La cara oculta del milagro portugués

La socialdemocracia en sus varias organizaciones y sus apoyos mediáticos suspiran por lo ocurrido al otro lado de la frontera, están agarrados a lo que ocurre en Portugal. Un gobierno del PS (el mismo de personajes siniestros como Mario Soares) apoyado desde fuera, a veces por el PCP y el Bloco y otras por la derecha. Una situación «ideal» para los «centro-izquierdistas» europeos. Pero hay cosas que deberíamos saber.

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El Gobierno portugués, a menudo alabado por haber hecho frente a la Comisión Europea y por haber estimulado el poder adquisitivo, se encuentra actualmente en dificultades. Varios movimientos sociales sacuden el país, como la huelga de transportistas por el aumento de los salarios. En pleno verano, el primer ministro incluso tuvo que recurrir al Ejército para garantizar el abastecimiento de las gasolineras. Las luchas contra la precariedad, por el acceso a la vivienda y por el aumento del poder adquisitivo conciernen a los asalariados tanto del sector público como del privado.

“¿Qué queremos? ¡Casas para todos!”, corean en bucle medio centenar de personas delante del grisáceo edificio del Ministerio de Vivienda portugués. En esta mañana del 4 de junio de 2019, los activistas de la plataforma Stop Despejos (“Stop Desahucios”) y un puñado de familias lisboetas amenazadas con ser desahuciadas no contienen su rabia.

Unos días antes, Maria Nazaré Jorge, de 83 años de edad, que vivía en pleno centro de Lisboa, fue desalojada por diez policías. “Vivía desde hacía cuarenta años en ese apartamento. El contrato de alquiler estaba a nombre de su tía, que murió hace poco”, cuenta Sandra P., de Stop Despejos. “Su alquiler era de 200 euros mensuales. Como los precios inmobiliarios se han disparado en el centro de la capital, el propietario ha aprovechado para expulsarla”. Durante cerca de una hora, los miembros del colectivo se manifiestan enarbolando pancartas que proclaman “Hay una crisis de la vivienda” o “No a la especulación inmobiliaria”, hasta que una pequeña delegación recibe autorización para entrar en el edificio. La jefa de gabinete ministerial declara lacónicamente: “Maria Nazaré Jorge está alojada de modo provisional hasta que se encuentre una solución definitiva”. “Desde su expulsión, sufre depresión y se encuentra completamente desorientada”, cuenta Sandra P. “Vive aislada en lo alto de Castelo, el barrio más turístico de la ciudad, donde el único medio de transporte público es el célebre tranvía número 28, que los turistas toman por asalto…”.

En 2012, el Gobierno de centroderecha de Pedro Passos Coelho (2011-2015) modificó la ley sobre los alquileres en favor de los propietarios, facilitando el aumento del alquiler al término del contrato y la expulsión de los inquilinos en caso de reforma del inmueble. Portugal, asfixiada por la crisis de la deuda desde 2008, cayó en 2011 en las redes de la Troika, la alianza del Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. Esta le impuso la desregulación del mercado inmobiliario y el desarrollo de la oferta turística como condición para la concesión de su ayuda de 78.000 millones de euros. Desde entonces, Lisboa se ha esforzado en incrementar su “atractivo fiscal” para estimular el mercado inmobiliario. Creados en 2012, los “visados dorados” –permisos de residencia concedidos a los extranjeros que compran bienes inmobiliarios por valor de más de 500.000 euros– han inyectado en seis años 4.000 millones de euros de capitales en el sector. A esto se añade el estatus de residente no habitual (RNH), garantía de un régimen fiscal ventajoso para los jubilados europeos que se instalan en Portugal y que adquieren una vivienda.

“Otra ley, la de 2014 que regula los alquileres de tipo Airbnb, permite a los propietarios ganar 3.000 euros al mes alquilando a turistas un bien que alquilarían por 300 euros a un portugués”, añade Luís Mendes, geógrafo y miembro de Morar em Lisboa (“Vivir en Lisboa”), plataforma de unas cuarenta asociaciones por el derecho a la vivienda. “En algunos barrios del centro, más de un alojamiento de cada dos se alquila vía Airbnb. Esta liberalización del mercado del alquiler conduce a la expulsión de entre una y tres familias cada día. ¡Hasta las clases medias tienen ahora problemas de alojamiento!”. Con un aumento de los alquileres turísticos del 3.000% en una década, Lisboa es, desde 2018, la ciudad europea que cuenta con mayor número de alojamientos Airbnb por habitante, por delante de Barcelona y París. Aun así, “en cuatro años, el Gobierno de izquierdas apenas ha hecho algo contra ese abanico de medidas neoliberales que favorecen la financiarización de la vivienda”, declara Mendes.

