No parece ser casual todo lo que esta sucediendo en torno a Pablo Hasel. Por si fuera poco su encarcelamiento por señalar al Borbón, a la monarquía y al sistema como lo que son (lo encarcelaron por eso, no por otras cosas, como se dice), ahora es su abogada, Alejandra Matamoros, la que comienza a sufrir la persecución del Estado; en este caso concreto por parte del Sindicato Unificado de Policía (SUP). Este sindicato ha interpuesto una querella por injurias y calumnias contra ella.
El SUP ha explicado mediante un comunicado que la querella se debe a las declaraciones en un medio de comunicación de la abogada de Hasél en las que imputó «torturas día sí y día también» a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El SUP sostiene que «estas afirmaciones no son sólo falsas sino que han generado en alarma social y se han constituido en el caldo de cultivo de manifestaciones violentas en la vía pública».
Dice el sindicato que la abogada de Hasél incurrió en una «difamación general y gratuita» de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «con ánimo deliberado para tratar de dañar la imagen, prestigio y honradez de todos sus miembros».
Quizá lo que debería entender el SUP es que para desprestigiar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no hace falta que les señale nadie, se bastan ellas mismas. Las imágenes tan siniestras que dejan en muchos lugares reprimiendo salvajemente a manifestantes indefensos están al alcance de los ojos de todo el mundo, no deja lugar a dudas.
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