PANAMÁ. La sangrienta invasión yanqui fue hace 30 años; todavía se buscan cadáveres

Introducción

La aguja del sismógrafo del instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, registró la explosión de la primera bomba a las 12 horas, 46 minutos y 40,3 segundos; era el 20 de diciembre de 1989 y con ella se iniciaba la invasión norteamericana. Cuatro minutos después, las explosiones registradas ascendían a 68. Trece horas estuvo funcionando el sismógrafo desde el inicio de la agresión hasta que, debido a la violencia de ésta, se hubo averiado. En todo ese tiempo, sólo en la capital panameña, llegaron a caer 422 bombas, lo que equivale a una por cada dos minutos.

El estúpido pretexto utilizado por el gobierno yanqui, para justificar la invasión a Panamá con 20.000 de sus soldados y derrocar al ya fallecido Manuel Antonio Noriega —apoyado años atrás por los propios Estados Unidos—, fue que éste estaba vinculado al “narcotráfico internacional”. En realidad Noriega, quien también estuvo en la nómina de la CIA —su ex director Furner dijo que lo había excluido en 1976, pero el vicepresidente Bush volvió a integrarlo y utilizarlo en 1981 para infiltrar redes de inteligencia en Cuba y Nicaragua—, se estaba volviendo demasiado independiente como para ligar sin problemas con los intereses del imperio.

La de Panamá fue una de las más de cien intervenciones armadas que el imperialismo yanqui ha llevado a cabo en América Latina y el Caribe, siempre con el perverso propósito de instalar gobiernos títeres que les faciliten el saqueo de los recursos nacionales.

Se estima que, a resultas de la sangrienta intervención, entre 3.000 y 5.000 panameños fueron exterminados.

La noticia

Estados Unidos desclasificó documentos de la invasión de su ejército a Panamá, mientras la Comisión 20 de diciembre de 1989, que investiga la masacre, se alista hoy para exhumar cadáveres en busca de nuevas víctimas.

En entrevista con el canal TVN, Juan Planells, presidente de la Comisión, se refirió a la información entregada por la fuerza invasora, sin detallar su contenido, pero informó que otros 15 restos se exhumarán en enero próximo, después del reconocimiento del Órgano Judicial, lo que permitirá la identificación mediante tecnologías avanzadas.

Explicó que 250 personas afectadas por la agresión, en su mayoría civiles, fueron confirmadas hasta el momento como víctimas de la intervención militar, lo que consta en expedientes de cada caso que fueron analizados y certificados.

‘Hemos tenido oportunidad de tener un contacto directo con las víctimas, en su mayoría civiles, fruto de la violación de derechos humanos que se cometió ese día. Hemos comprobado que hay justificación total que todo el pueblo panameño identifique que es un Día de Duelo Nacional’, manifestó.

En un comunicado divulgado el pasado martes, la Comisión solicitó al Ejecutivo reconocer esa conmemoración y que cada año se realicen actos oficiales de carácter público y participativo en la fecha, para examinar y divulgar estos hechos, con el fin de promover una conciencia social que fortalezcan los valores nacionales.

El grupo cumple así, por segunda ocasión, con un mandato del Decreto Ejecutivo 121, que lo instaló en julio de 2016, el cual en uno de sus artículos le encomendó evaluar la propuesta de cómo conmemorar la fecha luctuosa, al tiempo que informó de la existencia de violaciones a los derechos humanos.

En su primer informe al concluir 2018, la Comisión admitió los ‘enormes e injustificados’ daños humanos y materiales sufridos por el pueblo panameño, y que antes de esa fecha, nunca en la historia del país se perdieron o afectaron tantas vidas y ocurrió semejante destrucción.

‘Esto por sí solo marca un pasaje trágico, luctuoso y doloroso, al cual no es posible darle la espalda’, señaló el documento dirigido al entonces presidente de la nación Juan Carlos Varela, en calidad de ‘recomendación especial’.

Negó en ese documento que el colectivo tuviera entre sus funciones ‘discernir sobre los desencuentros políticos entre los panameños, previos y posteriores a la invasión, ni la intención de avivarlos, todo lo contrario’.

La Comisión arguyó que es ineludible para la preservación de la identidad nacional, ‘que cada pueblo se encuentre con su propia historia, sin ignorar sus tragedias o tirarlas deliberada o inconscientemente al olvido’.

Ese documento, a juicio de observadores, es el primero que realizó tan severos juicios desde una representación oficial, tomando en cuenta de que se trata de un agresor aliado a los gobiernos post-invasión, a pesar de causar víctimas mortales en una cifra aún desconocida, porque fueron lanzadas a fosas comunes para encubrir las pérdidas humanas.

 

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