A finales de 2015, el Gobierno del primer ministro socialista António Costa llega al poder anunciando su voluntad de atenuar las medidas de austeridad prescritas por la Troika. Apoyado en el Parlamento por el Bloque de Izquierda, el Partido Comunista Portugués (PCP) y los ecologistas gracias a acuerdos bipartitos –una coalición apodada la geringonça, “la chapuza”–, el Ejecutivo puso en marcha una política de recuperación del poder adquisitivo, a la vez que saneaba las cuentas públicas. Revalorizó las pensiones más modestas, aumentó el salario mínimo –congelado en 485 euros mensuales (en catorce pagas) hasta 2014, pasó a 600 euros en 2019– e incluso amplió las prestaciones sociales (1).

Los resultados fueron edificantes. En junio de 2017, Portugal salió del procedimiento de déficit excesivo en el que se encontraba desde 2009. La tasa de desempleo ha pasado de un 12% a finales de 2015 a un 6,3% en 2019, y el Gobierno prevé un déficit público próximo a cero en 2019 –se situaba en un 4,4% del producto interior bruto (PIB) en 2015–: un hito desde el advenimiento de la democracia en 1974. En cuanto al crecimiento, “llega” desde 2017 hasta un 2,8%, un récord después de diecisiete años.

De The New York Times a Le Monde, de Le Figaro Économie a Financial Times, la prensa celebra el “milagro económico portugués”. En cuanto a la izquierda europea, aplaude la particular solución de Costa, que ha sabido dar la espalda al dogma liberal de la austeridad impuesto por Bruselas. Durante la campaña presidencial francesa de 2017, el candidato socialista Benoît Hamon se entrevista con Costa en Lisboa. Por su lado, Jean-Luc Mélenchon (Francia Insumisa) habla del “modelo portugués” para promover su programa electoral.

Este éxito se ha traducido en buenos resultados en las últimas elecciones europeas. Hombre clave de la alianza entre el Gobierno y los diputados de extrema izquierda, el socialista Duarte Cordeiro, secretario de Estado para Asuntos Parlamentarios, se regocija de los resultados de su partido. Instalado en un sillón de su elegante despacho en pleno corazón de la Asamblea de la República, subraya: “Estamos a unos meses de las legislativas de octubre, y venimos de ganar las elecciones europeas con un 33,4% de los votos. Ya no enviamos ocho, sino nueve diputados socialistas al Parlamento Europeo. Es la prueba del amplio apoyo popular a la línea de actuación del Partido Socialista [PS] y los partidos que sostienen al Gobierno”.

No obstante, el PS portugués parece adaptarse sin demasiados problemas a las medidas neoliberales de sus predecesores. Como la que incitaba a los propietarios a alquilar a los turistas antes que a los habitantes o las medidas de exención fiscal destinadas a atraer a los inversores chinos y rusos. “Los visados dorados o el estatus de RNH son dos temas sobre los que el Gobierno no ha modificado su política”, admite Cordeiro. “Pero estamos dispuestos a replantearla, probablemente durante una futura legislatura”.

¿Será esto cierto? En enero de 2019, Costa inauguró un régimen de sociedad inmobiliaria inspirado en los Real Estate Investment Trust, un modelo que permite transformar la inversión inmobiliaria en inversión financiera gracias a una fiscalidad ventajosa. Asimismo, dentro de la misma lógica del estatus de RNH, el Gobierno ofrece desde julio de 2019 una reducción del 50% del impuesto sobre la renta durante cinco años a todo portugués que, expatriado durante el periodo de austeridad, regrese próximamente al país. En efecto, entre 2010 y 2015, en el punto más alto de la austeridad, 500.000 personas, es decir, el 5% de la población, emigró. El objetivo de esta medida: incentivar fiscalmente a los jóvenes titulados más adinerados para que vengan a invertir a Portugal. Una ganga a la que no pueden optar los que carecían de medios para exiliarse durante los años que siguieron a la crisis.

