La represión del Estado desde el referéndum del 1-0 en cifras

Òmnium Cultural ha cifrado en 2.500 los «represaliados por el Estado» en el marco del ‘procés’ desde el referéndum del 1-O del 2017 hasta hoy. La entidad soberanista ha sumado 12 condenados por el Tribunal Supremo, 9 «exiliados», 1.396 heridos, 292 detenidos, 12 casos de prisión preventiva, 18 personas investigadas por clonar webs cerradas, 18 docentes investigados, 40 altos cargos y 712 alcaldes investigados por el referéndum.

En una rueda de prensa junto a representantes de Irídia y Alerta Solidària, el vicepresidente  y portavoz de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha sostenido que el «contador de la represión no se para» porque esta «no solo no ha parado, sino que ha aumentado con los diferentes gobiernos del Estado de distintos colores políticos». «No tenemos otros niveles comparativos que no sean durante la dictadura», ha rematado.

En esta línea, Mauri ha defendido la derogación de la ‘ley Mordaza’ y ha criticado el «endurecimiento» del Código Penal. Ha opinado que el futuro Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos debería acatar los informes de Amnistía Internacional y el grupo de detenciones arbitrarias de la ONU «si se pretende progresista y defensor de los derechos humanos». «Hablar de situaciones de diálogo es un poco difícil sin tener en cuenta toda esta represión. Tiene que haber dilogo, la vía no puede ser encarcelamiento, los juicios, las prisiones ni la represión policial. Los conflictos políticos se resuelven con política […] y hay que reparar todo el daño que se ha hecho», ha espetado.

Llamadas al «fin de la represión» y la «impunidad policial»

Mauri ha anotado sus peticiones al futuro Ejecutivo central: que «termine la represión del Estado contra la disidencia», que «el sistema judicial español se despolitice» y «se archiven las causas abiertas», que «las actuaciones policiales estén amparadas» con la normativa vigente y que «se escuchen las demandas» de las organizaciones a favor de los derechos humanos que piden la excarcelación de los independentistas.

La abogada de Irídia, Anaïs Franquesa, ha criticado que «el derecho a la protesta sea tratado como un problema de orden público» y que se use la «violencia policial» para «reprimirla». Franquesa ha pedido una «depuración de responsabilidades» en los cuerpos policiales para que los casos que anunció el ‘conseller’ de Interior, Miquel Buch, «culminen con investigaciones efectivas». «Tiene que haber un mayor control y trabajar para que se implante la identificación delantera, trasera y en el casco […] Depurar y sancionar, si es necesario, son garantías de no repetición», ha añadido.

Por su parte, el portavoz de Alerta Solidària, Xavier Pellicer, ha señalado que «la vulneración de derecho es un apéndice necesario de la represión política» y ha insistido en que el objetivo que persigue es «que no se habla del conflicto político, sino de las vulneraciones de derechos» para desmovilizar. «Esta represión no es nueva, ahora es generalizada, sistematizada, pero venimos de décadas oscuras en que cualquier reivindicación política o de denunciar una ley o estructura injusta ha sido duramente reprimida», ha apuntado, y ha hecho un llamamiento a «acabar con la impunidad de los cuerpos policiales».

Todos ellos han concluido el acto llamando de nuevo a la movilización que tendrá lugar este miércoles durante el clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid «desde la lucha no violenta». «Aspiramos a que este miércoles haya otra movilización masiva en nuestro país», ha zanjado Mauri.

 

ACN

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