Los “legalistas” se saltan la ley y no publican los nombres de los “expertos” de la desescalada

Introducción

Cuántas veces hemos tenido que oír aquello de que la ley está para cumplirla. Está mentira disfraza, además, casi siempre va acompañada de otra frase que se las trae, que deja en evidencia y señala inevitablemente como mentiroso al quien la pronuncia (fundamentalmente a los dirigentes de los partidos que se turnan en el poder, PSOE y PP); nos estamos refiriendo a esta: “La ley es igual para todos”. Cabe recordar que también ganó notoriedad cuando el hoy rey emérito la pronunció en uno de sus insufribles discursos de nochebuena.

El incumplimiento de las leyes (de sus propias leyes) por parte de quienes tanto apelan a la legalidad es tan habitual que una más apenas llama la atención. Exigen a los demás que las cumplan, en cambio ellos las incumplen cuando no les interesa. Y no pasa absolutamente nada.

Esto ha sucedido ahora. El Gobierno “progre” ha asignado a doce persona, dicen que expertas, para decidir acerca de la desescalada. Lo que no ha hecho es publicar sus nombres, pese a que están obligados a hacerlo en base a la ley de “transparencia e imparcialidad”. Un episodio más de que hacen lo que les da la gana, como sin duda también lo hubiera hecho el PP. Y es que son más de lo mismo.

La noticia  

El comité que decide acerca de la desescalada está compuesto por 12 personas de cada territorio del Estado. Así lo anunció el mismo Pedro Sánchez el sábado pasado, cuando explicó los detalles del proceso de desconfinamiento por cuatro fases. Sin embargo, una semana después, nada se sabe de quienes son esas 12 personas. El Ministerio de Sanidad se niega a facilitar los nombres alegando que pueden recibir presiones, pero contraviene la Ley General de Salud Pública, que lo obliga a «transparencia e imparcialidad» a las personas que colaboren y a hacer públicos los nombres de estos expertos.

Este mismo jueves, el doctor Fernando Simón se negaba rotundamente a revelar la identidad. «No les daré nombres de ninguna persona del equipo porque, en todo este proceso que llevamos de varios meses, las presiones que recibe cualquier persona de la que se da el nombre, por parte de la sociedad y los medios, acaba haciendo difícil trabajar con la suficiente libertad», justificó. «Somos 12 personas trabajando con las comunidades y lo mejor que podemos hacer es dejarles trabajar correctamente y de la forma más independiente posible», insistió.

Esta negativa choca frontalmente con la Ley General de Salud Pública, aprobada por el gobierno de Zapatero, que establece que «las administraciones sanitarias exigirán transparencia e imparcialidad a las organizaciones científicas y profesionales y a las personas expertas con quien colaboren en actuaciones de salud pública». Por si quedaban dudas, también señala que «será pública la composición de los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública, la declaración de intereses de los intervinientes, así como los dictámenes y documentos relevantes, salvo las limitaciones previstas por la normativa vigente».

Estos expertos son los que analizan las propuestas de cambio de fase y la documentación técnica aportada por las diferentes comunidades autónomas y quien decide qué territorios pueden avanzar en el desconfinamiento y cuáles, en cambio, no lo pueden hacer.

 

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