La dictadura franquista fue un régimen sistémica y estructuralmente corrupto desde su implantación por la fuerza militar. Comenzó por lo básico: eliminar a decenas de miles de desafectos y robarles impunemente sus bienes.
El régimen ejecutó, entre 1939 y 1950 a entre 50.000 y 70.000 personas tras consejos de guerra sumarísimos, alcanzando la cifra de entre 120.000 y 150.000 si se incluyen los asesinatos extrajudiciales durante y justo después de la guerra civil.
Desde el primer momento se puso en marcha un aparato represivo, económico y legislativo diseñado para desposeer a los “enemigos del régimen” basándose en la Ley de Responsabilidades Políticas, promulgada el 9 de febrero de 1939 y aplicable retroactivamente desde cinco años antes, que permitía sancionar con multas, confiscación total o parcial de bienes y destierro a cualquiera que fuese considerado “desafecto” desde octubre de 1934.
Paralelamente, se crearon las Comisiones Provinciales de Incautación de Bienes y el Servicio de Recuperación de Bienes Incautados, con el propósito de robar sistemáticamente propiedades, cuentas bancarias, joyas, empresas, viviendas, tierras, etc.
Se calcula que entre 1936 y 1948 se confiscaron bienes por valor de miles de millones de pesetas de la época (equivalentes a decenas de miles de millones de euros actuales), que, en su inmensa mayoría, nunca fueron devueltos, ni indemnizados sus legítimos propietarios ni sus herederos.
La mayor parte de ese inmenso botín acabó en manos de altos cargos del régimen (ministros, gobernadores civiles, jefes militares, etc.), de falangistas y familias políticas afines, de la Iglesia católica (que aceptó miles de fincas y edificios) y de nuevos empresarios franquistas que compraban inmuebles a precio de saldo en subastas amañadas por los esbirros burócratas.
Así, podemos afirmar que el franquismo nació con una economía de guerra y depredación basada en el estraperlo (mercado negro), que fue tolerado y practicado por las élites del régimen durante la posguerra. La autarquía y el intervencionismo estatal crearon un sistema clientelar y nepotista en el que los favores, los monopolios concedidos a amigos y el enchufismo, eran el pan nuestro de cada día.
Personajes infames como Juan March, Pedro Barrié de la Maza y el resto de los llamados “banqueros del régimen” (Pablo Garnica, José María Aguirre, Luis Usera, José Luis Oriol, Alfonso Fierro y Francisco Bastos) amasaron ingentes fortunas gracias a la protección directa de Franco. Muchos de sus herederos continúan en 2025 disfrutando de aquellos botines.
La eliminación física de tantas decenas de miles de personas y el robo masivo e institucionalizado de sus bienes no fueron excesos aislados, sino parte del diseño mismo del nuevo Estado. Esa depredación inicial creó las bases económicas y las redes clientelares que sostuvieron la dictadura durante cuatro décadas.
Con la consolidación del franquismo, llegaron la corrupción urbanística y la especulación inmobiliaria. Les animo a que investiguen lo que supuso el llamado “boom” turístico e industrial, que generó enormes plusvalías en suelo urbano y costero. Alcaldes, gobernadores civiles y altos cargos de la dictadura recalificaban terrenos rústicos a urbanizables, beneficiando a constructoras y promotoras cercanas al poder.
En la Costa del Sol, Jesús Foster, un falangista que fue alcalde de Marbella entre 1961 y 1975, y su entorno familiar y político, convirtieron la zona en un paraíso de recalificaciones ilegales.
En Benidorm, Pedro Zaragoza, alcalde de la ciudad desde 1950 hasta 1967, creó y promovió el modelo de rascacielos en primera línea, cometiendo un sinfín de irregularidades que beneficiaron a otros promotores vinculados al Movimiento Nacional.
En Madrid, los planes de ordenación urbana de los años 60 favorecieron a grandes familias (Oriol, Fierro, Banús) y a empresas como Banesto o Huarte.
Mención aparte merece el conocido como “Caso MATESA” que, en 1969, supuso el mayor escándalo financiero del franquismo porque, a diferencia de los demás, trascendió a la opinión pública.
