El procedimiento administrativo para imponer sanciones al sindicato Unione Sindacale di Base (USB) por la huelga nacional del pasado 3 de octubre ya ha sido activado por la Comisión de Garantías de los Servicios Esenciales (CGSSE) del Gobierno italiano.
Lo ha anunciado el sindicato mediante un comunicado difundido ayer, martes, por Osservatorio Repressione. Según la resolución de la Comisión, fechada el 21 de octubre, la USB habría vulnerado la Ley 146 de 1990 al “convocar el paro sin respetar los diez días de preaviso”, argumentando que la protesta “no constituía una defensa de un derecho constitucional”, como establece el artículo 2, párrafo 7 de dicha ley.
Sin embargo, USB defiende la plena legitimidad de la huelga, al considerar que la falta de acciones del Gobierno de Giorgia Meloni para detener el genocidio y la ausencia de defensa hacia los ciudadanos italianos participantes en la Global Sumud Flotilla, detenidos ilegalmente por Israel, representan una violación abierta de la Constitución. Dicho sindicato subraya que, al participar en la Flotilla, varios trabajadores ejercían su derecho a la protección de su integridad física, lo que, según el mismo artículo de la ley, justificaría la convocatoria sin preaviso.
Pero al margen de lo jurídico, USB considera y denuncia que la maniobra del Gobierno de Meloni a través de la CGSSE es una operación destinada a castigar a la organización sindical por su papel en las recientes movilizaciones. Y es que fue la USB quien impulsó el paro general del 22 de septiembre y posteriormente arrastró también a la CGIL al del 3 de octubre. Y esto es algo que los gobernantes italianos no digieren.
USB hace un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras que participaron en las huelgas a enviar mensajes de protesta a la Comisión, y alerta de más medidas disciplinarias en curso, como la abierta contra un dirigente de Bomberos por haber intervenido en la manifestación de Roma el 22 de septiembre.
USB también afirma que el procedimiento de la CGSSE forma parte de una ofensiva más amplia para frenar las protestas de la clase obrera, y denuncia un clima de amenazas y desinformación en los centros de trabajo. Según sus palabras “hay un sistema donde se nota la presión y reacciona con violencia”. El sindicato anuncia además una nueva jornada de lucha: una asamblea nacional de delegados y delegadas el 1 de noviembre en Roma, bajo el lema contra la ley de guerra y las políticas antisociales.
La represión gubernamental no cesa; la lucha obrera tampoco.
