La verdadera memoria de Fraga
La controversia en torno al busto de Fraga no es anecdótica: revela la voluntad de muchos sectores de la sociedad gallega de seguir legitimando a una figura clave de la represión franquista y de mantener intacta la imagen de una de las figuras políticas de alto rango de la época. Es en este contexto que debemos entender las reacciones generadas por la acción llevada a cabo por militantes socialistas vascos el sábado pasado contra el busto de Manuel Fraga Iribarne.
Las respuestas fueron de todo tipo, pero la primera fue la de los líderes del Partido Popular, quienes no tienen pudor en seguir reivindicando abiertamente sus orígenes franquistas y su enemistad histórica con los trabajadores en lucha. Así lo expresaron en sus redes sociales la líder madrileña Isabel Díaz Ayuso y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quienes parecen temer mucho la imagen de uno de aquellos a quienes presentan como representantes de la democracia actual que se está viendo confrontado.
Esto no es nada nuevo: la Transición ya ha intentado vender esta misma imagen del Vilalba. Lo ha reivindicado como uno de los padres de la Constitución, de las libertades democráticas y como un político sensato, pero su verdadero currículum es muy distinto. La suya es la trayectoria de un fascista convencido que gobernó y luchó durante 35 años por la sangrienta dictadura de Franco. Esto es lo que les molesta profundamente que se señale.
La acción reivindicada por GKS recuerda precisamente uno de los episodios más destacados de este fundador del Partido Popular. El 3 de marzo se conmemora el quincuagésimo aniversario de la masacre de Gasteiz, un día en el que el vilalbanés, como vicepresidente y ministro del Interior, fue el máximo responsable de la represión de una multitudinaria asamblea de trabajadores, asesinando a cinco de ellos y proclamando su famosa frase: «La calle es mía». Este hecho se suma a una historia mucho más completa que incluye la firma de las condenas a muerte de comunistas como Julián Grimau por fusilamiento, de los anarquistas Francisco Granado y Joaquín Delgado mediante el método medieval del garrote vil y de los «últimos ajusticiados del franquismo»: Baena, Otaegui, Txiki, Sánchez Bravo y García Sanz. Fraga fue también un destacado defensor de los criminales de guerra y genocidas nazis: junto al tío de Ana Botella pidió la liberación de Rudolf Hess, mano derecha e íntimo del propio Adolf Hitler, de la prisión alemana de Spandau.
Como no podía ser de otra manera, numerosos medios de comunicación y fuerzas políticas reaccionaron a la acción, adoptando estrategias diferentes, pero con un mismo efecto: la normalización de la figura de Fraga y la condena de las acciones de los antifascistas vascos. La mayoría de los medios criminalizaron el mensaje antifascista como antidemocrático, contribuyendo a la remodelación de esta figura. Incluso en este intento de rehabilitación, apareció una línea más sutil: la de separar al represor Fraga del supuesto defensor de la lengua y la cultura gallegas.
El principal periódico del nacionalismo gallego, Nós Diario, abrió ayer por la mañana con un artículo de opinión en el que se proponía reivindicar su papel en la defensa de la lengua gallega en la actualidad. Esta operación sigue formando parte del mismo proceso de blanqueo. Pero si reexaminamos el legado cultural de Fraga, esta imagen se desmorona por su propio peso: basta recordar lo que hizo con la literatura en gallego cuando era ministro de Información y Turismo. La prohibición de Sempre en Galiza, la multa de 50.000 pesetas y seis meses de prisión a Alberto Míguez por publicar El pensamiento político de Castelao, o la prohibición de emitir misas en gallego en la radio formaron parte de sus políticas contra el gallego. Independientemente de todo esto, el problema se extiende al hecho de que parece que, si Franco hubiera hablado gallego, habrían estado dispuestos a reivindicarlo parcialmente.
Otra reacción notable fue la del principal partido nacionalista gallego, el BNG, que se desmarcó abiertamente de este tipo de acciones. Así lo vio Ana Pontón, afirmando que esta forma de actuar no representaba las posiciones de su partido. Esto, por mucho que se intente disimular, es otra forma de legitimar la coexistencia con esta figura, cerrando las manos a los antifascistas que decidan actuar contra ella. Declaró que las formas de enfrentarse al legado fascista deben reducirse a las institucionales.
