Cáritas advierte en su informe FOESSA 2025 de la fragmentación social en España, que está disparando la exclusión severa un 52% desde 2007. Se encuentran así 4,3 millones de personas en esta situación (un 27,8% del total), de las cuales 1,4 millones son menores de edad, lo que convierte a la infancia en uno de los grupos más golpeados: el 29% de los niños sufre exclusión social. España figura entre los países europeos con mayor desigualdad, donde el 10% más rico concentra el 54% del patrimonio inmobiliario, mientras la mitad de la población solo posee el 7%. Además, el 20% más rico concentra el 40% de los ingresos, frente al 7% del 20% más pobre. La exclusión se agrava entre los inmigrantes extracomunitarios, ya que el 24% vive en exclusión severa, cuatro veces más que la media española. El informe subraya también que el 67% de los hogares en exclusión moderada y el 53% de los hogares en exclusión severa tienen al menos un miembro con trabajo, lo que revela que el empleo ya no garantiza salir de la pobreza.
Se denuncia también que “muchos empleos son una condena a la pobreza” debido a la temporalidad persistente, la parcialidad involuntaria, los falsos autónomos y los bajos salarios. Los jóvenes sufren especialmente esta precariedad, con sueldos entre un 15% y un 30% inferiores a los de generaciones anteriores. En el informe se descarta la pasividad como un factor de esta situación: el 81% de los hogares en exclusión social y el 77% de los de exclusión severa realizan actividades de inclusión (formación, búsqueda activa de empleo o participación en servicios sociales).
El informe pone sí que pone el foco en la vivienda como un factor determinante “incluso superior a los ingresos”: mientras 3,9 millones de viviendas están vacías, el 45% de los inquilinos del mercado libre está en riesgo de exclusión. “La vivienda exige una respuesta estructural que priorice el derecho frente a la especulación”, reclama Cáritas, advirtiendo que el modelo actual genera bolsas de pobreza y concentra la riqueza. Además, subraya la importancia del código postal: los hijos de padres con bajo nivel educativo tienen el doble de riesgo de exclusión, y este riesgo se multiplica por 2,4 si alguno de los progenitores nació fuera de la UE.
El informe, concluye que “el crecimiento económico por sí solo no corrige la desigualdad; incluso puede agravarla”. Las políticas actuales —como el ingreso mínimo vital o la protección a mayores de 52 años— son “parches” que no atacan las causas estructurales. Cáritas reclama un nuevo pacto social que cuestione la meritocracia y el modelo de crecimiento ilimitado, y que garantice cohesión, empleo digno y vivienda accesible.
Más allá de la paradoja que supone que sea una institución dependiente de la iglesia la que denuncie esta situación, se pone en relieve, una vez más, la desconexión que existe entre la macroeconomía y el día a día de la población.