Al día siguiente de la acción de Stop Despejos, Morar em Lisboa organiza un debate sobre la reciente regulación de los alquileres tipo Airbnb por el Ayuntamiento. En una pequeña sala enmoquetada, a dos pasos del Museo del Fado, en la parte baja del barrio de la Alfama, discusiones encendidas se prolongan hasta el anochecer. Lurdes Pinheiro, de la asociación vecinal, estalla: “La Alfama se está convirtiendo en un parque de atracciones. Todas las intervenciones urbanísticas del Ayuntamiento están pensadas para los turistas y no para los lisboetas. ¡Es una barbarie arquitectónica que destruye nuestro patrimonio!”.

Unas calles más allá, hace poco que el consistorio socialista ha traspasado el Palacio Santa Helena, una antigua edificación del siglo XVII, a Stone Capital, uno de los principales promotores inmobiliarios de la ciudad. Los dos hermanos que dirigen este grupo privado, los franceses Arthur y Geoffroy Moreno, lo han transformado en apartamentos de lujo. “En el otro lado de la colina de la Alfama, Stone Capital también se ha apoderado de un antiguo patio arbolado considerado como uno de los pulmones verdes del barrio de Graça”, señala Ana Jara, arquitecta y concejal de la oposición (PCP). “Su proyecto es construir una espacio residencial cerrado de lujo, sin consulta pública ni estudio medioambiental”.

Tras las elecciones municipales de 2017 y la renovación del mandato del alcalde socialista Fernando Medina, los proyectos urbanos de envergadura ya no pasan por el filtro del consejo municipal. Ahora son aprobados directamente por el gabinete de Manuel Salgado, vicealcalde responsable de urbanismo desde hace doce años. “Es el maestro de obras de una estrategia de ordenación urbana neoliberal cuyo único objetivo es convertir a Lisboa en un terreno fértil para las inversiones financieras”, declara Jara. “Hace cinco años, un edificio de cada tres en Lisboa estaba en ruinas, degradado o vacío, sin ninguna función social o económica”, señala Mendes. Después de que el jugoso mercado de la rehabilitación de la ciudad se confiara al sector privado, los grandes proyectos urbanísticos florecen bajo la batuta de Salgado. En el norte de la ciudad, la futura Torre Portugália, una torre que albergará viviendas de alto standing, cristaliza la cólera de los lisboetas. Al otro lado del Tajo, en los barrios populares, el proyecto Lisbon South Bay se anuncia como la mayor operación de recalificación urbanística desde la Expo del 98. Dentro del plan: un centro de congresos, una marina y hoteles de lujo. Los promotores calculan que ese proyecto “reforzará el estatus de Lisboa como destino de turismo e inversión” (Público, 14 de mayo de 2019). La capital se ha convertido en un terreno de juego tan favorable a los inversores internacionales que Medina fue invitado en la primavera de 2019 al club Bilderberg, esa discreta reunión anual de las elites políticas y económicas occidentales.

Estas políticas de captación de financiación pública en detrimento del derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad de los portugueses busca paliar la gran debilidad de las inversiones del Gobierno de Costa. Ya que, desde 1974, el grifo nunca había estado tan cerrado como tras la llegada al poder de los socialistas. En 2018, la inversión pública del país fue la más baja de entre todos los países de la zona euro (2).

¿Los motivos de esta orientación política? La obsesión del Gobierno socialista es respetar la ortodoxia presupuestaria impuesta por los tratados europeos. La recuperación económica no ha servido prioritariamente para mejorar las condiciones de vida de los portugueses, sino para reducir el déficit y la deuda, estimada en un 120% del PIB. “Gran parte del PS quiere mantener una relación pacífica con el sector bancario y las instituciones europeas, para aparecer como el alumno aventajado de Europa”, dice José Gusmão, dirigente del Bloque de Izquierda y eurodiputado. “Su objetivo, a la larga, es el reembolso de la deuda para respetar el techo fijado por Bruselas: un 60% del PIB. Pero mantener el ritmo actual de reducción de la deuda –lo que es utópico– supondría privarnos de inversiones públicas durante dos décadas…”. Cordeiro reconoce: “La principal divergencia con nuestros socios de izquierda sigue siendo el ritmo de la reducción de la deuda. No suscriben nuestros objetivos presupuestarios. Nosotros los asumimos plenamente”.