Este conjunto de reacciones a este suceso apunta a varias cuestiones relevantes. La primera es que el Partido Popular sigue siendo el mismo y está perfectamente reconciliado con su pasado franquista; promueve abiertamente una «democracia» en la que los fascistas tienen cabida en altos cargos. La segunda es que el PSOE está claramente comprometido a condenar todas las acciones callejeras contra el fascismo, como ha venido demostrando a lo largo de su legislatura. Hasta este momento, puede que todos esperáramos esta reacción, pero muchos siguen sorprendidos por el papel que ha elegido el BNG.
La realidad es que las declaraciones de Pontón son un simple ejemplo de un proceso de resignación en el que su partido lleva años inmerso. La condena de esta acción contra el busto muestra la voluntad de distanciarse del antifascismo militante que ya había hecho lo mismo, con el mismo busto, en ocasiones anteriores. Su propuesta encierra la política antifascista dentro del juego institucional y subordina las acciones de calle al impulso de su propuesta electoral, que ahora necesita dar la imagen de un gobierno sensato y capaz de aumentar su apoyo. Por eso se atreve a condenar una acción contra el busto de un exlíder franquista quince días antes del cincuentenario de que ordenó el asesinato de los miembros de una asamblea de trabajadores.
Todas estas posturas nos permiten extraer una conclusión clara sobre el papel que los diversos agentes políticos procapitalistas están dispuestos a desempeñar en torno a la práctica antifascista y los límites del tan de moda compromiso con los frentes de izquierda populares, amplios y electorales. Desde un enfoque supuestamente antifascista, la coexistencia con una figura como Fraga debería ser imposible, y su estatua es un símbolo más de la impunidad con la que se trata al fascismo hoy en día. Quien legitima su pasado franquista declara su coexistencia con un futuro en el que la extrema derecha y el fascismo volverán a jugar un papel relevante; y quien criminaliza acciones como la de este sábado se muestra dispuesto a oponerse a la construcción de una política antifascista militante y consistente que no tema ir más allá de su propuesta institucional. En manos de políticos procapitalistas, sea cual sea su color, el antifascismo se ve mutilado y anestesiado ante la creciente amenaza de un nuevo movimiento fascista internacional. Esta es la situación actual y lo que debemos revertir urgentemente.
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A verdadeira memoria de Fraga
A polémica arredor do busto de Fraga non é anecdótica: revela a vontade de moitos sectores da sociedade galega de seguir lexitimando unha figura clave da represión franquista e de manter intacta a imaxe dun dos altos cargos políticos daquela etapa. Nese marco hai que entender as reaccións que xerou a acción levada a cabo por militantes socialistas vascos o pasado sábado contra o busto de Manuel Fraga Iribarne.
As respostas foron de todas as cores, pero a primeira foi a dos líderes do Partido Popular, que non teñen ningún tipo de vergoña en seguir reivindicando, a cara descuberta, a súa orixe franquista e a súa histórica enemistade cos traballadores en loita. Así o expresaron nas súas redes sociais a líder madrileña Isabel Díaz Ayuso e o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, os cales parecen ter moito medo de que se confronte a imaxe dun dos que sitúan como representante da actual democracia.
Isto non é nada novidoso: xa a Transición intentou vender esta mesma cara do vilalbés. Reivindicouno como un dos pais da Constitución, das liberdades democráticas e como un político sensato, pero o seu currículo real é ben distinto. A súa é a traxectoria dun fascista convencido que gobernou e militou 35 anos para a ditadura sanguinaria do franqusimo. Isto é o que no fondo lles molesta que se sinale.
A acción reivindicada por GKS vén precisamente lembrar un dos episodios máis destacados deste fundador do Partido Popular. O 3 de marzo é o cincuenta aniversario da matanza de Gasteiz, unha xornada na que o vilalbés, como vicepresidente e ministro de Gobernación, foi o máximo responsable da represión a unha multitudinaria asemblea de obreiros, asasinando a cinco deles e proclamando a súa famosa cita: “La calle es mía”. Ese feito sumase a un historial moito máis completo do que fai parte firmar as sentencias de morte de comunistas como Julián Grimau por fusilamento, dos anarquistas Francisco Granado e Joaquín Delgado mediante o método medieval do garrote vil e dos “últimos fusilados do franquismo: Baena, Otaegui, Txiki, Sanchez Bravo e García Sanz. Fraga tamén foi un destacado defensor dos criminais de guerra e xenocidas nazis: xunto do tío de Ana Botella pediu a liberación de Rudolf Hess, a man dereita é íntimo do propio Adolf Hitler, da prisión alemana de Spandau.
