25 años después de abrir el Sistema Sanitario a la privatización, el Gobierno de “izquierdas y progresista” ratifica su obediencia al Ibex y apuesta por continuar con el desmantelamiento del sistema publico sanitario.
A escasos días de las elecciones andaluzas, y ante el previsible varapalo que la izquierda institucional va a recibir, el Gobierno mas progresista de la historia, ha aprobado en Consejo de Ministros la tramitación de la “Ley de equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud”, que está intentando vender como la varita mágica que blindará la sanidad pública de la privatización.
Después de los incumplimientos en pensiones, en la derogación de la reforma laboral, en la atención a nuestros mayores, o en la ley “mordaza”, ahora el Gobierno se pliega de nuevo a los poderes económicos y mantiene los instrumentos que permiten la privatización sanitaria.
Lo que esconde este ejercicio de prestidigitación es:
- Como ya advertimos hace meses, se deroga la Ley 15/97… pero se traslada su contenido al articulo 47 de la Ley General de Sanidad (hasta ahora vacío por derogación previa), introduciendo la privatización en la propia LGS.
- Se establece un supuesto carácter “excepcional” para la utilización de modelos privados, lo que ya existía desde 1986 en el contenido del articulo 90 de la Ley General de Sanidad (conciertos privados), y no ha impedido en estas décadas que cada año cerca de 9.000 millones de euros acaben en los bolsillos de los accionistas de hospitales privados. Advertimos que la “excepcionalidad” la van a definir los mismos que llevan desmantelando el sistema sanitario décadas y que las motivaciones que detalla la ley para considerar adecuada la privatización son tan inconsistentes como la “insuficiencia de medios propios para dar respuesta a los servicios y prestaciones y/o la necesidad de recurrir a fórmulas diferentes a la de gestión pública directa”. Es curioso que la patronal de hospitales privados no esté preocupada por la nueva ley, dado que según ellos, “no impide la concertación con el sector privado, sino que solo la protocoliza”.
- La situación actual del SNS, incapacitado para atender en plazos adecuados a la población, debido al proceso de desmantelamiento y deterioro (planificados) ejecutados en los últimos años, que ha provocado que la primera motivación apuntada por la ley para la privatización (“insuficiencia de medios propios para dar respuesta a los servicios y prestaciones”), sea en realidad una coartada estructural que justifique el mantenimiento de la hemorragia de miles de millones de euros que suponen los conciertos privados. Dinero que se debería dedicar a contratar a nuestros jóvenes médicos y sanitarios para que no se vean obligados a emigrar, y a dotar de recursos a los centros públicos para que realizaran las actividades que hoy se “externalizan”. Uno de cada 9 euros de gasto sanitario público ya acaba en manos privadas por esta vía y la nueva norma no lo va a modificar.
- Se mantiene el articulo 67 de la Ley General de Sanidad (convenios singulares), que legaliza la atención sanitaria a través de hospitales privados, indefinidamente, y con dinero público, en muchas localidades del Estado, evitando así la construcción de los hospitales públicos que se merecen los pacientes de esas ciudades.
- Las decenas de centros privatizados en base a la Ley 15/97 y a pesar de su cosmética derogación se mantendrán durante décadas como una losa económica sobre los presupuestos sanitarios. Ninguna administración se ha atrevido a rescatar estos centros (recordamos que sus costes finales a 30 años de concesión serán como mínimo entre 7 y 10 veces superiores a la inversión realizada), al revés que otros gobiernos de países de nuestro entorno que sí han rescatado centros similares, debido a sus altos costes y a los deficientes resultados en términos de calidad de la atención sanitaria.
Para vender el producto, sin molestar a los dueños del Ibex, el gobierno introduce un barniz progresista con la supresión de ciertos copagos (mas bien repagos, ya que la sanidad se financia con nuestros impuestos) de material protésico, o en transporte sanitario no urgente, pecata minuta con el volumen de negocio que se garantiza con el mantenimiento del proceso privatizador.
Por ultimo la presente ley vuelve a establecer las condiciones necesarias para el derecho a la protección de la salud con cargo a fondos públicos de todas la personas con varios condicionantes y un complicado proceso administrativo pendiente de desarrollo posterior y al que habrá que estar atentos para desentrañar las posibles trampas a la universalidad que de nuevo se creen.
Desde CAS hacemos un nuevo llamamiento: la Iniciativa Legislativa Popular de Recuperación del Sistema Sanitario, que hemos presentado con el apoyo de muchos colectivos de todo el Estado
(www.recuperatusanidad.org), y que ningún partido quiere tener que debatir en el Congreso, es la única que garantizaría en este momento el blindaje del sistema sanitario.
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