MATESA era el acrónimo de la empresa MATERIA TEXTIL, S.A. que era propiedad de Juan Vilá Reyes, íntimo amigo del entonces ministro del Plan de Desarrollo Laureano López Rodó, y que obtuvo créditos del Banco de Crédito Industrial por valor de más de 10.000 millones de pesetas de la época mediante facturas falsas de exportación de telares. Aunque la mayoría de ese dinero se lo quedó él, destinó una parte a financiar campañas de propaganda del Opus Dei.
El escándalo salpicó a varios ministros del Opus, como Mariano Navarro Rubio, Alberto Ullastres y Gregorio López Bravo, provocando una sonada crisis de gobierno. La justicia del régimen no tuvo más remedio que condenar al mangante a 214 años de prisión, aunque el indulto no tardó en llegar, pero los ministros salieron de rositas.
En la última década del régimen, y gracias a periodistas como Pepe Rei, los ciudadanos conocimos otros casos de corrupción como REACE, RENFE y SOFICO, que les animo a explorar para no hacer este texto infinito.
En resumen, muchas grandes fortunas actuales tienen origen en concesiones, monopolios o expropiaciones durante el franquismo, como las familias March, Fierro, Uriach, Banús, Entrecanales, etc.
Y por supuesto, los Franco, pues el dictador acumuló un enorme patrimonio (el Pazo de Meirás que robó a la familia de doña Emilia Pardo Bazán, fincas en Galicia y Andalucía, coto de caza en Jaén, etc.) mediante donaciones “voluntarias”, expropiaciones y negocios opacos.
A quienes aún repiten el mito de que con Franco se vivía mejor, les informo de que sus famosos “pantanos”, no fueron sino casos de corrupción en la obra pública. Muchas grandes obras hidráulicas y de regadío se adjudicaron con sobreprecios notables a empresas afines (Huarte, Dragados, Entrecanales y Portillo, entre otros).
Además, el tráfico de influencias y el enchufismo estaban generalizados. Las adjudicaciones de las obras y de las viviendas de la Obra Sindical del Hogar, así como el acceso a puestos en la Administración, banca pública, monopolios (Campsa, Tabacalera, Telefónica, RENFE) estaban reservados a falangistas, militares, miembros del Opus Dei o monárquicos según la familia dominante en cada momento. El nepotismo era la norma, no la excepción.
Lo del Instituto Nacional de la Vivienda, el Plan Nacional de la Vivienda y la Obra Sindical del Hogar fue especialmente sangrante porque perpetuaron la desigualdad social bajo el falso pretexto de la «asistencia obrera».
Podría contarles cientos de casos documentados de irregularidades, malversación de fondos y favoritismos en la construcción y asignación de aquellas viviendas sociales que todavía existen, algunas luciendo aún la chapa con el yugo y las flechas en sus portales.
Estas prácticas eran comunes en el contexto del régimen franquista, donde la falta de transparencia, el clientelismo político y el control sindical vertical facilitaban el abuso de recursos públicos para beneficio de funcionarios, afiliados a la Falange y empresas afines al régimen. Las viviendas no se distribuían por necesidad real, sino por lealtad al dictador, dejando a muchos trabajadores de verdad en listas de espera indefinidas.
La Obra Sindical del Hogar dependía de las subvenciones estatales y de las obligadas cuotas obreras para construir «colonias sindicales» (barrios proletarios como los de Vallecas en Madrid o la barriada de la OSH en Barcelona) y gran parte de esos fondos se desviaban mediante aumentos injustificados en los contratos de construcción adjudicados a empresas falangistas sin licitación competitiva.
Por ejemplo, en 1948, se denunciaron irregularidades en la construcción de viviendas en Madrid, donde inspectores sindicales inflaban presupuestos para embolsarse comisiones. Poco después, en los años 50, la construcción de bloques de la OSH en el barrio madrileño de La Prosperidad involucró a constructoras ligadas a la Sección Femenina de Falange, con acusaciones de sobornos para acelerar permisos y usar materiales de baja calidad .Y más tarde, en los años 60, se documentaron casos de corrupción en la OSH de Andalucía y Cataluña, donde se vendían viviendas “sociales” a precios inflados en el mercado negro.
Voy a terminar aquí para no aburrirles, pero el tema de la corrupción en la dictadura franquista daría para varios tomos. Difundan la realidad entre la juventud y entre los mayores olvidadizos. Franco fue un criminal y su feudo era una España de noche y niebla, en la que el silencio era ley y el saqueo, costumbre.
