NICARAGUA. Yanquis y europeos deben cesar las agresiones

Nicaragua es el segundo país más pobre de América Latina en términos del Producto Interno Bruto (PIB) y las sanciones de EEUU y de la Unión Europea amenazan con poner en peligro la vida de los más vulnerables, mujeres, niños, ancianos, los enfermos crónicos y los más pobres. Deben ser suspendidas de manera inmediata e incondicional.

A pesar de que en el mundo ya hay más de 4 millones y casi 400 mil muertes por Covid-19, con más de 30 millones de personas que se han quedado sin empleo, continúa la obsesión de EEUU con Nicaragua y sigue presionando para derrocar al gobierno. Mientras Nicaragua está tomando medidas cuidadosas para enfrentar el virus y proteger la salud y el sustento de la población, el gobierno de Trump se ha unido a la oposición de derecha, a la cual patrocina, para aprovechar esta oportunidad e intentar desestabilizar al Gobierno Sandinista, y difundir el miedo entre los nicaragüenses.

La Ley NIC-ACT: sabotaje político y económico a través de sanciones

Cuando escuchamos la palabra «sanciones», la mayoría de los activistas de solidaridad con América Latina piensan de inmediato en Venezuela y el bloqueo contra Cuba que ha durado varias décadas. Pero Nicaragua también es objeto de medidas coercitivas unilaterales impuestas ilegalmente por los Estados Unidos.

En diciembre de 2018, siguiendo el fracaso del violento intento de golpe liderado por Estados Unidos para desalojar al gobierno democráticamente elegido de Nicaragua, el presidente Trump promulgó la Ley de Condicionalidad de Inversiones de Nicaragua (Ley NIC–Act), cuyo propósito era bloquear el acceso de Nicaragua a los préstamos de organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Nicaragua estaba recibiendo estos préstamos para mejorar las condiciones de vida de los nicaragüenses, a través de la reducción de la pobreza, educación, atención médica, desarrollo de la infraestructura, y el crecimiento económico durante un período de 11 años en el que el PIB creció casi un 5% anual. Esta prosperidad fue ampliamente compartida en un país que no solo tiene la segunda economía más igualitaria de Latinoamérica (Banco Mundial 2017) sino también es el quinto país en el mundo en términos de igualdad de género, según el Foro Económico Mundial 2020.

La Ley NICA-Act también alentó al gobierno de los Estados Unidos a aumentar la asistencia a la «sociedad civil» antigubernamental en Nicaragua, incluidos los medios de comunicación «independientes» y organizaciones de «derechos humanos» y «la lucha contra la corrupción», y «apoyar la protección de los derechos humanos y organizaciones de la lucha contra la corrupción defensores en Nicaragua». Todo esto siguió el anuncio en noviembre de 2018 de que habría una infusión de US $ 4 millones para organizaciones de la sociedad civil y grupos mediáticos opuestos al Gobierno Sandinista. La Ley NICA-Act fue, por lo tanto, un mecanis-mo para financiar intentos para derrocar al gobierno.

Además de su influencia negativa con respecto a los préstamos multilaterales a Nicaragua, la Ley ordenó a las agencias de Estados Unidos a crear una estrategia de participación de la «sociedad civil», cuyo significado era expandir el apoyo a grupos opositores al gobierno.

La Ley NICA-Act también incluyó disposiciones para lo siguiente:

– Sanciones contra individuos bajo la Ley de Poderes Económicos Internacionales de Emergencia, la cual permite a los EEUU embargar activos y tomar otras medidas contra personas de otros países a quienes designa de manera unilateral como responsables de los abusos contra los derechos humanos o de corrupción política;

– Restricciones de visas para viajar a los EEUU contra personas del gobierno nicaragüense y sus asociados (aunque estas restricciones violan las convenciones internacionales impiden que las personas en cuestión asistan a reuniones de organismos multilaterales);

– Informes anuales sobre el estado de la democracia nicaragüense.

Las disposiciones de la Ley NICA-Act fueron diseñadas para ser válidas hasta el 2023 a me-nos que Nicaragua adopte reformas que satisfacen los formuladores de políticas estadounidenses.

Esta Ley tuvo poco que ver con la preocupación de parte de Estados Unidos por los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho en Nicaragua y mucho que ver con la escalada de la agenda de «cambio del régimen» del gobierno de Trump, y su deseo de afirmar su dominio sobre toda la región, acorde a la Doctrina Monroe del siglo XIX, tal como lo reconoció el ex asesor de seguridad nacional John Bolton. Esto puso en riesgo toda una serie de programas sociales implementados por el gobierno nicaragüense y también era muy pro-bable que obligue al gobierno de Nicaragua poner límites a la inversión del gobierno en salud, educación, programas sociales e infraestructura.

