La Fiscalía sostiene que lo ocurrido no entraña delito por parte de los antidisturbios:
«El que durante momentos de conflictividad socio laboral como el vivido en Cádiz durante el mes de noviembre de 2021 se produzcan hechos como los mencionados en la denuncia no es nada inhabitual y no refleja tampoco la existencia de un diseño policial que entrañara tintes de tipicidad penal», afirma la fiscalía, y dice más para justificarse: «un aumento progresivo, exponencial y un mantenimiento de la violencia contra los funcionarios policiales y bienes públicos y privados —del que se da cuenta exhaustiva en el oficio del Comisario Jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Cádiz que consta en las actuaciones— enmarcados dentro del conflicto del metal que se extendió a prácticamente toda la Bahía».