Este rigor fue puesto en práctica por el ministro de Finanzas Mário Centeno, economista liberal titulado por Harvard y actual presidente del Eurogrupo (3). En lugar de invertir en el sector público, Centeno recientemente rescató Novo Banco (4), un banco privado que quebró durante la crisis debido a sus actividades especulativas: 1.900 millones de euros de dinero público. La decisión desató la ira de la izquierda radical y los comunistas, que acusaron al ministro de preferir “sanear” los bancos privados a efectuar las inversiones necesarias en el país.

Las universidades están al borde de la quiebra; el sistema de salud está falto de medios materiales y de personal. El gestor público de las infraestructuras ferroviarias considera que el 60% de las líneas de ferrocarril están en un estado “malo” o “mediocre”. En cuanto a la vivienda social, representa apenas el 2% del parque inmobiliario. “En este momento, se está discutiendo una ley sobre vivienda en el Parlamento, pero sabemos más o menos cómo terminará”, suspira Rita Silva, de la asociación por el derecho a la vivienda Habita. “Pese a algunas medidas positivas, no hay ninguna voluntad política de invertir dinero público en vivienda. Y António Costa ya ha afirmado que esa ley no debería poner en entredicho la liberalización del mercado inmobiliario”.

Un síntoma de esta tensión entre disciplina presupuestaria y política social es la reciente huelga de docentes. Deseando beneficiarse de la mejora económica, estos últimos reclamaban el aumento de sus salarios, congelados durante nueve años a causa de la austeridad. Pero el pasado 3 de mayo, el primer ministro calificó la aprobación de semejante gasto por el Parlamento de “bomba presupuestaria” que amenazaba con romper “el equilibrio de las cuentas públicas” y que comprometía la “credibilidad internacional” del país. Después de que el Gobierno amenazara con dimitir, los docentes solo consiguieron una descongelación parcial de sus salarios de dos años y nueve meses.

“El país sigue maniatado por esa voluntad de satisfacer las exigencias de Bruselas”, analiza José Reis, investigador en Economía de la Universidad de Coimbra y coordinador del Observatorio de Crisis y Alternativas. “Se ha entablado una difícil lucha para aumentar los débiles ingresos respetando el marco presupuestario europeo, pero el nivel general de los salarios todavía no ha alcanzado el anterior a la crisis financiera. ¿Por qué? Porque el crecimiento descansa, entre otras cosas, en el trabajo precario y de bajo coste”.

En efecto, la caída espectacular del paro encubre la existencia de empleos mal pagados y poco cualificados. Según los estudios dedicados a la cuestión, la mitad de los nuevos contratos serían indefinidos. Desde la llegada de la Troika, nunca ha habido tantos empleos precarios: 73.000 más que en 2011. La mitad de las horas extras trabajadas no se pagaban en 2018. Los más afectados, los jóvenes: el 65% de ellos tienen contratos temporales, es decir, diez puntos más que hace diez años. “En la legislación laboral hemos avanzado muy poco, e incluso hemos retrocedido”, explica Gusmão. “Con la ayuda de la derecha y la patronal, el Gobierno ha aprobado la generalización de los contratos precarios de muy corta duración, antes reservados al sector turístico. En resumen, lo que la geringonça ha conseguido con la revalorización de los salarios, el Gobierno lo ha minado con la precarización de los asalariados”.

Los puertos industriales son una baza fundamental de la economía: entre 2009 y 2018, las exportaciones pasaron del 27% al 43% del PIB –un crecimiento considerable–. Pero la competitividad de los puertos de exportación portugueses también es fruto de la floración de una mano de obra flexible y del recorte de los salarios de los trabajadores. “Entre 2012 y 2013, se aprobó una ley sobre la liberalización de la actividad portuaria que buscaba debilitar nuestras condiciones de trabajo”, cuenta António Mariano, presidente del Sindicato de los Estibadores y de la Actividad Logística (Sindicato dos Estivadores e da Actividade Logística, SEAL). “Eso provocó una proliferación enorme de la subcontratación”.

En agosto de 2018, el SEAL desencadenó un movimiento huelguístico en solidaridad con los trabajadores del puerto de Setúbal, a unos cincuenta kilómetros de Lisboa, donde el 90% de los estibadores y encargados de logística trabajaban con contratos diarios. “Esos trabajadores precarios no tienen ni vacaciones ni derecho a protección social en caso de enfermedad o accidente de trabajo. Algunos pueden ser contratados y despedidos dos veces a lo largo de una misma jornada a fin de encadenar dieciséis horas de trabajo”, explica Mariano. Setúbal es el estratégico puerto de AutoEuropa, fábrica del grupo Volkswagen de la que salen más de 100.000 automóviles cada año, y de la empresa portuguesa The Navigator Company, uno de los pesos pesados mundiales de la industria papelera.