«La Ley NICA-Act garantiza que Estados Unidos continúe respondiendo manera correspondiente, cortando el acceso de Ortega al dinero hasta que se implementen las muy necesarias reformas electorales y de derechos humanos… A medida que Ortega amplía su cooperación con Venezuela, Cuba, Rusia y otros regímenes, Nicaragua es una amenaza a la seguridad de Estados Unidos y un enemigo de la estabilidad regional», declaró la ex senadora de ex-trema derecha Ileana Ros-Lehtinen, defensora de sanciones contra Cuba y una de las principales defensoras de la Ley NICA-Act

Estados Unidos declara «estado de emergencia» para enfrentar la «amenaza inusual y extra-ordinaria» que Nicaragua plantea «a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos»

En noviembre de 2019, inmediatamente después de supervisar el golpe militar de extrema derecha en Bolivia, el gobierno de Trump volvió a apuntar contra Nicaragua mediante la Orden Ejecutiva 13851, calificando al país como «una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos». Su administración anunció que se expandirían las sanciones sofocantes contra esta pequeña nación centroamericana, y que se extenderían por un año más una orden ejecutiva firmada por Trump a principios de 2019 que declaraba un «estado de emergencia» en los Estados Unidos con respecto a la situación en Nicaragua. En términos de la «amenaza» de Nicaragua a los Estados Unidos, ca-be destacar que el gasto militar de Nicaragua es de US $ 88 millones anuales en compara-ción con el gasto militar anual de los Estados Unidos de US $ 738 mil millones, ¡aproximadamente 8,300 veces más!

El 9 de marzo de este año, justo cuando se extendía el brote de Covid-19, la guerra econó-mica de Washington contra Nicaragua se intensificó aún más cuando la Cámara de Representantes de los EEUU aprobó una resolución bipartidista en un voto público, sin oposición, que exigió más sanciones y acciones agresivas contra el gobierno nicaragüense del presidente Daniel Ortega. La votación se aprobó en unos ocho minutos, sin debate y un total de cero miembros del Congreso que se opusieron.

«Estos eventos envían una fuerte señal a los regímenes ilegítimos en Venezuela y Nicaragua de que la democracia y la voluntad del pueblo siempre prevalecerán. Ahora estamos un paso más cerca de un Hemisferio Occidental completamente democrático, próspero y libre», declaró Donald Trump tras el golpe de estado en Bolivia, 11 de noviembre de 2019

Impacto político y económico de las sanciones estadounidenses

La Ley NICA-Act requiere que los gobernadores estadounidenses en las instituciones multilaterales de crédito voten en contra de préstamos o donaciones a Nicaragua. Estados Unidos tiene el poder de veto efectivo en el Banco Mundial y el FMI, que toman decisiones por consenso. Pero antes de que se aprobara la Ley NICA, el BID, del cual China ahora es miembro, cambió su procedimiento a la aprobación por mayoría de votos y ha otorgado varios préstamos para salud, tecnología e infraestructura a Nicaragua en los últimos meses, más recientemente en enero 2020. Estos tienden a ser solo para proyectos menores, y no ha habido nada nuevo para abordar Covid-19 (aunque una razón para esto es probablemente porque el gobierno nicaragüense está operando principalmente a nivel regional a través del Sistema de Integración de América Central [SICA]).

En lo que respecta al FMI, Nicaragua se ha «graduado» de la Iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC) del FMI y, por lo tanto, ya no necesita ni quiere préstamos de ajuste estructural del FMI con sus muchas condiciones. Sin embargo, el FMI continúa monitoreando la economía de Nicaragua y emite informes periódicos. El FMI y otros prestamistas han elogiado reiteradamente a Nicaragua por su uso efectivo de las subvenciones y préstamos internacionales para reducir la pobreza y estabilizar la economía, pero sigue habiendo preocupaciones de que el FMI pueda rechazar solicitudes de préstamos de emergencia (como lo han hecho con Venezuela) en caso de que se necesite dicho apoyo ante la pandemia de Covid-19. Estados Unidos sigue siendo una poderosa influencia en estas instituciones y su hostilidad hacia Nicaragua es implacable.

