
Sin embargo, aunque es menos conocido, históricamente han existido otros modelos de atención en los que las posibilidades de participación en la gestión por parte de los usuarios eran reales. A finales del siglo XIX y principios del XX, en un contexto de falta de cobertura de necesidades sanitarias mucho peor que el actual, los trabajadores fueron capaces de crear «sociedades de socorros mutuos» o «friendly societies», sobre todo en las zonas más industrializadas de Europa (incluida España) y América del Norte. Por poner un ejemplo, hacia 1920 más de una cuarta parte de los adultos estadounidenses eran miembros de una de estas sociedades fraternales, siendo las cifras aún mayores en Gran Bretaña y Australia. Estas sociedades funcionaban como una especie de compañía de seguros de autoayuda, cubriendo por lo general desde el fallecimiento, hasta el accidente laboral y la asistencia sanitaria del trabajador y sus allegados. Algunas de ellas eran gestionadas íntegramente por y para mujeres, otras por organizaciones obreras, contando con sistemas de gestión democráticos, nada que ver con lo que nos iban a deparar los futuros sistemas estatales de salud. Tanto el establishment médico, como el Estado nunca vieron con buenos ojos estos sistemas, ya que promovían la autonomía obrera, y realizaban un control de los costes, por lo que se centraron en destruirlos o absorberlos y vaciarlos de cualquier mecanismo de gestión democrática.
Es por ello por lo que, entendiendo el sufrimiento de miles de personas en este momento, debido a la falta de atención sanitaria en tiempos aceptables, que en muchas ocasiones está provocando hasta muertes prevenibles, defendemos que la solución no es mayor inversión, ya que acabará en los bolsillos del sector privado. Tampoco «más Estado» como defienden los sectores de la izquierda del capital, que ahora mismo nos gobiernan a nivel central, ya que ello se concreta en más gasto militar, más beneficios para la banca y las eléctricas, más incremento de la desigualdad social, más reforzamiento de sectores innecesarios, más nocividades, en definitiva, más crecimiento y huida hacia delante en un planeta con límites biofísicos perfectamente conocidos.
Ante esta situación, no debemos renunciar y es vital seguir luchando para que no acaben de desmantelar el sistema sanitario, pero sabiendo que los responsables de su destrucción son todos ellos, por acción o por omisión. Aceptando también que el sistema actual responde en parte a intereses del complejo medico industrial (incluido el farmacológico) y no a las necesidades de la población. Pero es ese sistema, o sus restos, el que tendremos que gestionar en contextos futuros de crisis, cuando la solidaridad desde abajo hace acto de presencia. Debemos de recuperar la historia de los explotados y los excluidos, y reivindicar que, si ellos fueron capaces de articular experiencias de atención sanitaria al margen del Estado, gestionadas democráticamente, como no hace mucho, en plena crisis de 2012 nos demostraron los compañeros griegos, también podremos hacerlo nosotros. Lo que es indiscutible, a la luz de la historia, es que la única posibilidad de lograr un sistema sanitario que atienda a todas las personas adecuadamente y actúe contra los determinantes sociales, económicos y medioambientales del proceso salud enfermedad, en lugar de servir a los intereses del mercado, pasa por su democratización real y la mayor descentralización posible para que la población se implique en la actuación contra dichos determinantes.
Juan Antonio Gómez Liébana
27/10/2025