“Ante nuestro movimiento contra la precarización extrema, el Gobierno de Costa se lavó las manos arguyendo que se trataba de un asunto que concernía al sector privado”, cuenta el presidente del SEAL. “El 22 de noviembre, cuando el puerto estaba paralizado, el Estado envió a las fuerzas de la Policía para romper los piquetes de huelga a fin de que se cargara un carguero de coches de AutoEuropa…”. La ministra del Mar, la socialista Ana Paula Vitorino, se preocupó más por los automóviles Volkswagen que se amontonaban a la espera de ser exportados que por las condiciones de trabajo de los estibadores.

A finales de 2018, la lucha del SEAL desembocó en un acuerdo para que los trabajadores de Setúbal obtuvieran un convenio colectivo. “No obstante, la ley de 2013 sobre el trabajo portuario sigue en vigor, pese a las numerosas interpelaciones del Ministerio del Mar o de las comisiones parlamentarias que examinan la legislación laboral. Actualmente, en el conjunto de puertos del país, entre el 25 y el 50% de los trabajadores son jornaleros mal pagados”, prosigue Mariano. “Pero los estibadores no son los únicos afectados por la precarización. El Estado busca aumentar la productividad destruyendo el poder de negociación de los trabajadores”.

Doscientos kilómetros al norte de Lisboa, en pleno corazón de Portugal, se encuentra el pueblecito de Pedrógão Grande. Para llegar hasta él, hay que conducir bajo un sol abrasador por un dédalo de carreteras en medio de un vasto paisaje de desolación. En junio de 2017, gigantescos incendios redujeron a cenizas 30.000 hectáreas de bosque y causaron la muerte de 66 personas. La mayoría falleció al intentar huir del fuego por la carretera principal, que las autoridades no habían cerrado a tiempo. Esta tragedia nacional causó una fuerte conmoción. Para explicar ese incendio, el más mortífero de la historia del país, muchos destacaron la falta de medios humanos y materiales. Los bomberos, que en Portugal son mayoritariamente voluntarios, están mal formados, y el sistema de comunicación entre los servicios de emergencia (SIRESP), fruto de una alianza público-privada, se considera defectuoso desde hace una década.

El Gobierno de Costa fue objeto de vivas críticas. El desmantelamiento de los servicios forestales, la privatización de los medios aéreos antiincendios y los recortes presupuestarios de la política forestal, consecuencia de la austeridad y el bajo nivel de inversión pública, han continuado bajo el Ejecutivo socialista. Entre 2006 y 2016, los efectivos de los guardas forestales se redujeron en aproximadamente una tercera parte. Una locura en un país con el 32% de su superficie cubierta de bosque y en el que el fuego devasta 100.000 hectáreas de bosque de media cada año.

También se señaló como causante al cultivo intensivo de eucaliptos. Ese árbol de origen australiano, conocido por empobrecer tanto los suelos como la biodiversidad local, es altamente inflamable. Pero los pequeños propietarios forestales lo plantan masivamente desde hace veinte años: al no requerir de ningún mantenimiento y crecer muy rápido, esta especie es vendida como materia prima a la industria papelera, sobre todo a The Navigator Company. “En la actualidad, una cuarta parte del bosque portugués es de eucaliptos. Se trata de la especie más presente en el territorio”, denuncia la Liga para la Protección de la Naturaleza (LPN). “Portugal ostenta la mayor densidad de eucaliptos del mundo. El árbol, en el pasado designado por el Estado como nuestro ‘petróleo verde’, es percibido como un motor de la economía”.

Tercer exportador del país, The Navigator Company efectúa el 3% de las exportaciones nacionales. “En 2002-2004, el Gobierno de José Manuel Barroso negoció con la empresa a fin de intensificar su desarrollo económico”, cuenta Nádia Piazza, que perdió a su hijo de 5 años en el drama de junio de 2017 y que preside la Asociación de Víctimas del Incendio de Pedrógão Grande (5). “Desde entonces, las autoridades locales han concedido autorizaciones para plantar eucaliptos a los ‘micropropietarios’, a ojos cerrados. Como la política forestal está basada en el beneficio a corto plazo, el árbol ha proliferado con mucha rapidez en las zonas rurales más desfavorecidas”. Por añadidura, para disgusto de las asociaciones defensoras del medio ambiente, el Gobierno de Passos Coelho liberalizó el cultivo del eucalipto en las parcelas de menos de dos hectáreas, o lo que es lo mismo, en más del 80% de la superficie forestal, transformando Portugal en “Eucaliptugal”, según la expresión de los ecologistas.