El gobierno nicaragüense todavía está implementando proyectos financiados por el Banco Mundial firmados antes de la Ley NICA-Act y Nicaragua. Sin embargo, el Banco Mundial está imponiendo cada vez más demandas de informes sobre Nicaragua, retrasando los pagos y, en general, creando muchos problemas y trabas burocráticas; por lo cual no se han aprobado nuevos proyectos desde abril de 2018.

Chantaje descarado a las empresas

A pesar de todo esto, la economía nicaragüense, que fue duramente golpeada por el fallido intento de golpe de estado en 2018, aunque todavía era frágil, estaba en camino a la recuperación antes de la pandemia de Covid-19 y las sanciones no pudieron detener las iniciativas gubernamentales exitosas en materia de salud y educación.

Desde su regreso al poder en 2007, el gobierno del FSLN ha implementado un plan de desarrollo integral y bien integrado que incluye lograr la estabilidad económica mientras invierte fuertemente en servicios públicos y programas sociales centrados en la reducción de la pobreza.

En consecuencia, hasta ahora Nicaragua ha tenido un gran éxito en cuanto a la prevención de la propagación del virus Covid-19, en gran parte debido a un sistema de salud público que ofrece servicios de salud gratuitos y universales basados en atención preventiva centrada en la comunidad. Lea más aquí.

Desde la viciosa guerra de la Contra perpetrada contra Nicaragua durante los años 80, Esta-dos Unidos ha considerado a Nicaragua como una amenaza y ha tenido la intención de ejercer el dominio sobre lo que ve como su «patio trasero». Pero Nicaragua, un país con un ta-maño de menos de Inglaterra y Gales, con una población de poco más de 6 millones, no representa ninguna amenaza para los Estados Unidos, salvo la amenaza de un buen ejemplo. La reciente ronda de sanciones son simplemente herramientas para lograr la agenda de «cambio de régimen» de la administración Trump. Son parte de una estrategia estadounidense para usar su dominio del sistema financiero internacional para aislar a los gobiernos que no le gustan. Esto no se limita a Nicaragua, sino que incluye a Cuba y Venezuela, que juntos el ex asesor de seguridad nacional de Estados Unidos John Bolton ha llamado una «troika de tiranía».

ONU declara ilegales las sanciones

Naciones Unidas ha declarado que tales «medidas coercitivas unilaterales» son ilegales por-que castigan a toda una población por desacuerdos entre gobiernos. Se ha demostrado que las sanciones causan sufrimiento y muerte en todo el mundo y son una forma de guerra. En el caso de Nicaragua, el impacto a largo plazo más probable será sobre la recuperación económica del país y su capacidad de continuar con un programa de desarrollo que beneficie a los más pobres y vulnerables de la sociedad. De hecho, en el contexto de la pandemia del Covid-19, constituyen crímenes de lesa humanidad (véase artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional).

En una encuesta realizada por la Consultoría M & R en febrero de este año, el 95% de los encuestados dijo que Nicaragua no representa ningún peligro para la paz y la seguridad internacionales, mientras que el 93% estaba muy orgulloso de ser nicaragüense. El 78% dijo que la imposición de sanciones de los Estados Unidos es una injerencia en los asuntos inter-nos de Nicaragua, y el 92% dijo que las sanciones perjudican a todos los nicaragüenses. Un 74% adicional dijo que desaprobaba de los que promueven sanciones, y el 76% se opuso a la Ley NICA.

El pueblo nicaragüense es notablemente resistente y se ha enfrentado una y otra vez a la agresión estadounidense. Lamentablemente, las acciones recientes de los Estados Unidos han servido para alentar un aumento en la actividad de los grupos de oposición de derecha y los medios de oposición dentro de Nicaragua e internacionalmente. Sin embargo, Daniel Ortega y el partido FSLN están en camino a ganar las elecciones programadas para el 2021, con una encuesta reciente del CID-Gallup con sede en Costa Rica que informa un índice de aprobación del 58%. A juzgar por la experiencia histórica y actual en

América Central y del Sur, donde se han instalado regímenes patrocinados por Estados Unidos, la transformación social altamente progresiva lograda en Nicaragua desde 2007 estaría en peligro si un partido patrocinado por Estados Unidos tomara el poder en Nicaragua. Es imperativo que esto no se permita.

