El Ejecutivo central ha dejado sin cumplir al menos ocho solicitudes que, tras buscar amparo en el Consejo de Transparencia, tampoco han sido tramitadas. En una solicitud de información sobre el “gasto para cada mes y año que suponen la escolta del Rey Emérito” desde su abdicación hasta la actualidad, el Gobierno alega que se tratan de “secretos oficiales”. En otras cuatro, guarda silencio administrativo y no ofrece respuesta alguna, no solo acerca de los gastos, sino también sobre las condiciones y las reuniones en las que se preparó la salida de Juan Carlos I.
El Ejecutivo descarga responsabilidades sobre Felipe VI en otra petición de información, ante la que alega que es la Casa del Rey la que está “sujeta” a la Ley 19/2013 de Transparencia y Buen Gobierno, atribuyéndole de este modo la competencia de contestar a los detalles de relevancia pública sobre la salida de Juan Carlos I. Esa última contestación por parte de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno señala que la Casa Real está obligada a “proporcionar información en respuesta a solicitudes de acceso sobre personal, administración y gestión patrimonial”.