“Pedrógão Grande es uno de los municipios más pobres del país. La tercera parte de nuestros 2.500 habitantes tiene más de 65 años y cobra una jubilación de menos de 300 euros mensuales”, cuenta Valdemar Alves, alcalde del PS del Ayuntamiento (6). “Plantar algunos eucaliptos en su pequeña parcela es asegurarse unos ingresos nada desdeñables para sobrevivir”. Por otro lado, la población del pueblo se ha reducido a la mitad en los últimos cincuenta años. “Todos los jóvenes se marchan a Lisboa en busca de trabajo”, se lamenta el alcalde. “Este éxodo rural conlleva el abandono de los campos y bosques, que quedan sin mantenimiento, lo que facilita la propagación de los incendios”. “Hemos perdido a nuestros seres queridos, pero también la esperanza”, comenta con un suspiro Piazza. “Todos experimentamos un sentimiento de abandono”.

Actualmente, el territorio que rodea el pueblo se reduce a un sinfín de colinas grisáceas, donde altos brotes de eucaliptos surgen del suelo como muñecos de su caja. “Los incendios favorecen la proliferación de la especie, así como su comportamiento invasivo…”, explica la LPN. Tras la tragedia de junio de 2017, y con el riesgo creciente de incendios, el Gobierno ha aumentado los efectivos sobre el terreno, ha reforzado los medios aéreos y ha comprado al sector privado la red SIRESP por 7 millones de euros. Pero el primer ministro ha nombrado al frente de la Agencia para la Gestión Integrada de los Incendios Rurales (AGIF), la estructura nacional de coordinación y planificación de la lucha antiincendios inaugurada a principios de 2019, a Tiago Martins de Oliveira, un exdirectivo de The Navigator Company. En cuanto a los nuevos programas regionales de ordenación forestal, que han entrado en vigor este año, privilegian el eucalipto en toda operación de plantación o replantación en el 95% del territorio. “Los nuevos programas no muestran ninguna ambición de cambiar el escenario actual y funcionan sobre la base del business as usual”, resume la LPN.

Desde el año pasado, hay indicadores que muestran que el boom económico de Portugal está perdiendo fuelle. Tras siete años de crecimiento ininterrumpido, el aumento del número de turistas se ha ralentizado fuertemente en 2018 –con una subida del 3,8%, frente al 9,1% de 2017–. En junio, el Banco de Portugal alertó de una posible “fuerte interrupción” de la efervescencia especulativa en el sector inmobiliario. Y si la tasa de crecimiento era de 2,8% en 2017, ha comenzado a desmoronarse, con el 2,1% en 2018 y con una previsión del 1,7% para 2019.

A fuerza de querer aunar medidas sociales y rigor presupuestario, ¿habría obrado el Gobierno de Costa un espejismo en lugar de un milagro? “La geringonça ha sido un laboratorio político, un experimento nuevo en la izquierda”, concluye Reis. “Pero, con las legislativas de octubre a las puertas, surge una pregunta: ¿puede este durar?”.

(1) Véase Marie-Line Darcy y Gwanaëlle Lenoir “‘Gerinconça’, la alianza inesperada”, Le Monde diplomatique en español, octubre de 2017.

(2) Con solo el 1,97% del PIB. Cf. Veille économique et financière du Portugal, n.º 30, 3 de mayo de 2019, Dirección General del Tesoro, París.

(3) Reunión mensual de los ministros de Finanzas de la zona euro.

(4) Novo Banco, tercer banco del país, nació del rescate de Banco Espirito Santo. En 2014, el Estado portugués ya había inyectado 4.400 millones de euros en sus cajas.

(5) Piazza se unió en 2018 al grupo del CDS-Partido Popular (derecha conservadora), encargándose de la elaboración del programa electoral del partido.

(6) Actualmente, Alves está siendo investigado por “homicidios por negligencia” en los incendios de junio de 2017 y por un posible desvío de los fondos para la reconstrucción de casas.

Mickaël Correia

Periodista.

le monde diplomatique

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