La administración Trump explota al máximo todas las dificultades que genera la pandemia en los países cuyos gobiernos busca derrocar. Entonces, en lugar de poner en práctica su retó-rica sobre los derechos humanos o la ayuda humanitaria, hace exactamente lo contrario al aumentar las sanciones contra países como Nicaragua. A este sentido, el Secretario General de las Naciones Unidas y muchas otras voces internacionales han hecho llamados apasionados para que se suspendan las sanciones durante la pandemia, de modo que las naciones sancionadas puedan comprar alimentos, medicinas e insumos y equipos de salud.

UE y Reino Unido siguen el liderazgo de EEUU

En octubre de 2019, el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea adoptó un marco de sanciones relacionadas con Nicaragua. La sanción comprendió congelaciones de activos y prohibiciones de viaje dirigidas a «personas y entidades responsables de violaciones o abusos de los derechos humanos la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua, así como las personas y entidades cuyas acciones, políticas o actividades de otra manera socavan la democracia y el estado de derecho en Nicaragua «. En un hecho preocupante, la legislación fue enmendada el 4 de mayo para incluir a otras seis personas que la UE considera «responsables de graves violaciones de los derechos humanos y de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua».

Esta medida adoptada por la Unión Europea se basa en nada más que la adhesión incondicional de la Unión Europea a las sanciones unilaterales de los Estados Unidos, simplemente reiterando los diversos puntos de la ley estadounidense aprobada el 9 de marzo (Resolución de la Cámara 754).

Al aplaudir la última acción de la UE, el gobierno de los Estados Unidos respondió diciendo que está preparado para aumentar la presión sobre Nicaragua:

«Estamos abiertos a aumentar la presión, aplicando más sanciones no solo a las personas vinculadas a Ortega, sino también a las entidades que facilitan la represión…. No hemos terminado y no terminaremos con las medidas existentes hasta que veamos pasos concretos por parte de Ortega «, dijo Jon Piechowski, subsecretario adjunto, EE.UU.

El gobierno del Reino Unido, que ha seguido constantemente la política estadounidense sobre Nicaragua, no ha perdido el tiempo en seguir su ejemplo y ha actualizado su «lista consolidada» para incluir los cambios introducidos por la UE.

El 4 de mayo de 2020, la Reunión Cumbre en línea del Grupo de Contacto del Movimiento de Países No Alineados emitió una declaración que expresaba una fuerte condena a la promulgación y aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra los Estados Miembros del Movimiento, que se aplican en violación de la Carta del Naciones Unidas y derecho internacional». La declaración también expresó su apoyo, en conformidad con el derecho internacional, a los Estados afectados por tales medidas e instó a la comunidad internacional a «adoptar medidas urgentes y efectivas para eliminar el uso de tales medidas, que son incompatibles con los principios del derecho internacional o la Carta de las Naciones Unidas, con el fin de garantizar la eficacia de las respuestas nacionales a la pandemia de Covid-19».

Poner fin a las sanciones ahora

Las sanciones son un arma de guerra económica. En todos los países, los más pobres y vulnerables de la sociedad sufren el peor impacto de las sanciones. Al igual que las intervenciones militares, son un crimen contra la humanidad utilizado para derrocar a los gobiernos y movimientos populares.

Desde 2007, el gobierno nicaragüense ha logrado una transformación notable en la sociedad, brindando beneficios a los más pobres y vulnerables y restaurando los derechos de los trabajadores y las familias nicaragüenses. Entre los logros más importantes se destacan la introducción de atención médica gratuita y educación gratuita a todos los niveles, la reducción de la pobreza a la mitad, la reducción de la desigualdad y la diversificación económica, al tiempo que se promueve una mayor estabilidad económica y social. Se han construido 18 nuevos hospitales modernos y se planifica alcanzar un total de 33 en los próximos cuatro años. Alrededor del 97% de los hogares tenían electricidad a fines de 2019 (en comparación con sólo el 54% en 2007), y en octubre de 2018, Nicaragua inició un importante programa de desarrollo de viviendas que proporcionará miles de hogares accesibles de bajo costo para las familias de bajos ingresos.

La experiencia histórica y actual en América Latina, donde se han instalado regímenes patrocinados por Estados Unidos, muestra que todos estos logros estarán en peligro si Estados Unidos tiene éxito en sus intentos de instalar un régimen títere en Nicaragua. Tratar de forzar el cambio de régimen mediante el estrangulamiento de la economía fue una estrategia clave de la administración Reagan durante la guerra contra la década de 1980; Más de cuarenta años después, la administración Trump sigue la misma estrategia. No se les debe permitir tener éxito.

 

(Nicaragua Solidarity Campaign Action Group (NSCAG) / Radio La Primerísima)

 

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