La detención de Puigdemont podría ser ilegal. ¿Dónde está la autorización judicial permitiendo la instalación del geolocalizador en su coche?

Existe una seria duda legal en la detención del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el pasado domingo por la policía alemana. Y es que la instalación de un dispositivo de geolocalización en el coche en el que viajaba requiere autorización judicial, según la Ley Orgánica 13/2015, que modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Refiriéndose a este hecho, desde el bufete de abogados Almeida preguntan: «¿Dónde está el auto del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena?». Y añaden sus abogados que «la geolocalización fuera de España también debe estar razonada convenientemente en un auto judicial. Un debate jurídico muy interesante».

Como se sabe, la existencia del geolocalizador en el coche del president ha sido reconocida por «fuentes cercanas a la investigación». El widget lo instalaron agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) antes de que volviera a Bruselas desde Helsinki.  De modo que los agentes siempre tuvieron controlado el vehículo en todo momento.

En su exposición de motivos, la citada ley dice explícitamente que «la incidencia que en la intimidad de cualquier persona puede tener el conocimiento por los poderes públicos de su ubicación especial, hace que la autorización para su práctica se atribuya al juez de instrucción», en referencia a los dispositivos técnicos de seguimiento y localización como el que los agentes acoplaron en el coche de Carles Puigdemont.

Era, pues, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, el instructor de la causa que afecta a Puigdemont, quien tenía que cursar la autorización, de la que todavía no se sabe nada, en absoluto.

Por su parte, el magistrado Javier Ignacio Reyes López, en un análisis técnico sobre dicha reforma legal, asegura que el artículo 588 quinquies b de la citada ley, que se refiere a dispositivos de geolocalización de un objeto vinculado directa o indirectamente a una persona investigada (un vehículo, un barco…), “establece que es preceptiva la autorización judicial para su instalación. El artículo no deja otra opción”. Y añade: “de lo contrario, la autoridad o funcionario público, o su agente (policía etc) puede incurrir en responsabilidad penal”.

 

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4 comentarios

  1. pocas dudas,puigdemont,estaba en busca y captura.la detencion ha sido legal y previsible.el era un fugado,no un preso de conciencia como los saharauis en MaRRUECOS,de los cuales no hablamos nunca o de los niños palestinos en carceles judias,pero en esos temas la-izquieda-progre no entra.

  2. Pero es que la policía hace alguna cosa legal en este país ??? sera con las leyes ilegales que les amparan y con con los jueces franquistas y corruptos que los protegen , bueno para ser justos alguna cosa hacen bien , el DNI , pero tardan un huevo

  3. Leandro Gutierrez

    En este país no hay nada legal: la monarquía, las calles que mantienen nombre de franquistas, nada nada es legal por mucho que lo digan los jueces y sus policías..los que son trabajadores del estado en el resto de ámbitos han aceptado sus puestos de trabajo por imperativo como ocurría en la época en que había que aceptar los principio fundamentales del movimiento (golpe de Franco)

  4. Dispersion de presos ILEGAL

    Devoluciones en caliente ILEGAL

    Amnistia fiscal ILEGAL

    Sigo??

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