Desde finales del siglo pasado las transformaciones tecnológicas en el transporte y las comunicaciones favorecieron una fase de relocalización de eslabones de grandes empresas.
La búsqueda de menores salarios, mayor permisividad para actividades contaminantes, beneficios tributarios, orientó el traslado de talleres desde centros imperiales hacia el sur.
Más allá de que el núcleo de las actividades más dinámicas permaneció en el norte donde se ubica la demanda más atractiva y el acceso inmediato a nuevas tecnologías, el proceso tuvo efectos negativos sobre la recaudación fiscal de Estados centrales.
Con este panorama se gestó un acuerdo apoyado por 130 países tendiente a asegurar una tributación mínima por parte de grandes grupos transnacionalesi.
En particular la OCDE y el G20, impulsaron la denominada iniciativa de los dos pilares.
El pilar 1, reformula reglas de tributación, promoviendo que las empresas paguen impuestos en los lugares donde se localizan sus clientes.
El pilar 2, impulsa una tasa efectiva global mínima del 15% sobre los beneficios de las transnacionales de tal modo que si una empresa tributa por debajo de ese guarismo en el país donde se instala, se habilita al país en que se encuentra la casa matriz a cobrar la diferencia.
Estos cambios en el tablero mundial afectan las políticas económicas de países y Estados que basan sus expectativas esencialmente en la atracción indiscriminada de grandes capitales del exterior mediante beneficios tributarios.
En particular las conducciones económicas de Uruguay de los últimos cincuenta años han orientado su accionar en la búsqueda de grandes inversiones desde el exterior utilizando un arsenal de prebendas.
Los incentivos han promovido “instalación de sucursales que se encargan de comerciar o prestar servicios a empresas de un mismo grupo a escala global (…) sin generar valor agregado en el país (…) tampoco crean puestos de trabajo significativos” (Juan Geymonat en Brecha 14/11/2025)ii
No sorprende entonces que organismos internacionales como la OCDE, el G20, el FMI consideren en sus informes recientes que Uruguay está haciendo un uso excesivo de incentivos fiscalesiii.
Más allá del análisis necesario sobre las consecuencias inmediatas y de largo plazo de cada gran inversión sobre la actividad económica local, estas valoraciones se producen cuando el “modelo” exhibe señales de agotamiento. iv
El sacrificio fiscal, ya no alcanza como atractivo en un entorno en que las actividades más lucrativas ya han sido absorbidas por grupos transnacionales y el ingreso de capitales productivos desde el exterior cambia de signo una vez finalizadas las obras de UPM 2.v.
