La justicia frena las investigaciones sobre Podemos; dice que no puede actuar sobre «rumores, sospechas o suspicacias»

El ex abogado de la formación morada, José Manuel Calvante, y ahora acusador, denunció el cierre del portal de transparencia incumpliendo los Estatutos, el nombramiento de la nueva gerente, el cese del antiguo responsable de compras y el nombramiento del nuevo, la falta de aprobación del presupuesto de 2019 y presupuestos de las campañas electorales de 2019, el aumento de salarios de tesorero y gerente por encima de los límites éticos fijados por el partido así como abono de gastos desproporcionados y conceptos no autorizados y la desaparición de la auditoria externa y falta del control del gasto.

La Fiscalía responde que si bien estos hechos pueden ser «discutibles» desde el punto de vista ético o de la transparencia «es claro que no revisten caracteres de delito», por lo que solo pide que se continúe con la investigación del contrato suscrito ente el partido y la sociedad mercantil Neurona Consulting para las elecciones del 28 de abril y al que alude el Tribunal de Cuentas en su informe. Un duro varaplo para Calvante y la prensa que cada día ha llenado de titulares esta denuncia.

Ante la denuncia sobre los complementos salariales y la suficiencia de la justificación de los gastos de miembros del partido. La Fiscalía sostiene que «No podemos deducir que hayan cobrado más de lo que les corresponde«. Y añade que el cobro de cantidades por parte de trabajadores del partido por encima de las cantidades que el propio partido había fijado como límite ético podrá ser «discutible» desde su normativa interna pero «no constituye hecho típico alguno». «Más aun, ni siquiera aparece como acreditado este hecho a la vista de las nóminas aportadas y la normativa interna».

También dictamina que no hay ningún indicio de que Mayoral se haya apropiado de los 50.000 euros a través de personas interpuestas «por más que se acompañen [los indicios] de relaciones y rumores obtenidos a través de internet».

Sobre el acceso inconsentido al disco duro de la abogada Marta Flor, el representante del Ministerio Publico pone de manifiesto que «teniendo en consideración la ausencia de denuncia de la persona afectada (…) no se puede acordar ninguna diligencia al respecto puesto que es necesaria la denuncia del perjudicado.

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