Como non podía ser doutro xeito, numerosos medios de comunicación e forzas políticas saíron a reaccionar ante a acción, adoptando estratexias diferentes pero converxentes nun mesmo efecto: a normalización da figura de Fraga e a condena das acción dos antifascistas vascos. A maioría dos medios criminalizaron a mensaxe antifascista como antidemocrática, contribuíndo ao lavado de cara desta figura. Mesmo nese intento de rehabilitación apareceu unha liña máis sutil: a de separar o Fraga represor dun suposto Fraga defensor da lingua e da cultura galega.
O xornal líder do nacionalismo galego, Nós Diario, permitiu que a mañá de onte se abrira cunha opinión na que se propoñía reivindicar no presente o seu papel na defensa da lingua galega. Esta operación non deixa de formar parte do mesmo proceso de lavado. Pero se volvemos examinar o legado cultural de Fraga esta imaxe cae polo seu propio peso: abonda con lembrar o que fixo coa literatura en galego cando era Ministro de Información e Turismo. A prohibición do Sempre en Galiza, a multa de 50.000 pesetas e seis meses de prisión a Alberto Míguez por publicar El pensamiento político de Castelao, ou a prohibición de emitir misas en galego na radio foron parte das súas políticas contra o galego. Independentemente de todo isto, o problema esténdese a que parece que, se Franco falase galego, estarían dispostos a reivindicalo parcialmente.
Outra reacción destacada foi a do principal partido do nacionalismo galego, o BNG, que saíu sen ambaxes a desmarcarse deste tipo de accións. Así o facía ver Ana Pontón, dicindo que este modo de actuar non representaba as posicións da súa formación. Isto, por moito que se intente maquillar, é outra vía para lexitimar a convivencia con esta figura, cortándolles as mans aos antifascistas que deciden actuar contra ela. Declaraba que as vías para enfrontarse ao legado fascista deben reducirse ás institucionais.
Este conxunto de reaccións a este suceso sinalan diversas cuestións relevantes. O primeiro é que o Partido Popular segue sendo o mesmo e está perfectamente reconciliado co seu pasado franquista; promove abertamente unha “democracia” na que caben fascistas nos altos cargos. O segundo é que o PSOE está claramente comprometido coa condena a todo acto de rúa contra o fascismo – como ben leva amosando durante toda a súa lexislatura. Ata aquí pode que todos esperásemos esta reacción, pero moitos seguen sorprendidos co papel que o BNG escolleu.
A realidade é que as declaracións de Pontón son unha simple mostra dun proceso de renuncia no que a súa formación leva anos sumida. A condena desta acción contra o busto amosa a vontade de distanciarse do antifascismo militante que xa fixera isto mesmo, co mesmo busto, en anteriores ocasión. A súa proposta encerra a política antifascista dentro do xogo institucional e subordina as accións de rúa ao impulso da súa proposta electoral, que agora precisa dar imaxe de capacidade de goberno sensato para aumentar o seu apoio. Por iso atrévese a condenar unha acción contra o busto dun exlíder franquista a quince días de que se cumpran cincuenta anos desde que este ordenou asasinar aos membros dunha asemblea obreira.
Todas estas posicións permítennos extraer unha conclusión clara sobre o papel que os diversos axentes políticos procapitalistas están dispostos a xogar arredor da práctica antifascista e dos límites da tan de moda aposta por frentes populares/amplos/de esquerdas eleitoralistas. Desde un enfoque pretendidamente antifascista debería facerse imposible a convivencia cunha figura como a de Fraga, e a súa estatua é un símbolo máis da impunidade coa que hoxe se trata o fascismo. Quen lexitima o seu pasado franquista declara a súa convivencia cun futuro no que a ultradereita e o fascismo volvan xogar un papel de relevancia; e quen criminaliza accións como a deste sábado amósase disposto a opoñerse á construción dunha política antifascista militante e consecuente que non tema actuar máis alá da súa proposta institucional. En mans dos políticos procapitalistas, sexan da cor que sexa, o antifascismo está mutilado e anestesiado fronte á crecente ameaza dun novo movemento fascista internacional. Este é o actual estado das cousas e aquilo que debemos reverter con urxencia.
